Lo solicitó el fiscal federal
Gonzalo Stara, en el marco de la causa Feced. También avanza la
investigación por el crimen de Daniel Gorosito.
La Capital |
Stara explicó que "en los penales de la
dictadura, en especial el de Coronda, se aplicó un régimen pensado
para los presos políticos que constituía en sí mismo una sistemática
violación de los derechos humanos de los detenidos que concluyó en
algunos casos en la muerte de los presos".
En ese sentido, recordó que "se
dictaron ordenamientos especiales destinados a endurecer las
condiciones de detención imperantes al momento del golpe, que
describían metódicamente la forma en que debían ser tratados los presos
políticos y sus familiares".
La Fiscalía pidió que se responsabilice
a Zirone, Domínguez y Kushidonchi, que ocuparon sucesivamente la
dirección del penal de Coronda entre 1976 y 1979, por los hechos de
privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos
agravados en perjuicio de Ermenegildo Acebal, José Aloisio, Osvaldo Bas
y Mansilla, José Berra, Esteban Borgonovo, Juan Pablo Bustamante, Hugo
Cheroni, Raúl Chiartano, Carlos Corbella, Marcelo de la Torre, Ernesto
de los Santos Ifrán, Adrián De Rosa, Benito Espinoza, José Giusti,
Daniel Gollán, Gregorio Larrosa, Felix López, Mario Luraschi, Esteban
Mariño, Gustavo Mechetti, Máximo Mur, Eduardo Nassini, Marcos Olivera,
Marcelino Panicalli, Gustavo Piccolo, Generoso y Juan Ramos, Angel
Ruani, Ernesto Rueda, Adrián Sánchez, Eduardo Seminara, Jorge Ugolini y
Alfredo Vivono.
El fiscal remarcó que "todos los
detenidos políticos convivían con la certeza de que en algún momento
iban a ser llevados a las celdas de castigo, con causa o sin ella, y su
destino sería ser sometido a la tortura que ello implicaba". Son
numerosos los testigos que en el juicio a Díaz Bessone dieron cuenta de
esta situación.
Stara apuntó que la situación de los
presos políticos en Coronda no distaba mucho de la realidad en los
centros clandestinos de detención: "Déficit en la alimentación,
alojamiento en lugares insalubres, torturas a ellos u otros detenidos
que eran escuchadas, la incertidumbre sobre su destino, falta de medios
para satisfacer las necesidades fisiológicas, falta de atención
médica, amenazas de todo tipo", y el hecho de que los miembros de la
patota "frecuentara el penal".
El caso Gorosito. La
Fiscalía también pidió la indagatoria de Zirone por el homicidio de
Daniel Gorosito, el dirigente del PRT-ERP que fuera detenido en enero
de 1976 y sacado de Coronda en octubre de ese año, en horas de la
madrugada para ser llevado al Servicio de Informaciones, torturado y
asesinado.
También solicitó se haga lo propio con
los represores José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón
Vergara, Lucio Nast, Carlos Altamirano, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra,
Ovidio Olazagoitía, Diego Portillo, Pedro Travagliante, Ernesto
Vallejo, Eduardo Dugour, Daniel González y el sacerdote Eugenio
Zitelli, por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio,
todos agravados, en perjuicio de Gorosito.
La Fiscalía sostuvo que "Gorosito fue
entregado por las autoridades del penal, y queda claro que Zidone no
podía desconocer que Gorosito iba a ser trasladado al SI y que dicho
lugar era un centro clandestino, así como la patota debe responder por
el homicidio en grado de autores".
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