Psicólogos, terapistas
ocupacionales y trabajadores sociales de la dependencia le reclamaron a
la ministra Bifarello y al titular del área “por las precarias
condiciones” en las que trabajan a diario.
“Nos dirigimos a usted a fines de transmitirle la seria
preocupación y malestar que sufrimos a raíz de los hechos sucedidos la
semana próxima pasada que son de público conocimiento e involucra a
compañeros de trabajo”, comienza la nota presentada en el Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, por parte de los
profesionales encargados de realizar prácticas vinculadas a los chicos
en situación de riesgo. La misiva, en poder de las autoridades
provinciales, cuenta con las firmas de al menos 40 trabajadores.
El escrito cuestiona e interpela a la ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello; al subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende; y al secretario de Políticas Públicas y Sociales Joaquín Blanco.
En el primer párrafo, los empleados agregan también: “Aclaramos que más allá de las responsabilidades que determine la Justicia, este hecho visibiliza de manera contundente, una vez más, las precarias condiciones en que se desarrollan nuestras prácticas”.
Como marco teórico y legal, los trabajadores citan la Ley Provincial Nº 12.967, que señala los objetivos a cumplir con el fin de garantizar la efectiva protección integral de las niñas, niños y adolescentes, “que sólo pueden ser alcanzados con la adecuada asignación de los recursos materiales, edilicios, humanos legalmente encuadrados y debidamente capacitados”.
En referencia a los últimos puntos, los profesionales insistieron: “Queremos destacar que a la fecha los recursos con los que se cuenta son insuficientes para cumplir en tiempo y forma los objetivos marcados por la ley, por lo tanto consideramos que nuestros derechos como trabajadores se encuentran vulnerados”.
Firman la nota numerosos licenciados en psicología, en terapia ocupacional y trabajadores sociales. Todos se desempeñan en diferentes espacios del Ministerio de Desarrollo Social, en contacto con menores en situación de riesgo.
La decisión de manifestar la disconformidad por escrito, por parte de los empleados, se suscita en relación con el episodio por el cual fueron detenidas tres trabajadoras del Hogar Fracchiolla, dependencia de la misma área gubernamental, en el marco de una denuncia y posterior investigación bajo la carátula de “vejámenes”.
La causa
Tras pasar cuatro días detenidas, el juez de instrucción penal Nº 3, Néstor Troncoso decidió excarcelar a la directora, a la rectora y a la administradora del hogar Ana y José Fracchiolla, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que el 8 de febrero fue intervenido tras las denuncias de dos albañiles que filmaron una situación violenta que involucra a una niña discapacitada, de 11 años.
Las tres investigadas por el delito de vejámenes fueron indagadas por el juez Troncoso, ante la presencia del fiscal que interviene en la causa, Carlos Rolando, y cuando finalizaron las audiencias se levantó la incomunicación. De esta manera, la investigación sobre las imágenes que registraron los albañiles con un teléfono celular, continuarán su curso con las mujeres en libertad.
Según confirmaron fuentes judiciales a Diario UNO, al menos dos de ellas se habrían identificado en el video filmado por los testigos. Además, las ex autoridades del Centro de Protección Integral para Niñas y Adolescentes Ana y José Fracchiolla, habrían expresado: “Ésa era la única manera de tranquilizar a la niña, que por la gran contextura física se tornaba incontrolable cuando se ponía nerviosa y no nos quedaba otra cosa que reducirla de pies y manos”.
El episodio que le dio origen al caso ocurrió hace 10 días, cuando un grupo de albañiles filmó la situación desde una construcción aledaña. En la filmación, se ve cómo tres personas sujetan y rodean a la nena poniéndola de cara a la salida de una cañería. Los obreros, de 29 y 35 años, pusieron en consideración de autoridades policiales el material fílmico y con él, el juez Troncoso decidió allanar el lugar.
El escrito cuestiona e interpela a la ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello; al subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende; y al secretario de Políticas Públicas y Sociales Joaquín Blanco.
En el primer párrafo, los empleados agregan también: “Aclaramos que más allá de las responsabilidades que determine la Justicia, este hecho visibiliza de manera contundente, una vez más, las precarias condiciones en que se desarrollan nuestras prácticas”.
Como marco teórico y legal, los trabajadores citan la Ley Provincial Nº 12.967, que señala los objetivos a cumplir con el fin de garantizar la efectiva protección integral de las niñas, niños y adolescentes, “que sólo pueden ser alcanzados con la adecuada asignación de los recursos materiales, edilicios, humanos legalmente encuadrados y debidamente capacitados”.
En referencia a los últimos puntos, los profesionales insistieron: “Queremos destacar que a la fecha los recursos con los que se cuenta son insuficientes para cumplir en tiempo y forma los objetivos marcados por la ley, por lo tanto consideramos que nuestros derechos como trabajadores se encuentran vulnerados”.
Firman la nota numerosos licenciados en psicología, en terapia ocupacional y trabajadores sociales. Todos se desempeñan en diferentes espacios del Ministerio de Desarrollo Social, en contacto con menores en situación de riesgo.
La decisión de manifestar la disconformidad por escrito, por parte de los empleados, se suscita en relación con el episodio por el cual fueron detenidas tres trabajadoras del Hogar Fracchiolla, dependencia de la misma área gubernamental, en el marco de una denuncia y posterior investigación bajo la carátula de “vejámenes”.
La causa
Tras pasar cuatro días detenidas, el juez de instrucción penal Nº 3, Néstor Troncoso decidió excarcelar a la directora, a la rectora y a la administradora del hogar Ana y José Fracchiolla, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que el 8 de febrero fue intervenido tras las denuncias de dos albañiles que filmaron una situación violenta que involucra a una niña discapacitada, de 11 años.
Las tres investigadas por el delito de vejámenes fueron indagadas por el juez Troncoso, ante la presencia del fiscal que interviene en la causa, Carlos Rolando, y cuando finalizaron las audiencias se levantó la incomunicación. De esta manera, la investigación sobre las imágenes que registraron los albañiles con un teléfono celular, continuarán su curso con las mujeres en libertad.
Según confirmaron fuentes judiciales a Diario UNO, al menos dos de ellas se habrían identificado en el video filmado por los testigos. Además, las ex autoridades del Centro de Protección Integral para Niñas y Adolescentes Ana y José Fracchiolla, habrían expresado: “Ésa era la única manera de tranquilizar a la niña, que por la gran contextura física se tornaba incontrolable cuando se ponía nerviosa y no nos quedaba otra cosa que reducirla de pies y manos”.
El episodio que le dio origen al caso ocurrió hace 10 días, cuando un grupo de albañiles filmó la situación desde una construcción aledaña. En la filmación, se ve cómo tres personas sujetan y rodean a la nena poniéndola de cara a la salida de una cañería. Los obreros, de 29 y 35 años, pusieron en consideración de autoridades policiales el material fílmico y con él, el juez Troncoso decidió allanar el lugar.
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