Dieciocho personas de nacionalidad colombiana fueron rescatadas ayer en la provincia de Santa Fe en el marco de un mega operativo contra la trata de personas para fines de explotación laboral realizado en conjunto por la Afip y los Ministerios de Justicia, Desarrollo Social y Seguridad de la Nación. Hubo 69 allanamientos simultáneos en todo el país, de los cuales se realizaron cuatro en Rosario, donde encontraron a diez personas y otros cuatro en Santa Fe, donde rescataron a ocho.
El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, que dirige Zaida Gatti, contabilizaba 85 víctimas en todo el país. Anoche se seguía trabajando en algunas provincias.
Son inmigrantes que llegaron país engañados por una red que les ofrecía cuantiosos ingresos mensuales --unos 20 mil pesos-- y al llegar acá los sometía a condiciones muy diferentes: debían confeccionar y vender canastos de cinta plásticos y muebles de madera. En algunos casos, trabajaban en los dos roles. El vendedor sólo cobraba la primera cuota de lo que vendía y luego, el dinero lo recogía un "cobrador" que se investiga si formaba parte de la misma red. El ingreso promedio era de 200 pesos semanales.
"Estas personas venían de Colombia sin saber cuál era el país al que irían, y con una promesa de pago que no se cumplía. Aunque alguien pueda pensar que existe una incongruencia entre el trabajo de vendedor ambulante y una situación de trata. Estaban cautivas psicológicamente, porque son personas que está alejada de su país, sin plata para volver, y esperanzada con cobrar un dinero que creemos jamás les pagarían, para volver a su casa", expresó Zaida Gatti, directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una víctima de nacionalidad colombiana. Había llegado al país con la promesa de un trabajo y terminó en una fábrica de canastos artesanales donde era explotada laboralmente. A partir de los dichos de esta víctima que logró escapar, el fiscal federal cordobés Enrique José Senestrari inició una investigación judicial y sumó a la denuncia la información aportada por la delegación cordobesa de Migraciones. Desde allí le habían informado que en 2012 ingresaron al país tres mil colombianos que declararon como su actividad principal la de ser artesanos. Todos suministraban como domicilio la misma dirección. Estos artesanos eran vistos en distintas provincias, entre ellos Santa Fe.
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