La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participó del V Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), organización de la que es miembro asociada y cuyo objetivo es promover el intercambio entre organismos de transparencia y acceso a la información de América Latina.
El encuentro tuvo lugar el 23 abril en Santiago de Chile y se realizó en el marco del IV Seminario Internacional “Del dicho al hecho: del discurso público a la acción”. Participaron de la actividad representantes de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, referentes de la Contraloría General de la Unión de Brasil, la Defensoría del Pueblo de Perú, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, todos miembros plenos de la RTA. Estuvieron además integrantes del Consejo para la Transparencia de Chile y el Instituto Federal de Acceso a la In-formación y Protección de Datos de México.
La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) está compuesta por organismos y/o entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO
La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público fue creada en 2008 con la convicción de que la corrupción provoca desigualdad e injusticia entre los habitantes y degrada las instituciones del Estado. Se reducen así los niveles de credibilidad y confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, quebrantando los principios en los que se asienta todo sistema democrático. Por eso la misión de esta área es generar dentro del Poder Ejecutivo políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en los actos de gobierno.
La existencia de un órgano con especificidad en la materia permite a la provincia cumplir los compromisos internacionales que a ella se refieren.
El 9 de noviembre de 2009 entró en vigencia el decreto Nº 692 del Poder Ejecutivo provincial, que establece los mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La norma apunta a contar con una herramienta que sirva para asegurar la transparencia de la gestión de gobierno, la construcción de mayores niveles de participación de la población y el conocimiento de diversos hechos del ámbito público que permitan la profundización de la democracia. El Estado no espera la demanda de la población, sino que implementa políticas activas que incluyen la formación de la ciudadanía para que solicite información. De esta manera, se produce un acercamiento entre el Estado y la gente, se acorta la brecha y se mejora la relación.
LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Los objetivos de la RTA son generar y mantener los mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros de la red en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública; difundir y retroalimentar las actividades y productos de la red con la sociedad civil, la academia, la administración pública y organismos internacionales, y promover prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública.
Actualmente existe una creciente demanda en la sociedad por disponer de información actualizada y ordenada de la gestión de los organismos estatales. En Latinoamérica, hay una serie de gobiernos y/o entidades públicas, cuya prioridad es promover la creación- donde no existe- o implementación -en aquellos donde están aprobadas- de leyes de acceso a la información pública que garanticen el principio de transparencia.
La misión de esta red es generar un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de América Latina en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.
En este marco, la RTA apoya los procesos en aquellos países donde existen bases sólidas, escenarios y voluntad política, que puedan catalizar la transformación cultural necesaria para implementar estos cambios de promoción de la transparencia y acceso a la información pública.
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