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| Sumariaron a un empleado por participar de una protesta |
La polémica se da por el uso que le da la Municipalidad de Rosario a las imágenes captadas por dichas cámaras. Foto:Archivo El Litoral
Las cámaras de vigilancia dispuestas en la ciudad volvieron a generar polémica. Ésta vez por un presunto caso de abuso luego de que un empleado municipal fuera sumariado por participar en una protesta, situación que fue filmada por uno de estos ojos callejeros. Desde el Concejo elevaron un pedido al Ejecutivo: que especifique el uso de esta tecnología a fin de aclarar cuál es el verdadero objetivo de su puesta en funcionamiento.
De acuerdo a lo que publica hoy el Diario El Ciudadano, el jueves pasado el Concejo aprobó por unanimidad un pedido de informes elevado por el concejal Alberto Cortés, al Palacio de los Leones para conocer, si es que lo hay, el protocolo que rige el uso de las cámaras y los lugares elegidos para la ubicación de esos dispositivos.
La acción del edil de Proyecto Sur se generó luego de que un trabajador municipal de Economía Solidaria, Emilio Crisi, denunciara haber sido sumariado por participar en una protesta en la intersección de calles bulevar Oroño y 27 de Febrero, el 14 de junio pasado, y resaltara que como prueba se habían presentado las imágenes registradas por una cámara de seguridad durante esa manifestación. Así surgió la polémica: ¿existe un abuso, para qué se filman ciertos lugares de la ciudad?
Según el concejal Alberto Cortés, no hay normas claras sobre la utilización de las cámaras. El edil recordó que de las cinco primeras que se colocaron, dos fueron instalados frente del Palacio de los Leones y dos frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En este sentido, consideró que en esas ubicaciones, más que ocuparse de la seguridad, apuntan a filmar a aquellos que protestan. “La participación de los ciudadanos en las organizaciones sociales no debe ser motivo de persecución alguna, ya que constituye una práctica política absolutamente legítima”, dijo el edil respecto a la apertura del expediente 20494/2011 contra un empleado de la Municipalidad. Para Cortés, ello implica “una acción de persecución política”.
Desde el Ejecutivo local confirmaron el pedido de filmaciones del día de la protesta frente a Desarrollo Social, pero argumentaron que lo que se pretendía era denunciar la quema de un contenedor. Fue entonces, agregaron, que vieron un vehículo que solía ser contratado por el municipio y que era propiedad del trabajador sumariado.
De acuerdo a lo que publica hoy el Diario El Ciudadano, el jueves pasado el Concejo aprobó por unanimidad un pedido de informes elevado por el concejal Alberto Cortés, al Palacio de los Leones para conocer, si es que lo hay, el protocolo que rige el uso de las cámaras y los lugares elegidos para la ubicación de esos dispositivos.
La acción del edil de Proyecto Sur se generó luego de que un trabajador municipal de Economía Solidaria, Emilio Crisi, denunciara haber sido sumariado por participar en una protesta en la intersección de calles bulevar Oroño y 27 de Febrero, el 14 de junio pasado, y resaltara que como prueba se habían presentado las imágenes registradas por una cámara de seguridad durante esa manifestación. Así surgió la polémica: ¿existe un abuso, para qué se filman ciertos lugares de la ciudad?
Según el concejal Alberto Cortés, no hay normas claras sobre la utilización de las cámaras. El edil recordó que de las cinco primeras que se colocaron, dos fueron instalados frente del Palacio de los Leones y dos frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En este sentido, consideró que en esas ubicaciones, más que ocuparse de la seguridad, apuntan a filmar a aquellos que protestan. “La participación de los ciudadanos en las organizaciones sociales no debe ser motivo de persecución alguna, ya que constituye una práctica política absolutamente legítima”, dijo el edil respecto a la apertura del expediente 20494/2011 contra un empleado de la Municipalidad. Para Cortés, ello implica “una acción de persecución política”.
Desde el Ejecutivo local confirmaron el pedido de filmaciones del día de la protesta frente a Desarrollo Social, pero argumentaron que lo que se pretendía era denunciar la quema de un contenedor. Fue entonces, agregaron, que vieron un vehículo que solía ser contratado por el municipio y que era propiedad del trabajador sumariado.
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