El diputado Darío Mascioli propuso la creación del Fondo de Seguridad Pública Provincial destinado a la profundización de políticas públicas vinculadas con la seguridad para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia.
De acuerdo al proyecto de ley se crearía “una partida específica para la adquisición de nuevas tecnologías en la aplicación de la prevención del delito; cámaras de video vigilancia, botones de pánico y/o alarmas comunitarias, sistemas GPS, teléfonos celulares, posnets, Internet, wi-fi, alarmas para transporte público y redes comunicacionales, que serán aplicadas a paseos públicos, Instituciones Intermedias, Hospitales, Organismos Públicos, Escuelas, sitios que presenten antecendentes de inseguridad, esquinas y puntos estratégicos, como así también los accesos y salidas a las ciudades, y todo punto que requiera protección y prevención contra el delito”.
El legislador también preve la instalación de un Centro de Monitoreo, local y departamental, donde se reciban llamados, denuncias, imágenes, mensajes computarizados, fotos, etc., se prevenga y se tomen las decisiones más adecuadas para la resolución de las situaciones de emergencia anoticiadas”.
La implementación de este sistema de incorporación de tecnologías en la prevención del delito priorizará a las Ciudades de Segunda Categoría y Comunas que componen la totalidad del territorio provincial.
Plan de Prevención Integral
De acuerdo lo expuesto por el legislador santafesino, el proyecto de ley prevé a travès del Ministerio de Seguridad la elaboración de un Plan de Prevención Integral, cuya finalidad será desarrollar una política de Estado en prevención, que atienda de manera integral la problemática de la seguridad pública, articulando los esfuerzos de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales en el desarrollo de estrategias que tengan como eje la participación ciudadana en la reconstitución de redes comunitarias y que promuevan el desarrollo humano para el logro de una mejor calidad de vida.
Entre otras cosas, el Plan apunta a poner en marcha estrategias sociales, educativas, culturales, organizativas y toda otra que, con la intervención participativa de la comunidad, tiendan a modificar las condiciones que impulsan a los problemas de seguridad. Articular el accionar de las distintas áreas gubernamentales y de organizaciones públicas y privadas para fortalecer la base institucional existente, a fin de responder con un enfoque multisectorial a la problemática de la violencia y la inseguridad social. Coordinar las acciones de seguridad con el Poder Judicial y fomentar los cambios legislativos necesarios para su correcta implementación.
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