El secretario de Seguridad pidió levantar la protesta y analizar el conflito por 24 horas, pero fue rechazado. La intervención del ministro Lorenzino.
Un grupo de oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina se mantiene acuartelado en el edificio Guardacostas para protestar por un decreto que redujo un 60% sus salarios y eliminó compensaciones.
Un grupo de oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina se mantenía acuartelado en el edificio Guardacostas para protestar por la implementación del decreto 1307 que redujo un 60% sus salarios y eliminó compensaciones, aunque voceros oficiales señalaron que se trató de "un error de liquidación" de los salarios.
Los suboficiales mantuvieron una breve reunión con el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, para informarle de su reclamo y pedirle soluciones, pero cuando el funcionario les solicitó 24 horas de plazo para analizar el tema a cambio que se desactivara la protesta, los manifestantes decidieron permanecer frente al edificio, en Puerto Madero, hasta que se garantice la devolución del dinero y que no habrá sanciones.
El punto de conflicto alude a la aplicación 1307/2012, publicado el pasado 4 de septiembre en el Boletín Oficial, en donde se fija el haber mensual para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura, suprimiéndose adicionales y dejando sin efecto compensaciones.
De acuerdo a los manifestantes, esa decisión generó reducciones en los salarios de hasta el 60 por ciento de los ingresos. Situaron esos descuentos entre 1.500 y 5.000 pesos, según la jerarquía, la actividad y las cantidad de familiares, informó DyN.
Sobre el anochecer, tras leer un petitorio de siete puntos, los suboficiales ratificaron que no abandonarán la protesta hasta tener una respuesta oficial, y convocaron públicamente a sus camaradas de la Gendarmería a sumarse a la demanda.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se acercó Guardacostas para sumarse a una reunión que su secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, ya había iniciado con Berni en búsqueda de una solución para analizar “cuáles fueron los criterios utilizados por la fuerza y para dilucidar dónde se cometieron errores”, según la agencia oficial Télam.
La protesta incluyó diferentes sedes de la Prefectura en la Capital Federal -como La Boca y Núñez-, en provincia de Buenos Aires (Ensenada y Zárate) y hasta en Río Gallegos (Santa Cruz), donde semanas atrás se había acuartelado la policía por salarios.
Uno de los voceros de los prefectos, el cabo primero Claudio Mesa, quiso aclarar a los medios oficialistas que "los prefectos no están acuartelados, sino que la protesta la realizan sólo quienes hoy están de día franco". Mesa manifestó que “el decreto no está mal, lo que está mal es la aplicación que hace la Prefectura”, ya que “la negociación la realizó el personal superior perjudicando al resto”, según Télam.
Los suboficiales mantuvieron una breve reunión con el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, para informarle de su reclamo y pedirle soluciones, pero cuando el funcionario les solicitó 24 horas de plazo para analizar el tema a cambio que se desactivara la protesta, los manifestantes decidieron permanecer frente al edificio, en Puerto Madero, hasta que se garantice la devolución del dinero y que no habrá sanciones.
El punto de conflicto alude a la aplicación 1307/2012, publicado el pasado 4 de septiembre en el Boletín Oficial, en donde se fija el haber mensual para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura, suprimiéndose adicionales y dejando sin efecto compensaciones.
De acuerdo a los manifestantes, esa decisión generó reducciones en los salarios de hasta el 60 por ciento de los ingresos. Situaron esos descuentos entre 1.500 y 5.000 pesos, según la jerarquía, la actividad y las cantidad de familiares, informó DyN.
Sobre el anochecer, tras leer un petitorio de siete puntos, los suboficiales ratificaron que no abandonarán la protesta hasta tener una respuesta oficial, y convocaron públicamente a sus camaradas de la Gendarmería a sumarse a la demanda.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se acercó Guardacostas para sumarse a una reunión que su secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, ya había iniciado con Berni en búsqueda de una solución para analizar “cuáles fueron los criterios utilizados por la fuerza y para dilucidar dónde se cometieron errores”, según la agencia oficial Télam.
La protesta incluyó diferentes sedes de la Prefectura en la Capital Federal -como La Boca y Núñez-, en provincia de Buenos Aires (Ensenada y Zárate) y hasta en Río Gallegos (Santa Cruz), donde semanas atrás se había acuartelado la policía por salarios.
Uno de los voceros de los prefectos, el cabo primero Claudio Mesa, quiso aclarar a los medios oficialistas que "los prefectos no están acuartelados, sino que la protesta la realizan sólo quienes hoy están de día franco". Mesa manifestó que “el decreto no está mal, lo que está mal es la aplicación que hace la Prefectura”, ya que “la negociación la realizó el personal superior perjudicando al resto”, según Télam.
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