La Cámara de Diputados provincial discute un proyecto para crear un instituto solidario que otorgue becas a estudiantes terciarios y universitarios a partir del cobro de un impuesto a profesionales liberales matriculados.
La Capital |
La Cámara de Diputados provincial discute un proyecto para crear un instituto solidario que otorgue becas a estudiantes terciarios y universitarios a partir del cobro de un impuesto a profesionales liberales matriculados. La iniciativa prevé financiar a la entidad mediante un aporte del 2 por ciento de los ingresos, una medida que ya cosechó críticas en algunos colegios profesionales.
"El proyecto, que anticipa un intenso debate, se basa en un criterio de solidaridad intergeneracional para que aquellos que fuimos beneficiados con un estudio podamos retribuir con una beca a los jóvenes más postergados", dijo uno de los autores de la propuesta, el justicialista Leandro Busatto.
La iniciativa, presentada en forma conjunta con el diputado Ricardo Olivera, ingresó el jueves pasado a la Cámara baja santafesina. Y ahora deberá atravesar distintas instancias de debate parlamentario: le esperan las comisiones de Educación, Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Laborales antes de llegar a una redacción definitiva.
"Creo que va a tener una buena recepción y que, más allá de la posición de los colegios, iniciará un debate válido. Este proyecto favorece la igualdad de oportunidades educativas y resuelve la cuestión del financiamiento", anticipó el diputado Busatto (FPV).
La propuesta consiste en crear un instituto provincial de solidaridad educativa, un ente autárquico cuyo objetivo sería otorgar de becas a alumnos terciarios y universitarios nacidos en Santa Fe o con una residencia mínima de cinco años.Estaría regido por un consejo de evaluación integrado por tres representantes de universidades, dos del Ministerio de Educación provincial, tres de colegios profesionales, dos senadores y dos diputados.
El punto más polémico es que la financiación se obtendría de un impuesto al ejercicio de profesiones liberales en la provincia y, en menor medida, de donaciones y aportes del tesoro nacional o santafesino, indicó Busatto.
El "impuesto al ejercicio de la actividad profesional", que la misma norma crea, estipula que los contribuyentes serán "personas físicas que tengan título universitario o terciario, habilitante para una profesión liberal, y se encuentren matriculadas en consejos, colegios u otra organización". Alcanzaría a abogados, médicos, escribanos, odontólogos y arquitectos, entre otras actividades a definir.
La iniciativa plantea que los profesionales aporten por mes un impuesto equivalente al 2 por ciento del total neto de sus honorarios o retribución. "Las obligaciones con el colegio profesional se deducen del ingreso bruto. Este impuesto se calcularía en base al ingreso restante. Y, en el caso de quien perciba un haber mínimo, el equivalente al 4 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, que rondaría los 92 pesos por mes", explicó Busatto.
De la medida estarían exceptuados los graduados en sus primeros cuatro años de inserción al mercado laboral. El gravamen, asimismo, se abonaría en la Administración Provincial de Impuestos (API) y los propios colegios profesionales podrían actuar como agentes de retención.
El modelo se inspiró en el Instituto Autárquico Becario de Entre Ríos, que funciona desde hace 22 años en base a un gravamen del 2 por ciento a las profesiones liberales. Busatto planteó que con un ingreso anual estimado de 10 millones de pesos podrían otorgarse 20 mil becas de 500 pesos.
El proyecto establece varios requisitos para el acceso a las becas, como el carácter de alumnos regulares, el esfuerzo académico y la carencia de recursos económicos.
Objeciones económicas y legales de los colegiados
Los colegios profesionales de la ciudad comenzaron a debatir la iniciativa de gravar su actividad para solventar becas y, si bien aún no arribaron a posiciones colectivas, ayer se expresaron algunas voces de rechazo.
“El impuesto viola la ley de coparticipación y es inconstitucional”, planteó su posición personal Ignacio del Vecchio, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, cuyo directorio discutirá la iniciativa tras un dictamen del Instituto de Derecho Tributario.
“El impuesto viola la ley de coparticipación y es inconstitucional”, planteó su posición personal Ignacio del Vecchio, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, cuyo directorio discutirá la iniciativa tras un dictamen del Instituto de Derecho Tributario.
“Es un impuesto que grava la recaudación anual del profesional y la provincia está obligada a no establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados, como ganancias. Más allá de la loable finalidad, debería solventarse a través de otros recursos”, dijo Del Vecchio.
“Los profesionales ya están sometidos a presiones importantes en el plano económico. Hemos hecho retribuciones a la universidad con clases ad honórem. Sería bueno buscar otro medio”, añadió Susana Schuseroff, del Colegio de Psicólogos.
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