Docentes, abogadas y militantes que trabajan en los barrios advirtieron sobre la falta de contención y la impotencia que muchas mujeres sienten al denunciar casos de discriminación y violencia en la ciudad. Van a presentar un documento a las autoridades.
Bronca. Es lo que manifestaron muchas
mujeres ante situaciones de extrema vulnerabilidad e injusticia que se
viven en los barrios más carentes.- Foto:Mauricio Garín
A diario, las mujeres santafesinas sufren discriminaciones de todo tipo: por su clase social, su nivel educativo, su forma de vida y por el sólo hecho de ser mujer. Formalmente se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, pero en la práctica, y sobre todo en los barrios más vulnerables, esto parece una utopía.
En la “Asamblea de diagnóstico participativo”, organizada por el Inadi, abogadas, docentes, psicólogas, delegadas gremiales, militantes y representantes de ONGs plantearon la falta de respuesta del Estado, en organismos como la Subsecretaría de Niñez de la Provincia, comisarías, tribunales de familia y centros de acceso a la Justicia, ante las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos en justicia, educación, salud, trabajo y seguridad.
Las historias que contaron no sólo revelan con crudeza casos de abuso, maltrato y violencia, sino que refieren la impotencia y la desprotección que se siente, muchas veces, frente a la respuesta del Estado. Para comprenderlo mejor hay que ir caso por caso.
Burocracia. “Cada vez que una mujer pobre denuncia un hecho de violencia ingresa a un laberinto”, aseguró Stella Maris Vallejos, presidenta del Inadi Santa Fe, y relató el caso de una joven golpeada por su marido, que pidió ayuda en el Inadi. “La acompañé en todo el recorrido por distintas oficinas públicas hasta poder concretar la denuncia. Fuimos de un lugar a otro sin obtener respuesta. Tuve que ‘sacar chapa’ de Inadi para que le tomen la denuncia. Y ahí me encontré con otra aberración: le dieron un formulario preestablecido, que decía que la denuncia era por ‘problemas conyugales’. Rechacé ese formulario y le dije que era un caso de violencia y de abuso, no un ‘problema familiar’. Esta mujer pudo hacer la denuncia porque yo la acompañé, pero ¿y el resto?”.
También se denunció la mala predisposición —y a veces la negativa— en las comisarías para tomarles las denuncias por violencia familiar hasta el mal accionar de la Justicia en los casos de abuso sexual infantil. Buena parte de la discusión giró en torno a la falta de lugares donde alojar a los niños abusados por algún familiar y a las mujeres golpeadas por sus parejas. Asimismo, se criticó la falta de operatividad en las respuestas. “Te tienen que cagar a palos en horario de comercio. Sino, no hay quién te atienda”, ironizó la abogada Cristina Temporetti.
Pobreza estructural. “En la Vía Muerta (Colastiné), hay una chica de 14 años con discapacidad que es abusada por su padrastro. Hace más de un mes que reboto de una oficina a la otra, viendo quién puede atender este caso. Mientras tanto, la chica sigue siendo abusada”, contó desesperada Carolina Pérez Costamagna, militante de Juventud para la Victoria.
En este contexto, son frecuentes los abusos intrafamiliares. “El abuso es parte de su cotidianeidad. Viven todos hacinados. Conozco dos nenas que son hijas de un hombre y su hermana”, siguió relatando la joven.
Finalmente, advirtió la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. “Hay una jovencita que está esperando su sexto hijo, con total resignación porque no tiene ni idea de cómo cuidarse”.
Educación. “En las escuelas privadas, algunas docente son discriminadas si forman pareja después de divorciarse o si son madres solteras”, planteó Cecilia de Santa María, secretaria de Sadop. Todos coincidieron en la “fuerte presión ideológica de la Iglesia para discriminar a las mujeres que se salen del modelo tradicional de familia”.
También se planteó la reticencia para instalar la educación sexual en las escuelas. “Esto sucede por los fantasmas —erróneos— que asocian la educación sexual con la genitalidad y creen que fomenta las relaciones sexuales más tempranamente. Pero es todo lo contrario: la educación sexual permite postergar la iniciación genital”, explicó Cristina Zurutuza, directora de Género del Inadi nacional y coordinadora del debate.
Salud. La discriminación abarca desde la diferencia de trato en los hospitales, según la clase social del paciente, hasta la falta de privacidad en los consultorios ginecológicos de los centros de salud de los barrios. También se planteó la dificultad de encontrar médicos en los dispensarios, ya que muy pocos cumplen sus horarios de trabajo por superposición de cargos y por sus compromisos en la atención privada.
Discapacidad. “Ni los edificios ni el personal de las escuelas públicas están preparados para atender las necesidades de los alumnos con discapacidades”, aseguró la concejala santotomesina Rosana Zamora (PJ) y relató el caso de una niña con discapacidad motriz que tuvo que cambiarse de una escuela pública normal a una especial porque “no tenían aulas en planta baja y porque nadie podía hacerse cargo de acompañarla al baño”.
Las conclusiones del taller se plasmarán en un documento, que será presentado a las autoridades locales. Además de esta asamblea, el Inadi organizó una jornada de capacitación en Recreo y la mesa de “Consenso de estado contra la discriminación por género”, que reunió a funcionarios de todos los poderes estatales.
Trabajadores preocupados
Hace tiempo que los profesionales que trabajan en territorio —centros de salud, organismos comunitarios y escuelas— denuncian la falta de coordinación de acciones entre los diferentes ministerios y de capacitación para abordar los casos de violencia familiar y abuso infantil. En mayo, más de 150 profesionales plantearon las dificultades para hacer las denuncias y para alojar a los niños que son separados de sus familias. Además reclamaron por la falta de presupuesto y de equipos capacitados.
Pocos recursos y mal utilizados
“Hay una igualdad formal a través de las leyes, pero las prácticas cotidianas nunca llegan a respetarlas en su totalidad. Cada vez es más visible la violencia hacia las mujeres. El imaginario colectivo de Occidente tiene como modelo al varón, blanco, heterosexual, propietario y sin discapacidad. Todo lo que se salga de ese modelo es discriminado”, planteó Cristina Zurutuza, directora de género del Inadi nacional.
¿Cómo se logra una igualdad real? “Articulando políticas públicas y construyendo un Estado más integrado. Hay que luchar contra las supuestas ‘quintitas’ de poder, donde cada uno se siente más seguro si está aislado, porque generan una mala utilización de los recursos y una duplicación de acciones”, señaló.
Así como la discriminación atraviesa todos los campos sociales, las herramientas para combatirla también deben ser transversales a todas las políticas públicas.
¿Cuáles son los principales obstáculos? “Hay un desperdicio de recursos: hay programas y leyes que no son conocidos por los ciudadanos, como la de parto humanizado, la educación sexual integral o el programa de salud sexual y procreación responsable. Las mujeres que sufren violencia y los niños con abuso sexual no tienen respuestas adecuadas. No hay mecanismos, ni medios, ni recursos humanos capacitados, ni refugios para solucionarlo. La comisaría de la mujer no está tomando denuncias de violencia contra la mujer. Muchas áreas que tratan problemáticas de la mujer tienen poco presupuesto o no tienen”, diagnosticó Zurutuza.
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