domingo, 30 de septiembre de 2012

Paraná: reveladora carta de varios curas que querían a Ilarraz en la Justicia

La nota de ocho sacerdotes, de 2010, habla de otros curas abusadores. Le reclamaron a Maulión que denunciara a Ilarraz ante la Justicia y advirtieron que el silencio era complicidad y encubrimiento.

Los firmantes de la nota que en setiembre de 2010 recibió el obispo Mario Maulión y todo su Consejo Presbiteral, son ocho curas del Departamento Paraná (UNO/Juan Ignacio Pereira).
Acceder a la nota que en setiembre de 2010 ocho sacerdotes de Paraná y Paraná campaña le remitieron al obispo Maurio Maulión reclamándole acciones concretas ante los casos de abusos de menores en la Iglesia local, permite entender aspectos determinantes del caso que conmueve a la opinión pública.
 

Como se sabe, en la Justicia entrerriana se lleva adelante una investigación para determinar los casos de abusos cometidos por el cura Justo Ilarraz cuando estaba al frente del Seminario Menor, entre 1984 y 1992. Apenas conocida esa información, el Arzobispado paranaense reconoció la existencia de los hechos y planteó un escenario que -a la luz del contenido de esta nota- resulta falso.
 

Los firmantes de la nota que en setiembre de 2010 recibió el obispo Mario Maulión y todo su Consejo Presbiteral, son ocho curas del Departamento Paraná, cuyas edades son similares a las de las víctimas confirmadas de Ilarraz, algunas de las cuales ya prestaron declaración en Tribunales.
 

La citada nota señala inicialmente: “Uno de los temas abordados con gran preocupación en estas reuniones de Decanato es el relativo a los abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio”. La frase no se refiere a un caso, sino a varios casos, de lo que surge que existe conocimiento de otros abusos por parte de otros sacerdotes a menores.
 

Párrafo seguido, el texto da cuenta del caso de Ilarraz. “Sobretodo nos preocupa la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias, que es el caso de Justo Ilarraz, quien fuera formador del Seminario Menor a principios de la década del 90”, indican los ocho curas en la nota, de setiembre de 2010, dando cuenta de la preocupación especial que genera “uno de los casos”, en referencia al de Ilarraz.
 

Este grupo de curas se ve en la necesidad de explicarle al obispo el motivo de su preocupación, como si este no pudiera advertirlo. Nótese que se trata de una institución absolutamente verticalista, donde adoptar este tipo de actitud puede resultar complejo.
 

Dicen: “Nuestra preocupación es doble. Por un lado, por el hecho de que el padre Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio sacerdotal, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica, ni haya sido convenientemente investigado y juzgado por la autoridad civil (...)”.

En este párrafo, que continúa, los ocho sacerdotes señalan que nunca existió una causa en el marco del supuesto juicio ante autoridades eclesiales al que se dijo que se había sometido al cura abusador. Mucho menos existió una causa ante la Justicia terrenal.


Y sigue el párrafo: “Es un hecho que quien padece de pedofilia puede cambiar solo con mucha dificultad. En todo caso, es una imprudencia -y es el caso de nuestra Iglesia- que siga ejerciendo el ministerio y estando en contacto con fieles con los cuales puede volver a ocurrir lo mismo que aquí en Paraná”.
 

Sobre el final, otra prueba más del conocimiento que existía en la Iglesia paranaense de los abusos ocurridos.
 

Sobre el otro motivo de preocupación, los curas señalan: “Por otra parte, nos preocupa el hecho de que el silencio de las autoridades eclesiásticas sea interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad”.
 

Y advierten luego: “Creemos que tarde o temprano el caso va a salir a la luz y tememos por el impacto negativo que pudiera tener para la fe de nuestros creyentes y la confianza que depositan en nosotros”.
 

Tras ello, viene una recomendación clara a Maulión: “Nos parece que prolongar este silencio, a la larga, puede dañar mucho más la imagen de la Iglesia en Paraná, que reconocer los sucesos y nuestra parte de responsabilidad en los mismos”, en lo que constituye una clara valoración de la gravedad del silencio de las autoridades que tuvieron conocimiento del tema, entre ellos el actual cardenal Estanislao Karlic, el exobispo Maulión y el actual Juan Alberto Puiggari.
 

Por último, la nota señala: “Creemos que es necesario entonces una acción que con toda claridad ponga de manifiesto nuestra profunda aversión a lo sucedido, nuestra disponibilidad a que se lleven a cabo las acciones legales pertinentes, tal como ha pedido el Santo Padre: ‘Los responsables de estos males deben ser llevados ante la Justicia’, y nuestro sincero empeño en que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más”.
 

Vale señalar que la frase del papa Benedicto XVI está entrecomillada y con negrita, recordándole al obispo qué es lo que dice el Papa sobre el tema.
 

Por lo demás, es claro que se entiende necesario denunciar el caso ante la Justicia.


Una llave 
En más de una oportunidad el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende ha dicho que esa nota es “realmente una llave importantísima para la investigación, en la que se ratifican aún más cuestiones gravísimas”.

Conocido el texto, queda claro a lo que el abogado paranaense se refiere. Por un lado se habla de abusos por parte de sacerdotes, después de los cometidos por Ilarraz, y de la complicidad y encubrimiento que ellos entienden que constituyó el silencio de las autoridades religiosas.
 
La valiosa prueba del conocimiento que tenían de estos hechos -y que tendrían de otros similares- las autoridades de la Iglesia paranaense está incorporada al expediente en su original, lo que constituye una de las rarezas de la situación, ya que podría suponerse que fue aportada por alguien que lógicamente tiene acceso a esa documentación. Pero más allá de esta especulación, no hay datos precisos de cómo se sumó al expediente.

Uno de los temas abordados con gran preocupación en estas reuniones de Decanato son los abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio.”

Nos preocupa que Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica, ni haya sido investigado y juzgado por la autoridad civil.”

Nos preocupa el el hecho de que el silencio de las autoridades eclesiásticas sea interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad“.

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