Reacomodamiento de precios, tensión distributiva, suba del costo de vida: más allá de los eufemismos, el Gobierno comenzó a elaborar un plan de mediano plazo para revisar las estructuras y costos de producción de alimentos y bienes industriales para morigerar la inflación desde el área de Economía, a cargo de Axel Kicillof. Mientras tanto, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se centra en el corto plazo con los ya clásicos acuerdos de precios y una renovada canasta básica en supermercados.
Más allá de que la Presidenta desestimó que la inflación sea del 25%, en la Casa Rosada hay preocupación por el incremento de precios, que no mermó sino que se aceleró este año, a pesar de varios meses de desaceleración. Según estimaciones privadas, se acerca a terminar el año en el orden del 25% anual, cuando había arrancado en el orden del 21%.
La mira está puesta, primero, sobre los sectores concentrados de la economía, en especial en lo que hace a alimentos. La Subsecretaría de Competitividad del Ministerio de Economía, a cargo de Augusto Costa, mano derecha de Kicillof, lleva adelante el relevamiento de los sectores, “sobre todo para lo que es alimentos”, según explicaron desde el Palacio de Hacienda. Comenzó analizando costos del sector lácteo, la semana pasada, y define con Agricultura nuevos encuentros para los próximos días. “Las mesas de competitividad analizan costos para que no haya abuso de posición dominante”, indicaron desde el Gobierno.
“Hay que discutir la política agropecuaria”, ponderó por su parte un economista afín al Gobierno, Andrés Asiaín, investigador del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo (Cemop). La idea se alinea con las recientes declaraciones del diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que anticipó mayor intervención del Estado sobre los sectores más liberales. “Los líderes de la Sociedad Rural decían que la carne tenía que valer más de $ 100 en la Argentina. No llegamos a eso porque no les dejamos la libertad que ellos quieren para poner los precios, pero ellos son los que ponen los precios”, dijo el legislador.
“Avanzar sobre los formadores de precios es muy difícil. Hay una puja de distribución del ingreso que se soluciona con un pacto social, a través de un acuerdo con los grupos concentrados”, agregó Asiaín, que ejemplificó con la última suba de precio de la yerba mate.
La sojización de la producción, en tanto, también se señala como una de las causas de la inflación, lo que pone en agenda un reequilibrio de la producción agrícola. “En el 2007-2008 se triplicaron los precios de los productos de las exportaciones, como la soja. Un tipo que tiene un campo y en ese campo tiene vacas, liquidó el ganado y pasó a producir soja porque rendía más”, fue la explicación lisa y llana del economista.
Pero la discusión con los formadores de precios llevará tiempo, según reconocen los funcionarios. Por eso, en el corto plazo el área a cargo de Moreno mantendrá el control de precios y los acuerdos sectoriales y estacionales para hacer frente a las subas inmediatas. Uno de los paliativos es el nuevo intento por instalar una canasta básica, formada por 300 productos, para lo que los supermercados entregaron una lista que será analizada por el funcionario. En estos artículos de necesidad básica, las subas no llegarán si no tienen el visto bueno oficial.
En medio de esos acuerdos, el Gobierno renovará otros, estacionales y sectoriales, como una nueva canasta navideña a precios populares, tal como la tradicional canasta escolar en marzo. El secretario seguirá negociando, además, protección comercial con el compromiso de que los precios no aumenten por la menor competencia con bienes del exterior.
En medio de esas estrategias, la industria también negocia con la cadena de insumos para el sector productivo, como las reuniones que lleva adelante la titular de Industria, Débora Giorgi, que en los últimos días convocó a los fabricantes de maquinaria agrícola con el mismo objetivo que antes la había llevado a reunirse con automotrices y autopartistas y productores y forjadores de aceros especiales para garantizar el abastecimiento en condiciones de precio, cantidad y calidad para reemplazar los insumos del exterior.
A ese combo se suman propuestas impositivas desde el sector legislativo, como un proyecto para aumentar una devolución del IVA –de forma gradual– a quienes cobren una jubilación mínima o la asignación universal por hijo (AUH). El proyecto fue presentado por el diputado por Salta y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Fernando Yarade, y está a la espera del análisis en comisión. La iniciativa prevé aumentar el 5% de devolución del IVA en las tarjetas de débito, por puntos. “Lo que se puede perder de recaudación puede ganarse en consumo”, ponderó el autor, que además considera que “sería un avance hacia la formalidad”.
La estrategia, además, convive con el armado de un nuevo índice de precios, federal, según lo negociado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su última reunión de directorio emplazó a la Argentina a generar estadísticas confiables antes del 17 de diciembre para no sufrir sanciones que podrían incluir una “moción de censura” en el organismo.
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