ROSARIO: Un hacker será juzgado acusado por defraudación porque le vació la cuenta bancaria a un empresario

El. pirata informático vive en Rosario, tiene 33 años y trabajó en el Batallón de Ingenieros del Ejército. Le imputan "manipulación informática". Obtuvo la clave bancaria de un empresario local y transfirió vía el sistema hombe banking 620 mil pesos a conocidos.

La Capital | 

Hace casi dos años a un empresario rosarino le vaciaron por vía electrónica, en sólo tres días, la cuenta bancaria en la que tenía 620 mil pesos. El dinero se esfumó mediante transferencias realizadas vía internet hacia distintas cuentas de entidades financieras de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe y Capital Federal. Quien está acusado de haber cometido estas maniobras fue procesado ahora por defraudación por manipulación informática. Fue identificado como Paulo M., tiene 33 años, trabajó en el batallón de Ingenieros del Ejército y es, según dijo, un experto en seguridad informática. Fue detenido, pero está en libertad. El delito por el que fue acusado contempla una pena máxima de seis años.

Los fraudes se cometieron a través del sistema home banking por el que una persona puede realizar transferencias bancarias a través de una computadora, aunque para concretarlas se requieren claves. Los investigadores le secuestraron su PC a Paulo M., pero todavía tienen que determinar con una pericia informática cómo tuvo acceso a las contraseñas del damnificado. También se analiza si estuvo involucrado en fraudes similares contra empresas cerealeras de la provincia de Buenos Aires y de Venado Tuerto y María Juana, en Santa Fe. De las cuentas corrientes de estas firmas, en conjunto, desapareció un millón de pesos.

El denunciante es copropietario de la firma rosarina J y R., dedicada a la instalación de equipos de refrigeración en colectivos y camiones. El viernes 18 de febrero de 2011 el hombre se presentó en el juzgado de Instrucción Nº13, a cargo de Gustavo Pérez de Urrechu, y dijo que uno de sus empleados contables había advertido el vaciamiento de la cuenta corriente de la empresa en el Banco de Santa Fe, en la sucursal de Ovidio Lagos y Arijón. "Al empleado le llamó la atención porque en los días previos no se habían realizado movimientos en la cuenta y en pocas horas no quedaba nada de dinero", explicó entonces el abogado Javier Miglino.

En la investigación judicial se determinó que el hacker había realizado ocho transferencias bancarias: cuatro operaciones de 50 mil pesos cada una, una de 200 mil y otra de 120 mil pesos. El dinero había sido transferido a otras tantas cuentas de sucursales de los bancos Macro (de Córdoba y Santiago, San Martín 3402, y San Nicolás y Cerrito, en Rosario; de Villa Gobernador Gálvez; de la capital provincial y de avenida Santa Fe al 1200 de la Capital Federal) y a la agencia centro del HSBC de Rosario. A su vez, otras dos transacciones de 150 mil y 50 mil pesos no se hicieron por falta de fondos.

Una de las curiosidades del caso es que algunas de las cuentas a las que se transfirió el dinero fueron abiertas el mismo día en que se realizaron las operaciones, que los titulares de esas cuentas cobraron las transferencias por ventanilla sin ser clientes habituales y que ninguno de ellos tenía vinculación comercial con el empresario estafado. Esas personas están identificadas, estuvieron detenidas, pero no está resuelta su situación en la causa.

Cómo lo atraparon. Los pesquisas de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de pericias informáticas de la policía rosarina se contactaron con la empresa Interbanking. "Todas las transferencias electrónicas quedan registradas en la firma de home banking. A su vez, quien operaba lo hacía desde la dirección de IP de su PC (una etiqueta numérica que identifica a cada computadora en un sistema de red). Después se determinó que esa dirección de IP correspondía al domicilio de la persona que fue procesada", explicó el juez Pérez de Urrechu.

Los agentes de la TOE ubicaron la vivienda del pirata informático y lo detuvieron. Tras ser indagado por el juez fue excarcelado a raíz de que la sanción penal que pudiera corresponderle tiene una pena máxima de seis años. "Además, el acusado siempre estuvo ajustado a derecho y se presentó cuando fue convocado al tribunal", explicó el magistrado. Los uniformados secuestraron su PC y los peritos de la Unidad Regional II examinaron el contenido de la computadora. Allí encontraron programas específicos para obtener claves y archivos en los que estaban guardadas las contraseñas.