La exposición ante la Corte de Apelaciones en Nueva York será el viernes próximo. El objetivo es revisar el fallo del juez Griesa
Según el cronograma de la Corte, la Argentina presentará su posición el 28 de diciembre, donde afinará el lápiz para insistir en sus argumentos contra la interpretación que habla de una presunta violación de parte del país de la teoría del `pari passu`, tratamiento igualitario a los acreedores, y que buscará dejar sentada su posición sobre los nuevos pasos que dará en ese sentido.
También, según sostuvo el gobierno de Estados Unidos a través del fiscal del Distrito Sur de Manhattan en una nota enviada a la Corte el pasado 13 de diciembre, la administración de Barack Obama, esto es el Departamento de Tesoro y Departamento de Estado, podrían concretar el mismo día una presentación formal de apoyo al pedido argentino de una revisión total del fallo de segunda instancia (del 26 de octubre) "en banc", es decir, con los 13 jueces que integran dicha Corte.
El Gobierno argentino, incluso, podría dejar abierta la puerta para el envío al Congreso de un proyecto de Ley para que el Poder Legislativo dé tratamiento a la posibilidad de suspender la Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura de un eventual canje de deuda.
También habrá precisiones sobre el mecanismo de pago, para reafirmar, una vez más, que cumplimiento con los acreedores se realiza en la Argentina, a través de un fideicomiso, y que si prosperara el fallo de juez Griesa sobre esta cuestión, quedarían afectados el 93% de los tenedores que ingresaron al canje.
Griesa determinó que la Argentina debía pagarle 100% a los holdouts que tiene sentencia en el fallo de los fondos buitre NML y otros -unos 1.330 millones de dólares-, con los pagos que en diciembre se realizaron a los bonistas que ingresaron al canje.
Este fallo fue suspendido por la Corte de Apelaciones y posibilitó que la Argentina continuara cumpliendo con normalidad los vencimiento de deuda a los acreedores, entre ellos, el mayor pago en 10 años de unos 3.520 millones de dólares, por el cupón atado a la evolución del PBI.
La Corte de Apelaciones, que avaló la parte del fallo de Griesa en cuanto a la interpretación del `pari passu` pero rechazó la fórmula de pago propuesta por el juez, ideó un cronograma de presentaciones, y dio lugar a terceros afectados por la medida, y los consideró parte interesada del juicio, lo cual les da la posibilidad de apelar ante una decisión desfavorable.
De esta forma, el próximo 4 de enero será el turno de este grupo de afectados, donde se ubican los 93% de acreedores que ingresaron al canje, representados por los fondos Gramercy y Fintech; el Bank of New York (agente de pago); la cámaras compensadoras (DTC); bancos locales como Puente hnos; entre otros.
Luego, el 25 de enero será el turno de NML y Aurelius, los fondos buitre que piden el cobro del 100% de sus tenencias, ante la justicia de Estados Unidos, antes de la audiencia clave que tendrá lugar el próximo 27 de febrero.
Previo a ello, habrá una instancia más el primero de febrero, para que cada una de las partes tenga oportunidad de respuesta a las presentaciones.
Según trascendió este fin de semana, los fondos buitre fueron de nuevo a Griesa con un pedido para que el juez obligue a la Argentina a divulgar comunicaciones reservadas existentes entre la defensa legal, el estudio Cleary Gottlieb, y el Ministerio de Economía, alegando que es información "vital" para saber las intenciones de pago del Gobierno.
También, según sostuvo el gobierno de Estados Unidos a través del fiscal del Distrito Sur de Manhattan en una nota enviada a la Corte el pasado 13 de diciembre, la administración de Barack Obama, esto es el Departamento de Tesoro y Departamento de Estado, podrían concretar el mismo día una presentación formal de apoyo al pedido argentino de una revisión total del fallo de segunda instancia (del 26 de octubre) "en banc", es decir, con los 13 jueces que integran dicha Corte.
El Gobierno argentino, incluso, podría dejar abierta la puerta para el envío al Congreso de un proyecto de Ley para que el Poder Legislativo dé tratamiento a la posibilidad de suspender la Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura de un eventual canje de deuda.
También habrá precisiones sobre el mecanismo de pago, para reafirmar, una vez más, que cumplimiento con los acreedores se realiza en la Argentina, a través de un fideicomiso, y que si prosperara el fallo de juez Griesa sobre esta cuestión, quedarían afectados el 93% de los tenedores que ingresaron al canje.
Griesa determinó que la Argentina debía pagarle 100% a los holdouts que tiene sentencia en el fallo de los fondos buitre NML y otros -unos 1.330 millones de dólares-, con los pagos que en diciembre se realizaron a los bonistas que ingresaron al canje.
Este fallo fue suspendido por la Corte de Apelaciones y posibilitó que la Argentina continuara cumpliendo con normalidad los vencimiento de deuda a los acreedores, entre ellos, el mayor pago en 10 años de unos 3.520 millones de dólares, por el cupón atado a la evolución del PBI.
La Corte de Apelaciones, que avaló la parte del fallo de Griesa en cuanto a la interpretación del `pari passu` pero rechazó la fórmula de pago propuesta por el juez, ideó un cronograma de presentaciones, y dio lugar a terceros afectados por la medida, y los consideró parte interesada del juicio, lo cual les da la posibilidad de apelar ante una decisión desfavorable.
De esta forma, el próximo 4 de enero será el turno de este grupo de afectados, donde se ubican los 93% de acreedores que ingresaron al canje, representados por los fondos Gramercy y Fintech; el Bank of New York (agente de pago); la cámaras compensadoras (DTC); bancos locales como Puente hnos; entre otros.
Luego, el 25 de enero será el turno de NML y Aurelius, los fondos buitre que piden el cobro del 100% de sus tenencias, ante la justicia de Estados Unidos, antes de la audiencia clave que tendrá lugar el próximo 27 de febrero.
Previo a ello, habrá una instancia más el primero de febrero, para que cada una de las partes tenga oportunidad de respuesta a las presentaciones.
Según trascendió este fin de semana, los fondos buitre fueron de nuevo a Griesa con un pedido para que el juez obligue a la Argentina a divulgar comunicaciones reservadas existentes entre la defensa legal, el estudio Cleary Gottlieb, y el Ministerio de Economía, alegando que es información "vital" para saber las intenciones de pago del Gobierno.
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