Seis senadores provinciales de la oposición dieron media sanción a un proyecto que facilitaría trámites administrativos destinados a la capacitación y compra de equipamientos para la Policía.
Sólo con seis votos de senadores justicialistas salió este jueves de la Cámara alta de la provincia la declaración de emergencia en seguridad. La norma establece, entre otras cosas, que durante 18 meses el Poder Ejecutivo pueda tomar medidas excepcionales en cuanto a la adquisición de equipamiento policial y nuevas tecnologías, la construcción de dos cárceles y de cuatro centros para rehabilitación de personas drogadependientes. También el ingreso de más efectivos policiales.
La reacción legislativa, más allá de los diferentes criterios políticos, no deja de ser un acto de compromiso ante los innumerables casos de narcotráfico que tienen contra las cuerdas a distintas comunidades en la provincia. Así lo reconocieron, incluso, los senadores del Frente Progresista que optaron por no acompañar la propuesta al entender que muchas de las herramientas que se otorgarían al gobierno ya están disponibles en la actualidad.
O sea, para el oficialismo detrás del proyecto aprobado anoche por escaso margen (seis votos contra cinco) también se lee un posicionamiento político del PJ que lejos de resolver los problemas de la inseguridad tiende a dar una respuesta meramente coyuntural a la sociedad reclamante. El senador socialista Miguel Lifschitz indicó que comparten con la oposición el espíritu y preocupación general expresada, pero dijo que no advierten que la Nación es la principal responsable en este tema.
“No hay país exitoso en el combate al narcotráfico que no haya resuelto este problema mediante la articulación de políticas a nivel nacional”, remarcó el legislador y señaló que se trata de un delito de competencia federal. Antes, el autor del proyecto, Alberto Crosetti (PJ), recordó que este mismo texto tuvo media sanción en el período anterior pero luego fracasó su tratamiento en Diputados porque el Frente Progresista tenía mayoría y optó por no acompañarlo.
El senador del departamento Belgrano dijo que su propuesta “intenta ser un aporte que permita encontrar una solución” a la inseguridad. Al argumentar su posición, consideró que “en los últimos años se agravó” el grado de indefensión de la sociedad a manos de la delincuencia, puntualmente porque el narcotráfico comenzó a tener una mayor presencia en el territorio.
Por ese motivo, cree que la declaración de emergencia no sólo agregará más herramientas institucionales y operativas para combatir la inseguridad, sino que “pondrá en alerta a todas las áreas del Estado”, desde la educación a la salud pública. “Si vemos que los problemas están en las villas, ataquemos eso. Es decir, trabajando con las escuelas, las instituciones intermedias, los clubes deportivos”, explicó Crosetti en un ejemplo poco feliz.
Asimismo, recomendó al gobierno de Antonio Bonfatti “primero reconocer el problema para después atacarlo”, y añadió: “El problema (de la inseguridad y el narcotráfico) se nos ha escapado de las manos. Viene de antes, es cierto, pero se agravó en los últimos años. Lejos quedaron las promesas de campaña de Hermes Binner sobre este asunto”.
Por último, el senador manifestó que el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, tiene todo el apoyo de su sector político –“no queremos su cabeza”– y también de los más de tres millones de santafesinos. A la vez que pidió al oficialismo que evite molestarse con el título de su proyecto y, en su lugar, aborde de manera urgente el combate a las economías delictivas. Para ello, dijo que el peronismo está dispuesto a acompañar sin chicanas y de forma sincera.
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