El Gobierno dispuso una reasignación de créditos del presupuesto 2011
por una suma cercana a los 3.800 millones de pesos, de los que 3.592
millones son en detrimento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, en una medida que beneficia a casi todo el arco de la
Administración Nacional, en especial mediante subsidios a empresas como
Aerolíneas, AySA, CAMMESA y operadores ferroviarios.
La
voluminosa distribución fue establecida a través de la decisión
administrativa 19/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial y que
representa la primera medida en ese sentido con la firma de los
flamantes jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de
Economía, Hernán Lorenzino.
La D.A. está fechada el 23 de
diciembre, dos días después de que el Senado sancionara la ley de
Presupuesto 2012, que aún no fue publicada en el Boletín.
La
redistribución de partidas alcanza a unos 3.800 millones de pesos, de
los que 3.596.868.657 fueron detraídos al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, un organismo creado en 1995 "con el objetivo de
prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y
de promover el desarrollo económico de las provincias", según indica su
página web, cuya última actualización data de setiembre de 2010.
Otros fondos provinieron de recortes presupuestarios de diferentes
ministerios y de "recursos provenientes del cobro de tasas" de
diferentes organismos, como el Registro Nacional de las Personas (67,6
millones de pesos), o saldos no utilizados de préstamos de organismos
multilaterales de créditos, como el BID o el Banco Mundial.
Es habitual que tanto la Jefatura de Gabinete como la propia Presidencia
a través de decretos de necesidad y urgencia dispongan todos los años
reasignaciones y ampliaciones presupuestarias en varias oportunidades, a
los efectos de adecuar erogaciones y recursos subestimados en el
Presupuesto original. Una de las principales razones de estas medidas es
la atención de las erogaciones derivadas de los aumentos en los haberes
jubilatorios aprobados en marzo y setiembre de cada años, de acuerdo
con la ley de Movilidad.
Sin embargo, ese aspecto no estuvo
contemplado en esta decisión administrativa, que se centró en diferentes
gastos propios del funcionamiento de las diferentes áreas
administrativas (remuneraciones y gastos corrientes), así como la
transferencias de recursos a sectores económicos, pensiones graciables,
empresas de servicios públicos, vialidad, fuerzas armadas y de
seguridad.
En los considerandos, se justifican los
95.380.000 pesos destinados al Poder Legislativo en la necesidad de
"atender gastos en personal" en la Cámara de Diputados y "afrontar
gastos de funcionamiento y de inversión" en la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación.
También se
destinan 144 millones de pesos al Ministerio de Educación para "atender
los aumentos salariales del personal docente, no docente y autoridades
superiores de las Universidades Nacionales, la necesidad de inversión en
obras y equipamiento de la Universidad Nacional de San Martín y,
financiar los gastos de salarios correspondientes al Instituto Libre de
Segunda Enseñanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Asimismo, en Ciencia y Tecnología, se giraron 83,5 millones de pesos al
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) "a
efectos de atender los gastos correspondientes a las becas de
investigadores y diferencias salariales".
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