Sergio Schoklender negó usar materiales de "Madres" para construir en el country

El abogado está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que defraudó a la Fundación de la ONG

 Sergio Schoklender, imputado por el juez Norberto Oyarbide como presunto jefe de una asociación ilícita que defraudó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, desmintió ante la Justicia que siete viviendas construidas en un country en el que viven su ex esposa, su hermano Pablo y otros acusados en la causa hayan sido construidas con material "robado" a la Misión Sueños Compartidos.

Se trata de las propiedades e instalaciones allanadas el 22 de junio de 2011 por Oyarbide en el Barrio Patacón, del partido bonaerense de Pilar, donde según declaró el juez en aquella oportunidad "se ha podido observar, con toda claridad, que están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la fundación".

"A pesar del circo mediático y de las declaraciones matinales de su señoría, me permito recordarle que todos los materiales fueron legalmente adquiridos tal como lo acreditan los remitos cuyo número notifiqué personalmente por escrito a este tribunal inmediatamente después de haberse producido el ‘descubrimiento’", replicó el imputado en su ampliación de indagatoria a principios de esta semana.

"Nadie roba materiales con remito", insistió con ironía el mayor de los hermanos Schoklender. Según partes del expediente a las que tuvo acceso DyN, Sergio Schoklender afirmó ante Oyarbide que "los originales de dichos remitos fueron secuestrados por este tribunal ante el único allanamiento de todos los solicitados, recomendados e indicados"que efectuó, entre ellos "la planta de Barracas, la fábrica de paneles de la Fundación", donde presuntamente habría documentación que ratificaría que los materiales no fueron "robados" sino "debidamente adquiridos".

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aseguró que Oyarbide cuenta con toda la documentación que desmiente la imputación que se le formula en la causa, aunque supuso que "debe estar perdida en las profundidades de la instrucción más arbitraria y desprolija que recuerde la Justicia argentina".

Schoklender calificó como "un circo periodístico montado" a los allanamientos dispuestos por Oyarbide, a quien -al igual que al fiscal Jorge Di Lello- le atribuyó "ignorancia sobre la metodología de la contratación de la obra pública" para forzar "las disparatadas imputaciones que fueron formulando".

Tras los allanamientos realizados al country hace poco más de un año, en inmuebles que estaban desocupados, Oyarbide había anunciado el secuestro de documentación "de altísimo valor" para la causa.