Reclaman que se está realizando una “convocatoria irregular de llamado a concursos en el organismo por parte del Poder Ejecutivo”.
Diario UNO |
Los trabajadores reclaman que se está realizando una “convocatoria irregular de llamado a concursos en el organismo por parte del Poder Ejecutivo, que contradice la propia legislación y los instrumentos legales vigentes”.
Por su parte, el gobierno asegura que los concursos tienen plena vigencia, que el gremio comunicó al Ejecutivo que no enviaría a nadie para integrar el jurado y que los ascensos en la administración pública solo se harán por concurso y no a dedo como pretende el gremio.
La disputa parece haber entrado a un callejón sin salida que llevó a que la repartición pública esté prácticamente paralizada desde hace semanas. Este miércoles no habrá atención a los ciudadanos –los principales afectados– durante las seis horas. La medida se concretará luego de una semana de estar sin atender al público entre feriados y medidas de fuerza.
Además, los trabajadores anunciaron que este miércoles realizarán una asamblea para definir cómo continúa su lucha teniendo en cuenta que el viernes asume la nueva gestión encabezada por Miguel Lifschitz. Hace días la delegada gremial Liliana Difranco había deslizado la posibilidad de entrar en una especie de tregua con el nuevo gobierno para dar tiempo al diálogo. Pero el martes le dijo a Diario UNO que eso lo definirá la asamblea. El cambio de gestión es lo único que parece aportar una luz de esperanza para la resolución de un conflicto que requiere un corte definitivo.
La semana pasada Diario UNO reflejó la preocupación de los abogados que advirtieron que hay muchos trámites que no se pueden realizar en ese organismo y también hicieron notar que está muy próximo el inicio de la feria judicial. Por lo tanto, todos los trámites que no se puedan resolver en estos días que quedan de diciembre pasarán para febrero del año que viene.
Incluso desde el Colegio de Abogados se estaba preparando la semana pasada una nota para presentar ante las autoridades del Registro Civil, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que depende el organismo, pidiendo que la situación “se normalice a la brevedad”. Este será el primer conflicto que deberá afrontar el futuro ministro de Justicia, Ricardo Silverstein.
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