El defensor provincial dijo que no fue convocado para discutir la fecha de aplicación del nuevo Código. Cuestionó la “parodia” de diálogo y el destrato a su persona y a su investidura.
El defensor provincial Gabriel Ganón consideró que existe “absoluta incertidumbre” sobre la aplicabilidad del nuevo Código Procesal Penal, al tiempo que denunció “trato discriminatorio” hacia su persona e investidura, ya que se enteró “por los medios de comunicación” de la reunión entre el gobierno, la Corte y el fiscal general en la que se puso fecha de inicio al nuevo sistema para el próximo 10 de febrero.
La ausencia de Ganón en el encuentro realizado el miércoles por la noche en Casa de Gobierno había sido señalada como llamativa, y pretendió ser salvada por el Ejecutivo convocándolo a una reunión para hoy. La novedad es que, según hace constar el funcionario en una nota dejada en la secretaría privada del gobernador, nadie le había avisado.
“Sorprende que este defensor provincial haya tomado conocimiento por los medios de comunicación” del cónclave, “dando por descontado que mi opinión como representante máximo de una de las nuevas instituciones del proceso de reforma es totalmente irrelevante para definir la fecha de puesta en funcionamiento. No se comprende tan alto trato discriminatorio en lo institucional”, se queja Ganón.
Tras declinar la invitación que se le hizo a él en particular para la jornada de hoy, “por compromisos asumidos con anterioridad”, el funcionario repasa diversas circunstancias que considera inapropiadas, como la falta de respuesta a los pedidos de audiencia formulados tanto a Antonio Bonfatti como a la Corte.
“Esto demuestra que la voluntad de diálogo expresada públicamente en los medios de comunicación por el Sr. gobernador y los miembros de la Corte Suprema de Justicia no se condice con los datos que en la realidad concretamente se suceden”, ya que en 10 meses no consiguió que lo recibieran.
También denuncia que el Servicio Público de Defensa fue prácticamente dejada sin recursos, ya que además de no reconocerse la autarquía financiera prevista por la ley, se dejó sin efecto el convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia, por el cual se proveían los fondos necesarios.
En otro punto menciona que tampoco logró que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley que crea el Servicio de Defensa y que él mismo padeció la falta de respeto a su investidura, al ponerse en duda el desempeño de sus funciones “con los constantes pedidos de juicio político, sin fundamento alguno”.
Haciendo hincapié en lo esencial de “el diálogo entre todas las partes y no una mera parodia de éste”, y en el aporte fundamental que desde su cargo puede hacer para “el correcto funcionamiento de esta reforma”, Ganón se pone a disposición de las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial para acordar una nueva reunión con todos los actores involucrados.
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