10/10/12.- La delegación
Santa Fe invita a participar del
encuentro organizado por la
Multisectorial de Mujeres de Santa Fe que se realizará el día
11 de octubre a las 18:30 hs. en ATE (San Luis 2654) para de debatir el acceso
de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos, visto desde el caso de Ana María Acevedo.
En este sentido, esta delegación acompaña las palabras del interventor
del INADI, Pedro Mouratian, quien manifestó su preocupación por la
medida judicial de la jueza Myriam Rustán de Estrada, que hizo lugar a
un amparo presentado por integrantes de la Asociación Civil
para la Promoción
y Defensa de la Familia ,
ordenando la suspensión de la interrupción del embarazo que cursa una mujer de
32 años, víctima de violación y de una red de trata de personas. También desde
el Instituto se criticó el anuncio de Mauricio Macri respecto la
decisión de vetar la ley de aborto no punible recientemente sancionada por la
legislatura porteña y la inexplicable difusión mediática de un acto privado que
lesiona el derecho a la intimidad de la mujer.
Mouratian expresó que “Nos preocupa el veto de una normativa
que se alcanzó por consenso democrático y se ajusta a los parámetros
estipulados por la
Corte Suprema. También, el manejo irresponsable de la
información por parte del Jefe de Gobierno sobre la práctica que debía
garantizarse hoy, demostrando un claro desprecio por la intimidad de una
persona víctima de un aberrante delito. Es lamentable que se produzca una nueva
victimización de esta mujer, esta vez en manos del propio gobierno de la Ciudad , particularmente
cuando observamos que todo lo que han tenido en cuenta los accionantes en el
amparo y la propia jueza son los dichos del ingeniero Macri”.
Para el INADI, estás acciones obstaculizan, dilatan y vulneran los
derechos de las mujeres. Se evidencia que es imprescindible que la Ciudad de Buenos Aires
ajuste el procedimiento para evitar la judicialización de los abortos no
punibles a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, tal como ya lo hizo el
Ministerio de Salud de la
Nación a través de la Guía Técnica para la Atención Integral
de los Abortos No Punibles.
La práctica del Aborto No Punible en ningún caso requiere de
autorización judicial, debiendo el profesional de la salud cumplir con sus
responsabilidades profesionales frente a una situación fáctica como la
contemplada en el articulo 86 inciso 2 del Código Penal; requiriendo
exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal,
en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
Cualquier conducta contraria será considerada una barrera de acceso a los
servicios, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales que
pudiera traer aparejado su obrar.
Los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a estas
intervenciones, esta decisión queda exclusivamente reservadas a lo que decidan
la paciente (víctima de violación) y su médico o médica.
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