Desde este jueves se dio inicio al cumplimiento de la sentencia judicial. Se notifica un plazo de 48 horas para el abandono pacífico de los ocupantes irregulares.
El gobierno provincial informó que en las primeras horas de este jueves se dio inicio al cumplimiento de la sentencia judicial que habilita el proceso de desalojo del Barrio Santa Rita II, la cual luego de un largo proceso de apelaciones, se encontrara en condiciones de ser instrumentada. Vale recordar que el conjunto habitacional fue usurpado oportunamente por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyos principales referentes se encuentran procesados.
El proceso consiste en la notificación de un plazo de 48 horas para el abandono pacífico del barrio por parte de sus ocupantes irregulares y la identificación de la situación de calle de las familias involucradas, con base en el relevamiento que oportunamente fuera aportado a la Justicia hace mas de un año por parte del gobierno provincial.
A través un equipo multidisciplinario, compuesto por integrantes de los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad, y de la Secretaría de Estado del Hábitat, 14 grupos comenzaron a notificar el inicio del proceso de desalojo del barrio en cuestión y constatar la situación habitacional de los ocupantes del predio. En el proceso, los trabajadores sociales entregaron un acta donde se los notifica para que dentro de las 48 horas subsiguientes abandonen el lugar en forma pacífica, en sinfonía con lo establecido por la sentencia judicial.
"Estamos dando cumplimiento a lo que dispuso la jueza Valenti hace más de un año y que luego de sucesivas apelaciones finalmente quedara como sentencia firme", explicó Gustavo Leone, secretario de Estado del Hábitat, quien aseguró que la voluntad de la Casa Gris siempre fue la de "recuperar esas viviendas para poder asignarlas entre las familias que legitima y pacientemente esperan una solución habitacional en los registros de la Dirección Provincial de Vivienda, sin tomar nada por la fuerza ni en forma intempestiva".
A los ocupantes irregulares se les notificó además la posibilidad de contactarse con los equipos sociales de la provincia, los cuales estarán a total disposición para mantener entrevistas personales con cada familia y analizar las situaciones particulares que pudieran surgir y, con base en ello, buscar alguna alternativa transitoria a su situación habitacional.
"Los equipos del gobierno provincial están integrados en todos los casos por personal profesional de las áreas de Desarrollo Social y de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, además de dos policías, un hombre y una mujer. Además, hay mediadores del Ministerio de Justicia para abordar las diferentes situaciones que se presenten si esto fuera necesario", explicó Leone.
"Terminado el procedimiento, toda la información resultante será elevada al juzgado actuante, dando cuenta de la cantidad de familias identificadas en situación de calle y la opción ofrecida desde el gobierno provincial como solución transitoria", indicó el funcionario provincial.
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