Marcela y Felipe Noble Herrera pidieron que se les lleve a cabo “cuanto antes” una nueva extracción de sangre que confronte su ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos para terminar con “el acoso y la persecución que vienen sufriendo desde hace 10 años” y para llevarle “paz y tranquilidad a su madre”, la empresaria periodística Ernestina Herrera de Noble, dijeron sus abogados.
Hoy vencía el plazo para interponer un recurso extraordinario ante la Corte contra un fallo de la Cámara de Casación, que les había impuesto un examen compulsivo de sangre. Pero en vez de apelar, Marcela y Felipe Noble Herrera manifestaron su voluntad de realizarse la prueba. Según sus abogados, los hermanos no quieren exponer a la madre “a nuevos agravios y sufrimientos durante el extenso plazo que podría durar una apelación ante la Corte”, debido a “su edad y estado de salud”.
Hostigamiento
En un comunicado, Alejandro Carrió, Roxana Piña, Ignacio Padilla y Horacio Silva señalaron que, de este modo, “esperan poner fin a una causa que ya podría estar resuelta hace ocho años, cuando aceptaron realizarse voluntariamente un análisis ordenado por la Justicia en todas las instancias posibles, que no pudo concretarse por la negativa sistemática de los querellantes”.
Los abogados calificaron el caso de “inédito hostigamiento político y mediático”, debido a que Marcela y Felipe ya entregaron tres muestras de ADN, “algo sin precedentes en el país”, además de haber sufrido “dos allanamientos, una requisa en la vía pública, dilaciones no imputables a ellos, presiones sobre la Justicia y hasta la sanción de normas para intentar burlar fallos judiciales en firme”, añadieron.
Alentador
“Es una noticia alentadora, es lo que queremos desde hace más de diez años. Esto acortaría los plazos, si fueron los nietos que estamos buscando queremos devolverles sus derechos”, opinó a su vez Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, advirtió que la sangre de ambos hermanos “tiene que compararse con todo el banco, como dice la ley”.
“Si la señora de Noble cometió un delito, la Justicia es la que tendrá que hablar, eso para nosotros es un tema secundario. Hay que hacerlo, pero el interés de Abuelas es preservar los nietos que nos robó la dictadura”, agregó.
A su vez, en diálogo con El Litoral, Celina Koffman, de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, consideró que el robo de bebés y las circunstancias en que se producía - “secuestraban a nuestras hijas, esperaban a que tuvieran familia para arrancarles su bebé y las asesinaban sin que llegasen a conocerlo”- configuran “uno de los crímenes más horrendos cometidos por la dictadura militar”.
En este caso en particular, sostuvo que “se tienen seguridades de que los hermanos Noble son adoptados, y muchas pistas de que Marcela podría ser hija de desaparecidos. Incluso estaría localizada su abuela biológica, que fue la primera presidenta de las Abuelas y hoy está muy enferma. Pero no se ha logrado hacer un examen de ADN confiable en el banco de sangre de las Abuelas, los que se hicieron hasta ahora han sido truchos. Así que lo que pedimos es justicia, porque hay apropiadores que sí están presos. Que no haya una abuela más que se va de este mundo sin conocer a su nieto por este crimen atroz. Y que la sociedad no olvide que que los bebés apropiados son los únicos desaparecidos con vida”.
Acatar la justicia
En tanto, la abogada Lucila Puyol, de la agrupación Hijos y querellante en causas sobre derechos humanos, manifestó sus reservas hasta tener la certeza de que no habrá condicionamientos ni restricciones en los análisis.
“Si esto es realmente como dicen los abogados, estamos muy contentos. Es una decisión que hace tiempo se esperaba y es un objetivo y un principio básico de nuestra agrupación que se pueda conocer la verdad y hacer justicia”, dijo a este diario.
“Estamos muy satisfechos con el acompañamiento de la sociedad, que ha tenido el tema permanentemente en agenda y no permitió que se caiga. Y este es un caso que se tornó paradigmático, por estar afectada una persona con el poder suficiente para resistir las pruebas de ADN, evitar la prisión preventiva cuando fue detenida y dejar en stand by el proceso, que hasta le costó la destitución a un juez”, añadió.
Para Puyol, la resolución del episodio “es torcerle el brazo y decir que finalmente se va a tener que resignar y acatar la justicia. No importa cuál sea el resultado; lo importante es que durante diez años eludió la justicia, que es lo que ningún ciudadano puede hacer”.
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