El diputado nacional Agustín
Rossi no pierde su rol de opositor sugiriendo con matices propios
algunos caminos que no lo ponen en la vereda de enfrente del gobierno de
Antonio Bonfatti. No habla de recetas mágicas sino de convertir el
conocimiento barrial sobre el comercio de drogas en información estatal
para contenerlo.
Si algo parece saludable es que la
preocupación por la violencia barrial en Rosario, sus nudos con el
tráfico de drogas y sus vínculos con la estructura policial se debata en
un tono más responsable que en otro más usual, el del oportunismo y la
chicana, que alejan la cuestión de sus soluciones. El diputado nacional
Agustín Rossi no pierde su rol de opositor sugiriendo con matices
propios algunos caminos que no lo ponen en la vereda de enfrente del
gobierno de Antonio Bonfatti. No habla de recetas mágicas sino de
convertir el conocimiento barrial sobre el comercio de drogas en
información estatal para contenerlo. "En la sociedad rosarina anida una
energía que demuestra la voluntad de enfrentar este problema. Los
vecinos tienen identificados quiénes participan en la venta de drogas y
diciendo con su movilización que no quieren vivir de esa forma", dice.
Propone que se organicen juntas barriales sin presencia policial para
que el Estado gane protagonismo en lugares donde hoy no lo tiene.
—En Rosario hay una espiral de violencia por el afianzamiento barrial del tráfico de drogas. ¿Cómo ve el fenómeno?
—La situación que hoy tenemos en
Rosario proviene de una disputa entre bandas por territorio y negocios
delicitivos. De esto que hoy reconoce el gobierno provincial había datos
como para advertirlo hace por lo menos dos años. Pero eufemísticamente
se cubrían las muertes por estas disputas apelando a la noción del
ajuste de cuentas, una suerte de pelea entre vecinos, sin avanzar a lo
que hoy todo el mundo reconoce.
—En los barrios la desconfianza hacia la policía es notoria. ¿Usted cree que hay una regulación policial de esos delitos?
—La desconfianza es evidente. Y tiene
sentido si vemos hechos como los ocurridos la semana pasada en
jurisdicción de la comisaría 12ª, en barrio Ludueña, donde vecinos
quemaron dos lugares donde se vendían drogas. Ya habíamos tenido allí un
hecho en septiembre pasado en que los vecinos desmantelaron un quiosco
similar. Este elemento muestra dos cosas. La primera, siendo indulgente,
la pasividad de la fuerza policial. Los vecinos saben lo que la policía
no. En segundo lugar creo que anida en la sociedad rosarina una energía
que demuestra la voluntad de enfrentar este problema y que el gobierno
provincial debería tomar. Los vecinos tienen identificados quiénes
participan en la venta de drogas y dicen con su movilización que no
quieren vivir de esa forma.
—¿Cómo se debe canalizar institucionalmente esa energía que usted menciona?
—Fomentar la conformación de mesas
barriales de participación comunitaria alrededor de la problemática de
seguridad es un camino que no hay que demorar. En esta instancia debe
ser fomentado a mi juicio desde el Ministerio de Seguridad provincial en
principio sin participación policial porque se trata de regenerar
confianza entre el Estado y los vecinos. Y hoy con la policía no la hay
por lo que los vecinos no podrían expresar todo lo que saben, sienten y
les pasa. Si vemos pasividad de la fuerza policial ante esta ola de
inseguridad que viven los barrios de Rosario lo que no podemos hacer es
construir un mapa del delito con la información de la fuerza policial.
Volviendo al ejemplo de la seccional 12ª: pienso que el mapa que me
transmite la fuerza policial no habría incluido que había un quiosco en
la zona que vendía drogas. Por eso los vecinos ante la falta de
respuesta lo desmantelaron. Si estas mesas de seguridad comunitaria van a
servir para conformar un mapa del delito se verá. Para eso la sociedad
tiene que recuperar confianza al reconocer que el Ministerio de
Seguridad tiene una política que busca disminuir la inseguridad que hoy
existe. En la ciudad de Córdoba hay cientos de mesas de seguridad
comunitaria hace cuatro años. Funcionan con la fuerza policial. Acá creo
que debemos iniciarlas sin la participación policial.
—El de los chicos que se
enfrentan a tiros en los barrios es el nivel más visible del problema.
Se atiende menos a los que con esa violencia forman patrimonios que se
ven en autos costosos y propiedades. ¿Como enfrentar ese aspecto
ecónomico cuyo origen no se explica?
—Ahí se precisa un accionar conjunto de
distintas agencias del Estado. En un primer momento coordinar con
fuerzas federales como Policía Federal y Gendarmería. También con
organismos del Estado como la Unidad de Información Financiera (UIF) que
investiga el lavado de dinero y las que siguen cuestiones impositivas
como la Afip. El trabajo debe ser fuertemente coordinado y también por
supuesto con participación de la Justicia Federal.
—El ministro de Gobierno, Rubén
Galassi, pedía para moderar este delito la participación de los órganos
de todos los niveles del Estado. ¿Se puede atacar desde esa
coincidencia un problema común a todos?
—No sólo no me niego sino que tiempo
atrás planteé que en este tema era necesario fijar políticas de Estado
conjuntas. Estoy dispuesto a participar de cualquier acuerdo. Pero hay
que ver dónde se ponen los acentos. La fuerza de seguridad más extendida
en el territorio provincial es la policía santafesina. Y debe tener
protagonismo. Lo digo porque lo escucho al ex gobernador (Hermes Binner)
tratar de deslindar responsabilidades y me parece un error. Hoy tenemos
una serie de jefes de la policía provincial vinculados a delitos con la
temática de drogas a los que investiga la Justicia provincial. Lo que
no significa que no haya que tener una mirada integral del problema. Las
otras fuerzas de seguridad nacionales tienen que aparecer también para
recuperar los espacios públicos. Leía al ministro de Seguridad (Leandro
Corti) diciendo que encontraban que algunas rutinas indicadas no se
cumplían. Frente a eso expreso la necesidad de crear fuerzas policiales
que yo llamé de prevención metropolitana que dependan en forma directa
del poder político. Tenemos una estructura de numerosos jefes. Desde la
orden impartida hasta que se ejecuta se mediatiza la decisión. Eso
permite que no se pueda decir que porque tengo muchas personas afectadas
a temas administrativos no se cumplen órdenes.
—Ese argumento ha sido escuchado en todas las gestiones políticas provinciales.
—Sí. Lo que yo digo es que controlar la
eficacia de las rutinas impartidas es menos difícil si uno tiene una
policía afincada en el territorio que tenga como destino la terea de
prevención y que sea sensible a los requerimientos del poder político.
—Desde el gobierno provincial
señalan que el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene políticas más
enfocadas hacia la Capital Federal y el conurbano que hacia las
provincias. Y que en Santa Fe no hay aportes.
—Si la provincia necesita de un trabajo
conjunto entre las fuerzas provinciales y las federales me parece
lógico que pida esa colaboración. El Ministerio de Seguridad de la
Nación se asienta en la Capital Federal donde las cuestiones de
seguridad están a cargo de la Policía Federal. En cambio en las
provincias este servicio está a cargo de las policías provinciales. Eso
no es óbice para que si el gobierno de Santa Fe ve que necesita tareas
de mayor presencia lo señale. Yo siempre pensé que ese es un buen
camino. Creo que eso no se hacía en la anterior gestión porque no se
reconocía el problema. Ahora se lo reconoce y probablemente estemos en
un camino de trabajo conjunto más adecuado.
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