El diputado nacional del FAP,
Antonio Riestra, se refirió al proceso de reforma del Código Civil y
Comercial que comenzó a discutirse en el Congreso de la Nación. El
legislador santafesino señaló que el oficialismo estableció poco tiempo
para el debate y alertó sobre posibles pérdidas de derechos para
trabajadores estatales y pueblos originarios.
El Congreso de la Nación se prepara paradiscutir públicamente el
proyecto de Unificación y Reforma de los Códigos Civily Comercial. Para
ello se conformó una comisión bicameral de 30 miembros,integrada por 15
diputados y 15 senadores, según la proporción de lasrepresentaciones
políticas en cada una de ellas. Este cuerpo tiene un plazo de90 días
para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y producir
eldictamen que se tratará en las cámaras legislativas nacionales.
"Es nuestro deber, escuchar y atender las diversas opiniones.
LaConstitución le reconoce al Poder Ejecutivo la atribución de
presentarproyectos en el Congreso Nacional para someterlos a la
discusión parlamentaria.Pero lo que no podemos hacer los legisladores es
rehuir al debate democráticopropio y esencia del poder legislativo",
señaló Riestra.
Para el diputado del Frente AmplioProgresista (FAP), es necesario
dar "un debate muy amplio, porque para la vida cotidiana y lasrelaciones
sociales y económicas, el Código Civil termina siendo más importanteque
la Constitución".
"El proyecto de código que envía el Ejecutivomantiene la visión
individualista y liberal del código de Vélez Sarsfield. Lareforma
propuesta, si bien adecua o modifica algunos institutos como laadopción o
el divorcio, mantiene intacta esa mirada y esa impronta del sigloXIX",
agregó Riestra.
Es importante destacar que los avances másimportantes en derecho se
dieron en el campo social y colectivo. "A los derechosindividuales se
le fueron sumando, los derechos de segunda y tercera generaciónde cuya
existencia este proyecto no parece enterarse", sostuvo el diputadodel
FAP.
"El nuevo código también podríaacompañar a la sociedad en su
preocupación por la regulación sobre los bienescomunes (naturales), pero
no lo hace. De hecho, el Poder Ejecutivo eliminó unartículo propuesto
por la comisión redactora en el que se reconocía el derechohumano al
agua potable".
Se debilita la capacidad del Estado
Pero lo más grave, es que el proyecto delejecutivo, introduce los
instrumentos más emblemáticos y eficaces delneoliberalismo, reduciendo
claramente la actuación del Estado en las relacionesjurídicas, incluso
cuando el propio Estado es parte, habilitando la posibilidadde elegir
que ley aplicar, incluso si esa norma pertenece a otro Estado.
De igual manera, las partes pueden elegirun tribunal privado o no,
interno o internacional distinto al de los Estados enlos que surge el
conflicto y se desarrolla la relación jurídica. Tal como hasido el
criterio del neoliberalismo al introducir los Tratados de Protección
deInversiones y la sujeción de los conflictos al arbitraje del CIADI.
"El desplazamiento de la justiciaargentina a favor de árbitrajes o
jueces extranjeros implica pérdida desoberanía, proceso que arrancó con
la última dictadura militar", denuncióRiestra.
Trabajadores vulnerables
"Se deben advertir las implicanciasdel proyecto oficial para los
trabajadores, particularmente los dependientesdel Estado. Vemos con suma
reocupaciónque el Ejecutivo Nacional ha modificado el anteproyecto
presentado por lacomisión redactora, eliminando la responsabilidad civil
de la administración ysus funcionarios", sostuvo Riestra
En efecto, el Título V del Anteproyectodeterminaba que éstos
respondían civilmente ante los damnificados por los dañosejecutados por
sus actos, fueran éstos lícitos o ilícitos, con alcancessimilares a los
daños ocasionados por las personas físicas o jurídicas de ordenprivado.
Ahora, según el proyecto que está entratamiento, la responsabilidad
civil del Estado, sus funcionarios y agentesfrente a los daños que
ocasione a particulares, a terceros en general, y a susdependientes sólo
se regiría por las normas y principios del derechoadministrativo, o sea
la conducta del estado sería solo juzgada en loslimitados y estrechos
ámbitos del Derecho Administrativo.
A su vez, los empleados públicoscontratados en forma directa o
trabajadores subcontratados por contratistas delEstado, también se
verían privados de toda posibilidad de obtener elresarcimiento pleno por
parte del Estado por los daños y perjuicios quepudieran sufrir a
consecuencia de sufrir algún infortunio laboral en ocasióndel
cumplimiento de sus tareas.
Pueblos originarios
"Como presidente de la Comisión dePoblación me comprometí a
escuchar y hacer llegar la voz de las comunidadesindígenas a la
bicameral y en el debate", recordó el diputado del FAP.
"En estas últimas semanas muchascomunidades nos manifiestan su
preocupación por la reforma, porque consideranque los derechos ganados
en años de lucha, ya sea a nivel nacional como internacional,con éste
proyecto se verían reducidos", agregó Riestra.
Esto se ve reflejado en el tratamiento querecibe la propiedad
comunitaria de sus tierras. El proyecto oficial solo hablade tierras
rurales, reduciendo la existencia cultural indígena a la ruralidad
ocampesinado. Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos
sonocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las
ciudades y/ogeneraciones enteras que han nacido en la urbe, y que en
procesos derecuperación de la identidad se han constituido como
Comunidades.
Por otro lado, se establece que lascomunidades indígenas son
personas jurídicas de carácter privado, como unasociedad anónima o un
consorcio de propietarios.
“Nosotros estamos pensando las normas para alcanzarla justicia
social y la igualdad. El nuevo código unificado debe servir para quela
sociedad argentina de las próximas décadas se desarrolle plenamente y
dejeatrás el andamiaje jurídico de la injusticia y los privilegios”,
concluyó eldiputado Riestra.
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