miércoles, 26 de junio de 2013

ROSARIO: Quieren implementar controles de "narcolemia" a conductores de vehículos-SE VIENE EL DROGA - TEST

El Concejo de Rosario comenzó a tratar ayer el proyecto de Boasso para implementar controles de narcolemia a conductores de vehículos. A través de reactivos, una lengüeta se apoya sobre la lengua del automovilista, se absorbe la saliva y en unos minutos se obtiene el resultado. "La idea es prevenir sobre los riesgos de conducir habiendo consumido alguna sustancia", dice la iniciativa.

Quieren implementar controles de
 La comisión de Gobierno del Concejo Municipal debatió ayer un proyecto del edil Jorge Boasso (UCR) para implementar en la ciudad controles de "narcolemia" a conductores de vehículos. El concejal radical planteó al defender su iniciativa -algo así como un drogatest-, presentada en marzo pasado y cuya finalidad es la "de prevenir y concientizar sobre los riesgos de conducir habiendo consumido alguna sustancia capaz de alterar la consciencia normal de una persona", con controles que ya se realizan en Buenos Aires y en Entre Ríos. "El Código de Faltas establece sanciones para quienes conducen alcoholizados o bajo efecto de estupefacientes, por lo que es una obligación del Ejecutivo, hacerlo cumplir, que no quede en letra muerta", precisó Boasso. Si bien existen coincidencias entre los ediles que integran la comisión en implementar este tipo de controles, surgieron algunas dudas y cuestionamientos que motivaron un pedido para agregar sugerencias y consensuar una redacción del proyecto, por lo que su tratamiento continuará la semana próxima.
La propuesta prevé como autoridad de aplicación a la secretaria de Salud Pública municipal, que realizará los controles en conjunto con inspectores de tránsito en los operativos de alcoholemia. En los mismos, se efectuarán las pruebas en conductores mediante un dispositivo que permite detectar drogas psicoactivas en la saliva. Los nuevos kits consisten en una lengüeta que se apoya sobre la lengua, se absorbe la saliva y en unos minutos se obtiene el resultado.
El debate para implementar los controles de narcolemia en la comisión de Gobierno que preside la concejala Daniela León (UCR), comenzó con un planteo del titular de la bancada socialista, Manuel Sciutto, quien consideró que la autoridad de aplicación, por ser controles de tránsito, deberán depender de la secretaria de Gobierno. Frente a la pretensión de combinar los controles con una campaña de concientización sobre la donación de sangre, el edil oficialista dijo que son temas que "no deberían juntarse en un mismo operativo, por la tensión que generan".
Además, Sciutto objetó que no existen equipos en condiciones homologados por el INTI para poder efectuar los controles. "Queremos que se labren actas en la medida que haya instrumentos que estén en condiciones de cumplir esa función, porque después nos dicen que no tenemos equipos garantizados y que somos recaudadores", abundó. Según Boasso, en la provincia de Entre Ríos los instrumentos fueron autorizados por la división de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que los controles se están realizando en Paraná, Gualeguaychú, Diamante y Victoria, entre otras.
Por su parte, el edil Roberto Sukerman (FpV) dijo apoyar la iniciativa pero solicitó que su redacción sea concreta para que se puedan establecer los controles. "Que no sea un examen invasivo, que tampoco se penalice a la persona que consume, y que además tenga la rigurosidad técnica necesaria y que sea evaluado en el menor tiempo posible", precisó el edil kirchnerista. Roy López Molina (PRO), en tanto, apuntó que el control en Buenos Aires funcionaba. La norma tiene como antecedente un proyecto de decreto de la concejala Laura Weskamp (PRO), que está en tratamiento en la comisión de Obras Públicas.
"No puede estar Rosario fuera de lo que es la legislación implementada en Capital Federal y en Entre Ríos", dijo Boasso. "Los reactivos están preparados para detectar el consumo de metanfetaminas, marihuana, éxtasis, cocaína", explicó el edil radical, para luego remarcar que los controles no apuntan a "criminalizar a quien consume, ya que uno de los artículos propone la prohibición de remitir la información a cualquier otro organismo público o privado".

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