Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
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La Comisión Intersindical del Sector Público de la provincia (Cisep) resolvió solicitar una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz para analizar los efectos de la política económica en el ámbito santafesino y temas que hacen a intereses de los trabajadores estatales
Representantes de Amsafe, Apel, ATE, Asociación Tribunales, Festram, Luz y Fuerza, Sadop y Viales coincidieron en expresar “la preocupación frente a la aplicación de políticas neoliberales que están llevando, indefectiblemente, a un proceso de ajuste económico, cuyos resultados no pueden ser otros que desocupación, pobreza y exclusión social, asociados al despido masivo de trabajadores públicos y privados, formales e informales, caída de los niveles de ocupación, disciplinamiento social y pérdida del salario real dentro de un nuevo ciclo de endeudamiento externo, devaluación monetaria y fuga de capitales”.
La Cisep advierte que el gobierno provincial “ha tomado distancia del núcleo duro de las políticas del gobierno central, pero será insuficiente si no se conforma un ámbito de diálogo entre las representaciones sindicales y el propio gobierno de la Provincia, cuyos resultados deben ser políticas públicas urgentes e inmediatas que garanticen la defensa integral de los intereses del Estado santafesino y del conjunto de sus trabajadores”.
Los representantes sindicales analizaron además el funcionamiento de Iapos; la situación presente y futura de la Caja de Jubilaciones; el estado del Sistema de Autoseguro de Riesgo del Trabajo; el funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad laboral; la precarización laboral en municipios y comunas, la actualización de las asignaciones familiares y el deterioro salarial del conjunto de los trabajadores del sector público.
Gendarmes
En tanto, Festram informó que durante la visita e informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, el santafesino Eduardo Seminara (FpV) denunció la violación a la Ley de Seguridad Interior, en la que incurrió la ministra Patricia Bullrich, al enviar las tropas de Gendarmería Nacional al conflicto gremial que se desarrolló durante los primeros meses del año en la Municipalidad de Las Rosas.
El legislador cuestionó la decisión del gobierno central de violentar la autonomía de la provincia, al disponer sin autorización del gobernador, la intromisión de tropas federales.
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