jueves, 30 de agosto de 2012

NAC. Piden sobreseer a los abogados del estudio Righi acusados por Boudou

El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la absolución de los letrados que integran el estudio del ex procurador general de la Nación. El vicepresidente los denunció por tráfico de influencias cuando estaba a cargo de la Anses

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy sobreseer a los abogados del estudio del ex procurador de la Nación Esteban Righi, quienes habían sido denunciados por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por supuesto tráfico de influencias.

"Lo cierto es que, luego de producida toda la prueba posible, ninguno de los que fueron llamados a declarar pudieron dar cuenta de manera exacta e inequívoca de cuáles fueron los motivos y/o el objeto de las reuniones mantenidas entre el licenciado Boudou y los letrados de la matrícula" por un lado, y entre el vicepresidente y el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, a quien también denunció.

La denuncia fue realizada por Boudou cuando comenzó a tramitar la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, y en la cual está imputado por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilicito.

Boudou había denunciado que en la época que estaba a cargo de la ANSeS en 2009, los abogados Ana María García, la mujer del ex procurador, María José Labat, esposa del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro y Fabián Musso le ofrecieron supuestamente servicios para las causas en los tribunales de Comodoro Py.

Ahora, el fiscal pidió el sobresemiento de todos ellos, de Gabbi, y del dueño de la empresa Boldt, la competidora de Ciccone, Antonio Tabanelli.

"Más aún, tampoco ninguno de los citados supo dar fe ni antes, ni durante, ni después de que estas audiencias se llevaron a cabo, de por qué las mismas habían tenido lugar, ni mucho menos de su contenido, más allá de las fechas en que se desarrollaron y los aparentes motivos de carácter general que tuvieron, los cuales se consignaron en diversos instrumentos de registro, llámese agendas privadas y/o planillas", sostuvo Di Lello.

Para el fiscal, los dichos de Boudou son "una verdad incontrastable", "al no haberse podido acreditar los extremos de la denuncia, es decir que durante el desarrollo de las audiencias se hubiera dado, ofrecido o prometido algún tipo de dádiva al denunciante, ni mucho menos tampoco que se le hubiere insinuado o formulado a éste algún tipo de sugerencia con relación a presuntas relaciones o influencias que evitarían problemas con la Justicia".

"Resulta evidente que corresponde a esta altura del proceso, dar un corte definitivo a la investigación, en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificado, pese a la labor pesquisitiva encarada".

El fiscal resaltó que el propio Boudou al realizar la denuncia dijo que "no hubo ofrecimiento o promesa de dinero alguno, ni tampoco siquiera se pactó la entrega de dádiva alguna” sino sólo “un trato favorable con respecto a las causas judiciales que éste tenía".

"Pero habrá de advertirse que a cambio de tal ofrecimiento no se le requirió como moneda de cambio un tratamiento especial de parte del nombrado, asemejándose más en todo caso dicha conducta a una indicación de su parte, para que el denunciante se acogiera a los servicios que ellos prestaban", concluyó Di Lello.

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