La Sala de Feria desestimó el pedido para discutir la medida presentada por el funcionario apartado por Gils Carbó, la jefa kirchnerista de los fiscales.
Infobae |
La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo del suspendido fiscal José María Campagnoli de ser restituido en su cargo luego de que fuera remitido a juicio político por presunto mal desempeño al investigar al empresario Lázaro Báez.
Según la Cámara, "la viabilidad de una medida cautelar exige la presencia de los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro de la demora", y en la causa "no resulta pertinente adentrarse en una decisión que importaría adelantar aquello que ha de ser –a la brevedad– materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva".
"En razón del avanzado trámite actual de la causa –donde se está a la espera de los informes de los demandados– se impone mantener la decisión denegatoria de la instancia anterior", sostuvo el Tribunal en su fallo.
En ese sentido, consideraron que "no aparece verificada la posibilidad de que se produzcan perjuicios graves como consecuencia del rechazo de la medida cautelar" pedida por Campagnoli.
El fiscal había pedido mediante una medida cautelar ser reincorporado a su cargo de fiscal en lo penal. Primero el pedido fue rechazado por el juez Pablo Cayssials y ahora lo ratificaron los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández, de la Sala de Feria de la Cámara.
La semana pasada, el fiscal Miguel Ángel Gilligan había solicitado desestimar el planteo de "inconstitucionalidad" presentado por el funcionario que fue suspendido luego de haber investigado al empresario Lázaro Báez.
El pedido de Gilligan se produjo apenas días después de que la Cámara habilitara la feria judicial para tratar la medida cautelar elevada por Campagnoli para que se suspendiera la decisión de separarlo de su cargo por presuntas irregularidades en la investigación que llevó contra el hombre de negocios cercano al gobierno nacional.
Campagnoli fue suspendido en diciembre pasado en un proceso que él denunció como irregular. El mismo había sido promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal comenzara a investigar a Lázaro Báez sin tener competencia para hacerlo.
A mediados de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales dio lugar al pedido de la representante del kirchnerismo en el Ministerio Público. La votación terminó 4 a 3 en favor de la suspensión, que fue apoyada por los representantes del Poder Ejecutivo (Ernesto Kreplak); del Senado (Rodolfo María Ojea Quintana); de la Defensoría General(María Cristina Martínez Córdoba); y de la Procuración (Daniel Adler).
En tanto, en rechazo a dicha sanción votaron los representantes del Colegio Público de Abogados (Adriana Olga Donato); de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Rodrigo Sebastián Bacigalupi) y el ex procurador general durante el gobierno de Raúl Alfonsín, designado por la Corte Suprema (Juan Octavio Gauna).
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