Carrió, "Pino" Solanas y el FAP se sumaron a los pedidos realizados por diversas asociaciones de abogados y la UCR. El Gobierno promulgó la reforma del Consejo y dispuso que se elijan consejeros conjuntamente con las legislativas.
La promulgación de la Ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, dispone, entre otras medidas, la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos.
La decisión disparó una serie de acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley.
Apenas abrieron sus puertas los tribunales de la Ciudad, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó un recurso de amparo para solicitar una medida cautelar que frene la elección. La medida, que fue solicitada en carácter personal y no en representación de la entidad, recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, a cargo de María Alejandra Biotti.
La magistrada ya había rechazado un pedido similar del Colegio de Abogados, por lo que se prevé que Rizzo presente una recusación en su contra.
Más tarde, otra presentación fue realizada por el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Barletta, ante la jueza con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría.
Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas, que anunciaron una alianza para las legislativas de octubre, presentaron también un amparo y reclamaron una cautelar para que se suspenda la ley de elección de integtrantes del Consejo de la Magistratura.
"Nos encontramos legitimados para interponer esta acción de amparo colectivo en beneficio de todo el grupo de ciudadanos electores”, dijeron Carrió y Solanas al argumentar su pedido.
A esos pedidos se sumó el de la Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución, que presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, exigiendo la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 26.855 (forma de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura) y 26.584, que reforma el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
La causa fue sorteada en el Juzgado 9 de dicho fuero que conduce la jueza Emilia García.
Lo mismo hicieron los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP) al pedir en la Justicia que se declare la "inconstitucionalidad" de la reforma del Consejo de la Magistratura.
El socialista Hermes Binner confió en que el reclamo tendrá una resolución "favorable".
El recurso que cuestiona la legalidad de la Ley 26.855 fue presentado en el juzgado federal con competencia electoral de la Capital por Binner, Margarita Stolbizer (GEN); Víctor de Gennaro (Unidad Popular); Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico Córdoba).
Binner afirmó: "Nos cabe la responsabilidad de cuestionar la constitucionalidad de esta norma, porque hace depender de los partidos políticos la selección y remoción de los miembros del Poder Judicial, en abierta contradicción con lo que expresa la Constitución Nacional".
Por último, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) anunció también la presentación de una acción de amparo contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
Bajo el lema "sin respeto a la constitución no hay justicia, ni libertad, ni paz social", la entidad que reúne a los colegios públicos de abogados de todo el país reiteró que la norma "vulnera la Constitución Nacional".
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