El fiscal Gonzalo Stara continuó su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura policial durante la última dictadura.
El Ministerio Público continuó con el detalle de casos por los cuales se imputa al ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, los ex policías Rubén Lo Fiego, Ramón Vergara, Mario Marcote y José Scortechini, y el civil colaboracionista Ricardo Chomicki. El fiscal analizó los casos de Azucena Solana, quien era militante de la UES y tenía 15 años al ser secuestrada; y Gustavo Piccolo, quien acreditó además cómo fueron los últimos momentos vividos en el SI por Daniel Gorosito antes de ser desaparecido y las víctimas de la masacre de Los Surgentes. También el de Ana María Ferrari, militante de base peronista que fue secuestrada por el jefe policial Guzmán Alfaro. Además, el fiscal se refirió al caso de Olga Cabrera Hansen quien era abogada y denunció las condiciones de cautiverio ante la visita de la Cruz Roja a pesar de las amenazas recibidas, motivo por el cual sufrió dos años más de prisión. De los testimonios analizados, nuevamente surgió la participación del ex capellán de la Policía Eugenio Zitelli dentro del grupo de represores. Al exponer el caso de Tomasa Verdún de Ortiz, mencionó que la mujer pudo constatar la presencia del religioso no sólo en la Alcaidía sino en el propio SI. También se refirió a los casos de Elida Deheza y Stella Hernández, quienes denunciaron en la audiencia no sólo las torturas sino que también fueron víctimas de violaciones. El fiscal relató los padecimientos sufridos por María Inés Luchetti de Bettanín, Elba Ferraro de Bettanin y sus tres hijas, Teresita Marciani, Marcos Alcides Olivera, Máximo Antonio Mur, y Osvaldo Daniel Bas y Mansilla. El alegato fiscal continuará el martes próximo.
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