Es el promedio de la cantidad de
víctimas que llegaron a esa oficina este año. La directora Mercedes
Martorell destacó que es necesario orientar a las mujeres para que sepan
dónde deben pedir ayuda.
La violencia contra las mujeres es ejercida de muchas formas. La ley
para prevenirla, sancionarla y erradicarla reconoce diferentes tipos la
física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial (por
ejemplo la limitación o el control sobre los ingresos y gastos) y la
simbólica. Y marca que esas violencias se manifiestan dentro del ámbito
doméstico, en las instituciones públicas, en el trabajo, en los medios y
en los consultorios médicos. La Dirección Provincial de Políticas de
Género recibió entre enero y julio 270 denuncias por situaciones de
agresión, un promedio de 38 por mes.
A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia –a través de su Oficina de Violencia Doméstica (OVD), según datos de mayo de este año– indica que crecieron un 57 por ciento los casos denunciados. Además, marca que el 65 por ciento de las víctimas fueron mujeres, el 15 por ciento niñas y el 13 por ciento niños.
Las cifras se corresponden con las denuncias que realizan diferentes organizaciones no gubernamentales que denuncian la violencia machista en todas sus expresiones.
Las denuncias y la escucha
En las últimas semanas la opinión pública se vio conmocionada por una serie de testimonios de mujeres que fueron o son víctimas de agresiones por parte de sus parejas o ex. El caso de Bahía Blanca, donde se filmó el momento en que el varón golpea a su ex esposa o el caso de Javier Weber que fue condenado a 20 años de prisión por disparar seis veces contra su ex mujer frente al colegio de sus hijas, son algunos de los relatos más impactantes.
Por otro lado, hace varias semanas se repiten testimonios de diferentes mujeres que señalan que sus denuncias no son escuchadas por los gobiernos. En Rosario, Carolina de 25 años fue internada tras una grave golpiza de su concubino y dijo que había realizado 30 denuncias antes de llegar a ese extremo.
“Mientras haya una mujer golpeada no podemos dejar de trabajar y de preocuparnos. Tenemos que ver por qué fracasaron los dispositivos que tienen que estar funcionando para recibir las denuncias”, indicó Mercedes Martorell, directora provincial de Políticas de Género.
Consultada sobre si la mayor dificultad se encuentra para lograr la escucha de las víctimas hoy en las comisarías, agregó: “No en todas las comisarías pasa lo mismo, no siempre existe la misma sensibilidad. Nosotros estamos trabajando ahora con la policía y estamos avanzando en repensar qué pasa. Tuvimos reuniones muy importantes en las que vemos qué cosas se necesitan para que no suceda más eso. Queremos mirar las prácticas institucionales que se están utilizando para ver si es que no se toman las denuncias”.
Al respecto mencionó que a veces las víctimas dicen que no le tomaron la denuncia pero no especifican dónde la realizaron. “A veces las mujeres cuando dicen lo que les pasa creen que hacen una denuncia pero no la efectivizan. De todas maneras a nosotros nos preocupa que una mujer víctima de violencia sienta que lo tiene que decir en el aire, que no hay un lugar específico al que tiene que recurrir frente a esa necesidad”, manifestó y lamentó que el proceso lleve más tiempo que el que las urgencias cotidianas demandan.
“Estamos buscando respuestas que transformen un contexto de producción de violencia. Porque la discriminación es violenta y habilita a las demás violencias”, añadió.
Por otro lado, la funcionaria se refirió al Registro Único de Violencia contra las Mujeres (RUVIM) y marcó que no estaba dando datos reales porque sólo recogía las denuncias en las comisarías y no las que se podían realizar en la misma Dirección, en los hospitales y en otros espacios.
En ese sentido, marcó que se busca optimizar los datos que recoge para que pueda ser lo más efectivo posible y que sirva como una herramienta para el diseño de las políticas públicas.
Un nuevo relevamiento
El miércoles se presentó en la provincia un plan que llevará adelante la Dirección de Políticas de Género para identificar los problemas que existen en Santa Fe para acceder a la igualdad entre varones y mujeres.
“Es un objetivo muy alto. El Plan de Igualdad de Derechos es una política pública altamente participativa. Por lo tanto, vamos a ir a cada una de las regiones de la provincia y vamos a encontrarnos con la comunidad”, remarcó Martorell.
Durante septiembre se plantearon encuentros en los cinco nodos de la provincia; y en octubre se trabajará sobre el análisis de la información y la síntesis. Finalmente, el 25 de noviembre se hará la presentación pública de las conclusiones.
“Nuestra idea es avanzar en un gabinete de género o una comisión de igualdad. La idea es que las respuesta a las necesidades debe contemplar la especificidad de la zona. Entonces podremos trabajar desde políticas de género transversalizadas”, agregó la funcionaria.
Las cifras de la Nación
La OVD realiza un análisis mes a mes de las denuncias que recibe. Los últimos datos que están disponibles en el sitio web son de mayo de este año y allí se marca que hubo un incremento en la cantidad de denuncias respecto al mismo mes de 2011 y 2010. En total se atendieron 833 casos, contra 712 (2011) y 530 (2010).
De esas 833 situaciones de agresión, el 83 por ciento de las personas denunciadas son varones. Y, en cuanto a la relación con la víctima se marca que el 38 por ciento son ex parejas, el 21 por ciento son concubinos, el 20 por ciento son cónyuges, el 10 por ciento son padres/hijos, el tres por ciento son novios, el dos por ciento son hermanos, el 0,5 por ciento son otros familiares y en el resto no se marca la relación.
Por lo tanto, la gran mayoría de las agresiones se dan desde las personas que alguna vez fueron elegidas para formar una pareja (79 por ciento, en total). Lo que da cuenta de que la gran mayoría de las mujeres que es víctima de violencias se encuentra más insegura dentro de su propio hogar que en las calles.
En ese sentido, la diputada nacional Celia Arena, autora de uno de los proyectos tratados para incorporar el femicidio al Código Penal, afirmó que es necesario “profundizar las medidas de prevención y atención efectiva, perfeccionando los mecanismos para abordar la violencia de género”.
Y explicó: “En el plano legislativo, este año logramos avanzar aun más, modificando el artículo 80 a través de la incorporación de la figura del femicidio, ampliando como agravante de la pena de homicidio no sólo en caso de cónyuges, sino además a concubino, novio o amante. En el caso de que el asesino tuviera una denuncia anterior por violencia no se pueden aplicar los atenuantes. Esto tiene como finalidad, condenar la violencia contra la mujer. Indudablemente, cuando se aplican estas normas es porque estamos llegando tarde. (…) Esta reflexión debe motivarnos para profundizar permanentemente las medidas de prevención y atención de esta problemática, para lo cual se necesita un fuerte compromiso de toda la sociedad y de todos los niveles del Estado, con especial énfasis en la presencia de los gobiernos locales, quienes tienen mayor cercanía física con las víctimas y por lo tanto mayores posibilidades de acompañamiento”.
A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia –a través de su Oficina de Violencia Doméstica (OVD), según datos de mayo de este año– indica que crecieron un 57 por ciento los casos denunciados. Además, marca que el 65 por ciento de las víctimas fueron mujeres, el 15 por ciento niñas y el 13 por ciento niños.
Las cifras se corresponden con las denuncias que realizan diferentes organizaciones no gubernamentales que denuncian la violencia machista en todas sus expresiones.
Las denuncias y la escucha
En las últimas semanas la opinión pública se vio conmocionada por una serie de testimonios de mujeres que fueron o son víctimas de agresiones por parte de sus parejas o ex. El caso de Bahía Blanca, donde se filmó el momento en que el varón golpea a su ex esposa o el caso de Javier Weber que fue condenado a 20 años de prisión por disparar seis veces contra su ex mujer frente al colegio de sus hijas, son algunos de los relatos más impactantes.
Por otro lado, hace varias semanas se repiten testimonios de diferentes mujeres que señalan que sus denuncias no son escuchadas por los gobiernos. En Rosario, Carolina de 25 años fue internada tras una grave golpiza de su concubino y dijo que había realizado 30 denuncias antes de llegar a ese extremo.
“Mientras haya una mujer golpeada no podemos dejar de trabajar y de preocuparnos. Tenemos que ver por qué fracasaron los dispositivos que tienen que estar funcionando para recibir las denuncias”, indicó Mercedes Martorell, directora provincial de Políticas de Género.
Consultada sobre si la mayor dificultad se encuentra para lograr la escucha de las víctimas hoy en las comisarías, agregó: “No en todas las comisarías pasa lo mismo, no siempre existe la misma sensibilidad. Nosotros estamos trabajando ahora con la policía y estamos avanzando en repensar qué pasa. Tuvimos reuniones muy importantes en las que vemos qué cosas se necesitan para que no suceda más eso. Queremos mirar las prácticas institucionales que se están utilizando para ver si es que no se toman las denuncias”.
Al respecto mencionó que a veces las víctimas dicen que no le tomaron la denuncia pero no especifican dónde la realizaron. “A veces las mujeres cuando dicen lo que les pasa creen que hacen una denuncia pero no la efectivizan. De todas maneras a nosotros nos preocupa que una mujer víctima de violencia sienta que lo tiene que decir en el aire, que no hay un lugar específico al que tiene que recurrir frente a esa necesidad”, manifestó y lamentó que el proceso lleve más tiempo que el que las urgencias cotidianas demandan.
“Estamos buscando respuestas que transformen un contexto de producción de violencia. Porque la discriminación es violenta y habilita a las demás violencias”, añadió.
Por otro lado, la funcionaria se refirió al Registro Único de Violencia contra las Mujeres (RUVIM) y marcó que no estaba dando datos reales porque sólo recogía las denuncias en las comisarías y no las que se podían realizar en la misma Dirección, en los hospitales y en otros espacios.
En ese sentido, marcó que se busca optimizar los datos que recoge para que pueda ser lo más efectivo posible y que sirva como una herramienta para el diseño de las políticas públicas.
Un nuevo relevamiento
El miércoles se presentó en la provincia un plan que llevará adelante la Dirección de Políticas de Género para identificar los problemas que existen en Santa Fe para acceder a la igualdad entre varones y mujeres.
“Es un objetivo muy alto. El Plan de Igualdad de Derechos es una política pública altamente participativa. Por lo tanto, vamos a ir a cada una de las regiones de la provincia y vamos a encontrarnos con la comunidad”, remarcó Martorell.
Durante septiembre se plantearon encuentros en los cinco nodos de la provincia; y en octubre se trabajará sobre el análisis de la información y la síntesis. Finalmente, el 25 de noviembre se hará la presentación pública de las conclusiones.
“Nuestra idea es avanzar en un gabinete de género o una comisión de igualdad. La idea es que las respuesta a las necesidades debe contemplar la especificidad de la zona. Entonces podremos trabajar desde políticas de género transversalizadas”, agregó la funcionaria.
Las cifras de la Nación
La OVD realiza un análisis mes a mes de las denuncias que recibe. Los últimos datos que están disponibles en el sitio web son de mayo de este año y allí se marca que hubo un incremento en la cantidad de denuncias respecto al mismo mes de 2011 y 2010. En total se atendieron 833 casos, contra 712 (2011) y 530 (2010).
De esas 833 situaciones de agresión, el 83 por ciento de las personas denunciadas son varones. Y, en cuanto a la relación con la víctima se marca que el 38 por ciento son ex parejas, el 21 por ciento son concubinos, el 20 por ciento son cónyuges, el 10 por ciento son padres/hijos, el tres por ciento son novios, el dos por ciento son hermanos, el 0,5 por ciento son otros familiares y en el resto no se marca la relación.
Por lo tanto, la gran mayoría de las agresiones se dan desde las personas que alguna vez fueron elegidas para formar una pareja (79 por ciento, en total). Lo que da cuenta de que la gran mayoría de las mujeres que es víctima de violencias se encuentra más insegura dentro de su propio hogar que en las calles.
En ese sentido, la diputada nacional Celia Arena, autora de uno de los proyectos tratados para incorporar el femicidio al Código Penal, afirmó que es necesario “profundizar las medidas de prevención y atención efectiva, perfeccionando los mecanismos para abordar la violencia de género”.
Y explicó: “En el plano legislativo, este año logramos avanzar aun más, modificando el artículo 80 a través de la incorporación de la figura del femicidio, ampliando como agravante de la pena de homicidio no sólo en caso de cónyuges, sino además a concubino, novio o amante. En el caso de que el asesino tuviera una denuncia anterior por violencia no se pueden aplicar los atenuantes. Esto tiene como finalidad, condenar la violencia contra la mujer. Indudablemente, cuando se aplican estas normas es porque estamos llegando tarde. (…) Esta reflexión debe motivarnos para profundizar permanentemente las medidas de prevención y atención de esta problemática, para lo cual se necesita un fuerte compromiso de toda la sociedad y de todos los niveles del Estado, con especial énfasis en la presencia de los gobiernos locales, quienes tienen mayor cercanía física con las víctimas y por lo tanto mayores posibilidades de acompañamiento”.
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