SANTA FE: Lewis ya piensa en intervenir el Control Pos Penitenciario

El ministro de Justicia –cartera de la cual dependía el funcionario preso por robo calificado– cuestionó que el acusado haya sido “designado automáticamente”.

“Estamos profundamente fastidiados con el caso”, confesó ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Juan Lewis, respecto del (ahora) ex director general de Control y Asistencia Pos Penitenciaria que fue detenido el viernes pasado, acusado de actuar como cómplice en un asalto a mano armada en una panadería santafesina.

En diálogo con Diario UNO, Lewis explicó cómo Martín Alejandro Romano, de 32 años, inició su carrera administrativa, las contradicciones entre el lugar que ocupó y su formación y cuestionó que su designación –ocurrida en 2006, durante el gobierno del Jorge Obeid– haya sido “prácticamente automática”.

—¿Cómo llega esta persona a ocupar un cargo de máxima jerarquía dentro de la administración pública?
—Ése fue uno de los puntos más preocupantes de este caso. No es un funcionario que haya sido designado por nosotros. Esta persona tenía un cargo de jerarquía con categoría 9 –que es el cargo más alto que se puede alcanzar en la administración pública– y tiene sólo 32 años. En septiembre de 2003, por decreto, esta persona ingresa al servicio penitenciario. Y éste no es un dato menor. Tres años después, en 2006, se estaba reestructurando el Patronato de Liberados, que según la Ley 24.660, tenía que estar conformado por personas ajenas a la órbita de una fuerza de seguridad. Ese mismo año, Martín Romano fue automáticamente sacado de la órbita del Servicio Penitenciario y fue ingresado en la administración pública, al Patronato de Liberados.

“Y acá se generan dos conflictos. En primer lugar, una persona de la órbita de Seguridad es puesta en un cargo, que justamente había sido diseñado para que sea ocupado por alguien ajeno a esas áreas. Recordemos que el espíritu de la Ley 24.660 era justamente que las tareas de control y asistencia pos penitenciaria quedaran fuera de la órbita de Seguridad, por lo tanto, haber sido formado en el Servicio Penitenciario, no era un antecedente óptimo para el cargo. Lo que se buscaba era que esas tareas no se encararan con una visión securitaria. Y en segundo lugar, se los designa con categoría 4, es decir que automáticamente saltea cuatro cargos”.

“No cumplía los requisitos”
Casi un año después, el 26 de julio de 2007, se aprueba la estructura orgánica funcional de la División Provincial del Patronato de Liberados, y Martín Romano –que por entonces tenía 27 años–, fue designado como director general.

“La edad también es una cuestión llamativa. Uno esperaría que un cargo de dirección, sea ocupado por alguien con mucha trayectoria, experiencia y que esté muy capacitado. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con que esta persona no cumplía esos requisitos y nos planteamos seriamente la situación. Sin embargo, se trataba de una persona de planta, que tiene una estabilidad laboral y que no puede ser separado de su cargo si no hay una justa causa, para lo cual hay que iniciar un sumario administrativo. Y hasta ese momento, no habíamos tenido ninguna situación puntual. No nos satisfacía como director pero tampoco podíamos quitarle el cargo.

—Sin embargo, llama la atención que tiene antecedentes penales, por delitos contra la propiedad y contra las personas.
—Nosotros nunca tuvimos una comunicación de la Justicia, ni había sido detenido, ni se había presentado ninguna situación anómala de esas características que nos hubiera puesto en conocimiento de esta situación. Lo que teníamos era un empleado que no satisfacía los objetivos, que no trabajaba correctamente, pero no teníamos razones suficientes para separarlo del cargo. Las sospechas que ahora pesan sobre él sí lo son y ya fue separado del cargo.

—Además de las sospechas, hay muchos elementos probatorios que sostienen la acusación.
—Sí, el sigue detenido preventivamente, está acusado de un delito grave que es robo calificado. Y en forma paralela ya hay una investigación administrativa y se harán los sumarios correspondientes en la órbita del Patronato.

Resguardar la institución
—¿Quién queda a cargo ahora de la institución?
—Tiene un director político, que sigue siendo el doctor Pablo Buffarini y estamos pensando en una reestructuración de la institución, estamos viendo si hacemos algún tipo de intervención también. Estamos estudiando bien la situación y vamos a estar haciendo algunos cambios en los próximos días.

—Muchos de los vecinos del barrio Mariano Comas, donde funciona la sede de la institución, creen que es probable que hubieran usado el inmueble para refugiarse después de los robos y pedían que fuera trasladada, ¿esto es una posibilidad? 
—No, de ninguna manera. La sede va a seguir estando en 4 de Enero al 3600, y va a seguir funcionando con regularidad. Más allá de lo que sucedió tenemos que defender el trabajo que realiza el Patronato de Liberados. Hay muchísimos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que realizan un trabajo realmente necesario para acompañar y controlar a quienes cumplieron una pena privativa de la libertad y debe ser reconocido. Como su nombre lo indica, el patronato de liberados realiza el control y asistencia pos penitenciaria, se trata de colaborar en todo lo que es la fase ya en la vida libre, de reinserción social de las personas que han pasado por prisiones privativas de libertad. Por eso, no podemos dejar que un caso, por más grave que sea, empañe el funcionamiento de toda una dependencia. Es una tarea muy importante la que desarrolla el Patronato y debe ser resguardada.