El material gráfico es parte de la causa donde al dueño del cabaret lo acusan de proxenetismo. La defensa de Juan "Indio Blanco" Cabrera no quiere que lo perite la policía. Las bailarinas hacían shows en un escenario frente a la barra.
La Capital |
El titular del La Rosa Sexy bar presentó ayer la apelación del procesamiento en su contra por facilitamiento de la prostitución con fines de lucro, y solicitó que las filmaciones secuestradas en el marco del allanamiento donde se clausuró el local sean peritadas por la Corte Suprema de Justicia, y no por la policía. Argumenta que se puede generar una “severa intromisión al derecho a la intimidad” de personas ajenas a la investigación.
Juan Cabrera, dueño del cabaret ubicado en Callao 126 bis clausurado el 25 de mayo tras un allanamiento donde quedó detenido —recupero la libertad el lunes pasado—, presentó ayer la apelación del procesamiento en su contra dictado por la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas.
En un escrito de una carilla firmado por el abogado Paul Krupnik y de trámite casi obligado, dice que interpone “formal recurso de apelación” contra la resolución donde se dispone el procesamiento con prisión preventiva por el delito de “explotación económica y facilitamiento de la prostitución”.
Pero el también apodado Indio Blanco teme por la manipulación y tratamiento que pudieran tener las imágenes captadas por el sistema de video interno del local, secuestrado al momento de ser allanado y cuyo contenido está en pleno proceso de peritaje en la división informática de la policía.
Prueba sensible. En el escrito Cabrera plantea que están en juego “garantías de raigambre constitucional” y pide que se revoque la orden de Rodenas referida a la designación de expertos policiales para que analicen el material, y que en su lugar lo haga personal de informática de la Corte Suprema de Santa Fe.
“El acceso del personal policial a la información de una cantidad indeterminada de personas que pudieron ingresar al cabaret y wiskería, legalmente autorizados por la legislación vigente, puede generar una severa intromisión al derecho a la intimidad de ciudadanos ajenos a cualquier investigación penal, con los perjuicios que eso puede acarrear”, cuestiona.
Y propone formalmente a un perito de parte para ejercer el “debido control de la prueba” para garantizar el derecho a defensa.
Según consta en la causa, había seis cámaras distribuidas entre el cabaret y un hotel lindero que captaban imágenes del personal y clientes: en la barra, en el ingreso y hall del hotel, en la puerta del cabaret, en la pista de baile y en la terraza del hotel.
Aunque en manos de los peritos también hay registros que ponen en alerta a más de un parroquiano. Se trata de una cámara (que no pudo ser identificada físicamente), ubicada dentro de una de las habitaciones del alojamiento, con escenas de parejas manteniendo relaciones sexuales.
A Cabrera se lo acusa de regentear los servicios sexuales que ofrecían en su negocio 19 mujeres, todas mayores de edad, con contrato laboral avalado por la Intendencia y libreta sanitaria.
Un grupo de esas mujeres reconoció compartir sus ganancias con él al final de cada jornada (50 por ciento de lo recaudado). Pero el imputado negó rotundamente la acusación y dijo que su rentabilidad se desprendía de la venta de entradas y de la consumición de bebidas. Esa postura fue sostenida por otras empleadas, que piden la reapertura del cabaret.
No hay comentarios:
Publicar un comentario