La Municipalidad advirtió ayer
que las pensiones que no tengan los requisitos para funcionar podrán ser
demolidas, aunque con la intimación previa correspondiente. De este
modo, el Palacio de los Leones insistirá en derribar el inmueble de
Pitágoras 7451, en la zona noroeste, que fue clausurado por segunda vez
hace pocos días por no contar con habilitación ni con las condiciones de
seguridad necesarias.
Además de la denuncia penal presentada
en los Tribunales provinciales, el secretario de Gobierno municipal,
Fernando Asegurado, adelantó que "se seguirán los trámites para la
regularización de ese edificio que, por las condiciones que presenta, no
es otra que la demolición". La primera clausura del lugar se había
producido en julio del año pasado, cuando el entonces director de la
Guardia Urbana Municipal (GUM), Mariano Savia, se presentó ante
Tribunales también para pedir la demolición del lugar que en aquél
momento estaba en obra.
La última inspección se produjo el
viernes pasado, cuando la GUM clausuró nuevamente el lugar por
encontrarse en condiciones muy precarias y no cumplir con las normas
básicas de higiene y seguridad. Si bien el edificio tenía unas 30
habitaciones, apenas había tres inquilinos fueron reubicados por la
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad.
Inhabitable. El lugar
tiene tres pisos y en las habitaciones apenas entra una cama de una
plaza, muchas también carecen de puertas y poseen cables eléctricos a la
vista.
El espacio no sólo tenía inspecciones y
clausuras anteriores, sino que además había sido denunciado
recurrentemente por el concejal Héctor Cavallero (PPS).
Trámites. El
secretario de Gobierno recordó una vez más que "el lugar tenía varias
violaciones de clausura y sus titulares hicieron caso omiso a las
actuaciones, ya que no contaba ni con habitación ni con permiso de
obra". Por eso, tras reunirse con el concejal Cavallero, el funcionario
explicó que "la estrategia jurídica será fortalecer las áreas de
inspección para que estas situaciones no queden sólo en la denuncia
penal, sino que además, en casos como éste, se hagan las demoliciones".
Asegurado destacó que "se trata de
construcciones precarias que no cumplen los reglamentos de la ciudad,
por lo que regularizar su situación será derribar los inmuebles y se
tratará para que el propietario se haga cargo de eso".
El funcionario recordó situaciones
similares, donde incluso existía peligro de derrumbe, como la de la
casona de San Luis al 1000, que también funcionaba como pensión sin
habilitación e incluso albergaba a varias familias.
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