Sólo en que lo que va de este año, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevó a la Justicia más de 8 mil denuncias por hurto de energía. La abogada de la firma estatal, Julia Torrez, detalló que no se trata de casos sociales, sino "mayoritariamente de comercios y residencias que tienen un alto consumo".
La Capital |
Sólo en que lo que va de este año, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevó a la Justicia más de 8 mil denuncias por hurto de energía. La abogada de la firma estatal, Julia Torrez, detalló que no se trata de casos sociales, sino "mayoritariamente de comercios y residencias que tienen un alto consumo". Del total de las presentaciones realizadas, ya hay cuatro procesamientos firmes y ayer se conoció el fallo de la jueza correccional de la 10ª nominación, Liliana Canavesio, que condenó a seis meses de prisión condicional e impuso una regla de conducta por dos años a la titular de un supermercado de la zona oeste de la ciudad. Para la letrada de la EPE, se trata de un "fallo ejemplificador".
Las denuncias penales que acumula la EPE en los Tribunales provinciales ya suman en los últimos nueve meses 8.677 presentaciones. Según explicó la abogada, "se trata de sumarios penales por hurto sólo en la ciudad de Rosario" y aclaró que no corresponden a casos sociales o a viviendas carenciadas. "Hay desde fábricas que se ubican en zonas marginales para aprovechar esa situación y realizar allí una conexión clandestina que presumen no será detectada hasta comercios y viviendas", detalló.
Es más, la abogada indicó que "hay comercios grandes y chicos", y puntualizó que 4.395 del total de las denuncias "son justamente de negocios y residencias que tienen un alto consumo, por arriba de los 3 amperes".
En ese marco, Torrez señaló que "entre todas las causas que están en la Justicia ya hay cuatro personas con procesamiento firme y a la espera de una sentencia", entre las que se cuentan los titulares de cinco pensiones de la ciudad que fueron clausuradas y que además tenían una conexión ilegal al suministro de energía, el titular de una panadería de la zona de la terminal de ómnibus y otro comercio de la zona de Urquiza al 3400.
Fallo. Una de las denuncias, presentada por la EPE en 2009, terminó con el fallo de ayer que impone una condena de seis meses de prisión condicional a una comerciante, a quien además se le impuso durante dos años una regla de conducta por la cual deberá entregar mensualmente a un hogar de la ciudad mercadería no perecedera por un importe equivalente a mil pesos.
La jueza correccional Nº 6 apuntó en los considerandos que se trata de "un ilícito que pone en riesgo el suministro de la energía a toda la comunidad y que la sociedad en su conjunto debe soportar su costo a expensas de quienes incurren en el mismo, máxime cuando como en el caso se trata de una finca en la que no se advierte precariedad alguna y en la que además se desarrolla una importante actividad lucrativa que incide notoriamente en el ilegal consumo".
Y agregó que "tras las diversas constataciones en las que se procedió al corte del suministro eléctrico del que ilegítimamente se apoderara, posteriormente se pudo determinar que se continuaba con el indebido consumo bajo igual modalidad delictiva".
Además, Canavesio dejó en claro que "no se trata de un pequeño microemprendimiento o de una precaria vivienda", sino de un supermercado donde se comercializan productos que requieren refrigeración (carnicería, fiambrería, pollería y productos de almacén).
Para la abogada de la EPE, hubo "un fallo ejemplificador". Además, indicó que "es la primera vez en los últimos diez años que se impone una condena condicional más una regla de conducta de este tipo, diferente a una probation; eso implica que si comete otro delito esa condena se deberá hacer efectiva"
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