La limitación de las cautelares y la creación de Cámaras de casación, ejes de la polémica. La estrategia legal.
Los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz suscribieron una adhesión a la denuncia contra la Republica Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentada por la Fundación Bicentenario, en razón de que "se priva a los jubilados del derecho a la tutela judicial efectiva". Con ese argumento, agregaron una demanda fundamental: rechazo a la limitación de cautelares y la creación de Cámaras de casación.
Ambas medidas fueron aprobadas por el Congreso en el marco de la reforma judicial. La presentación será realizada mañana en la sede de la CIDH, en Washington, y se argumenta que en Argentina "lisa y llanamente se priva a los jubilados, con un plazo ajeno a la realidad del reclamo planteado y por lo tanto irrazonable, del derecho a la tutela judicial efectiva" y con ello"se suspenden las garantías reconocidas por la CIDH".
Sanz y Morales expresaron en un escrito remitido al secretario ejecutivo del organismo dependiente de la OEA que "la ANSES tiene la obligación de tutelar el cumplimiento efectivo de cada uno de los derechos que establecen las leyes y el compromiso del Estado de no apelar las sentencias de primera y segunda instancias por reclamo de haberes. Sin embargo, el número de juicios, según datos oficiales, alcanza a 260.000".
Denunciaron además que "el desvío de fondos de la seguridad social, para sostener innumerables programas de gobierno, el mal manejo de políticas públicas, la afectación de la independencia del Poder Judicial" "echa por tierra el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales".
En diálogo con Perfil.com, Morales explicó la estrategia: "Es la primera demanda en una causa en trámite por la cual acusamos al Estado argentino por la reglamentación de las medidas cautelares y las Cámaras de casación. Tomamos la causa en tramite porque ya está para abrir a prueba y no hace falta empezar de cero".
Ambas medidas fueron aprobadas por el Congreso en el marco de la reforma judicial. La presentación será realizada mañana en la sede de la CIDH, en Washington, y se argumenta que en Argentina "lisa y llanamente se priva a los jubilados, con un plazo ajeno a la realidad del reclamo planteado y por lo tanto irrazonable, del derecho a la tutela judicial efectiva" y con ello"se suspenden las garantías reconocidas por la CIDH".
Sanz y Morales expresaron en un escrito remitido al secretario ejecutivo del organismo dependiente de la OEA que "la ANSES tiene la obligación de tutelar el cumplimiento efectivo de cada uno de los derechos que establecen las leyes y el compromiso del Estado de no apelar las sentencias de primera y segunda instancias por reclamo de haberes. Sin embargo, el número de juicios, según datos oficiales, alcanza a 260.000".
Denunciaron además que "el desvío de fondos de la seguridad social, para sostener innumerables programas de gobierno, el mal manejo de políticas públicas, la afectación de la independencia del Poder Judicial" "echa por tierra el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales".
En diálogo con Perfil.com, Morales explicó la estrategia: "Es la primera demanda en una causa en trámite por la cual acusamos al Estado argentino por la reglamentación de las medidas cautelares y las Cámaras de casación. Tomamos la causa en tramite porque ya está para abrir a prueba y no hace falta empezar de cero".
Por otra parte, se quejó: "Le guste o no le guste al Gobierno, para esto están los organismos internacionales. Hay una actitud del Gobierno de descalificar resoluciones y expresiones de estos organismos internacionales".
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