Más de 19 millones de metros
cuadrados sin declarar lleva detectados hasta ahora la provincia en 76
municipios y comunas, en el marco del programa de fiscalización
catastral \"Juntos Vamos a Tomar Medidas\" que desarrolla a través de la
Subsecretaría de Ingresos Públicos.
Más de 19 millones de metros
cuadrados sin declarar lleva detectados hasta ahora la provincia en 76
municipios y comunas, en el marco del programa de fiscalización
catastral "Juntos Vamos a Tomar Medidas" que desarrolla a través de la
Subsecretaría de Ingresos Públicos. Estas superficies representan unos
36 millones de pesos no percibidos por el fisco, que pasarán a engrosar
la recaudación por impuesto inmobiliario.
Desde comienzos del programa, en 2010,
fueron detectados 19.451.683 metros cuadrados de construcciones sin
declarar, sobre un total de 227.742 casos irregulares en las 76
localidades que adhirieron al programa. Estas irregularidades
representan un incremento en el impuesto inmobiliario de alrededor de 36
millones de pesos.
En las 49 localidades correspondientes a
la Regional Rosario se detectaron 169.356 casos irregulares y
12.647.887 metros cuadrados sin declarar. La superficie incorporada fue
de 5.672.266 metros cuadrados.
Dentro de las localidades que
adhirieron al programa en la Regional Santa Fe, fueron detectados 58.386
casos irregulares con una superficie cubierta sin declarar de 6.803.796
metros cuadrados. La superficie incorporada fue de 3.262.155 metros
cuadrados.
En la provincia. La
superficie que se logró incorporar en toda la provincia alcanza los
8.934.421 metros cuadrados, que significan un incremento de alrededor de
36 millones de pesos: 14 millones de aumento en 2011 (por la superficie
incorporada en 2010), y para este año se suman 8 millones más de las
superficies incorporadas en 2011.
Los operativos realizados en el
distrito Rosario desde noviembre de 2010 entre los grandes
contribuyentes territoriales, como entidades bancarias y financieras,
cooperativas, grandes comercios, shoppings, supermercados y hoteles,
lograron un incremento de 286.448 metros cuadrados sobre 347 casos. Esto
significa un aumento de valuación de lo edificado de 44.428.954 pesos.
En el sector industrial se detectaron
31 casos irregulares con un incremento de superficie edificada de 37.935
metros cuadrados y una valuación que alcanza los 6.558.073 pesos.
El plan. El "Plan
Juntos vamos a tomar medidas" se inició con la expectativa de barrer las
50 ciudades santafesinas con rango de municipio, excepto Rosario, que
por su magnitud demandaría unos cuatro años de relevamiento. El proyecto
tiene un nivel de ejecución del 98 por ciento de la proyección inicial.
Actualmente, excepto Villa Constitución y Cañada de Gómez, se cubrieron
esos 50 municipios o están en proceso de culminación, como son los
casos de Casilda o Pérez.
La experiencia piloto fue en 2010 con
Timbúes, y los resultados permitieron avisorar que el programa podía
extenderse a todo el territorio con resultados favorables.
"A raíz de los logros extendimos este
procedimiento a las comunas de la provincia. Lo reformulamos y por estos
días estamos trabajando en la localidad 76 de un total de 360 que
debemos relevar", indicó a LaCapital el responsable del Servicio de
Catastro, Horacio Palavecino.
El funcionario precisó que "al mismo
tiempo se repasan localidades que quedaron por concluir, como Granadero
Baigorria, Venado Tuerto, Funes y Roldán".
A raíz del éxito del sistema, a
mediados de 2011 la provincia de Entre Ríos se interiorizó sobre su
aplicación. Para esto, funcionarios santafesinos se reunieron en varias
ocasiones con sus pares de la vecina provincia para explicar los
alcances y la metodología de trabajo.
Desde 1996 no se realizaba en la
provincia un proceso de fiscalización sobre mejoras edilicias. "Ante un
nivel de desactualización visible, en 2009 nos ocupamos del tema e
involucramos a los gobiernos locales, que son quienes tienen en claro
qué permisos de inicio y final de obra otorgaron. Cuando no otorgan
finales de obra o cuando los entregan pero no los comunican a la
provincia, se da el primer paso del proceso de desactualización",
explicó Palavecino.
El porgrama busca involucrar a los
gobiernos locales. Para ello se firman convenios de trabajo conjunto
durante cuatro o seis meses y se dividen las tareas. En ese contexto, la
provincia aporta las imágenes y hace la restitución, mientras que cada
localidad aporta el lugar físico y los empleados para atender a los
contribuyentes. "De este modo los involucramos en el proceso de
fiscalización. Cuando ven los resultados entienden que es algo mecánico
que deberían hacer día a día para mantener actualizado el sistema",
remató el funcionario.
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