La Municipalidad advirtió ayer que las pensiones que no tengan los requisitos para funcionar podrán ser demolidas, aunque con la intimación previa correspondiente. De este modo, el Palacio de los Leones insistirá en derribar el inmueble de Pitágoras 7451, en la zona noroeste, que fue clausurado por segunda vez hace pocos días por no contar con habilitación ni con las condiciones de seguridad necesarias.
La Capital |
Además de la denuncia penal presentada en los Tribunales provinciales, el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, adelantó que "se seguirán los trámites para la regularización de ese edificio que, por las condiciones que presenta, no es otra que la demolición". La primera clausura del lugar se había producido en julio del año pasado, cuando el entonces director de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Mariano Savia, se presentó ante Tribunales también para pedir la demolición del lugar que en aquél momento estaba en obra.
La última inspección se produjo el viernes pasado, cuando la GUM clausuró nuevamente el lugar por encontrarse en condiciones muy precarias y no cumplir con las normas básicas de higiene y seguridad. Si bien el edificio tenía unas 30 habitaciones, apenas había tres inquilinos fueron reubicados por la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad.
Inhabitable. El lugar tiene tres pisos y en las habitaciones apenas entra una cama de una plaza, muchas también carecen de puertas y poseen cables eléctricos a la vista.
El espacio no sólo tenía inspecciones y clausuras anteriores, sino que además había sido denunciado recurrentemente por el concejal Héctor Cavallero (PPS).
Trámites. El secretario de Gobierno recordó una vez más que "el lugar tenía varias violaciones de clausura y sus titulares hicieron caso omiso a las actuaciones, ya que no contaba ni con habitación ni con permiso de obra". Por eso, tras reunirse con el concejal Cavallero, el funcionario explicó que "la estrategia jurídica será fortalecer las áreas de inspección para que estas situaciones no queden sólo en la denuncia penal, sino que además, en casos como éste, se hagan las demoliciones".
Asegurado destacó que "se trata de construcciones precarias que no cumplen los reglamentos de la ciudad, por lo que regularizar su situación será derribar los inmuebles y se tratará para que el propietario se haga cargo de eso".
El funcionario recordó situaciones similares, donde incluso existía peligro de derrumbe, como la de la casona de San Luis al 1000, que también funcionaba como pensión sin habilitación e incluso albergaba a varias familias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario