El Concejo Municipal aprobó una
Ordenanza que modifica la normativa que regula a las playas de
estacionamiento. La propuesta, elaborada por la concejala Fanny Jara,
establece que un 10 % de la superficie será destinada a motovehículos,
ciclomotores y bicicletas. Por otro lado, se contempló que los
estacionamientos tendrán que reservar una zona de uso preferencial para
la ubicación de vehículos conducidos por personas discapacitadas.
Los Concejales aprobaron una modificación a la Ordenanza Nº 10.148,
donde se dispone que las playas de estacionamiento deberán ampliar las
condiciones del servicio de guarda de vehículos. Durante la Sesión de
este jueves, el Cuerpo respaldó la propuesta que introduce alteraciones
vinculadas a la regulación del acceso de medios de transporte, los
porcentajes del total del área destinada a estos fines y el porcentaje
de la tarifa de la prestación. El Proyecto fue elaborado por la
concejala Fanny Jara (FPCyS-UCR).
Los cambios afectan a los artículos 6 y 6 bis, donde se establece
que los estacionamientos deberán permitir el ingreso de motovehículos,
ciclomotores y bicicletas, para los cuales se reservará un 10% del
espacio total de la playa. Además, por la guarda de estos vehículos se
fija el cobro de una tarifa que no podrá superar el 33% del costo para
automotores.
En el Recinto de Sesiones, Fanny Jara argumentó que “todos sabemos y
vemos a diario la gran cantidad de circulación de motovehículos,
ciclomotores y bicicletas por la ciudad y el problema de la escasez de
espacios de estacionamiento. Desde el Estado se promueve el uso de
medios alternativos a los autos, como es el caso de las motos y
bicicletas, o del transporte público. Esa decisión que compartimos,
entendemos debe ser acompañada con medidas como las que estamos
tratando”.
Para discapacitados
Por otro lado, se establece que las playas deberán reservar una
zona de uso preferencial para la ubicación de transportes conducidos por
personas discapacitadas de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Edificaciones.
En este sentido, la Concejala manifestó que “nuestro Reglamento de
Edificaciones establece que las playas de estacionamiento deben contar
con una dársena para discapacitado cada 25 y que, superada esta
cantidad, deberán contar con un 4% del total de la superficie, pero nada
esta establecido con relación al uso que se debe dar a ese espacio”. Y
aclaró que “estamos estableciendo que las personas discapacitadas tengan
una preferencia con relación a los demás clientes en cuanto a la
posibilidad de estacionar en dichas áreas. No creemos necesario exigir
que las playas de estacionamiento tengan permanentemente vacías estas
dársenas a la espera que efectivamente estacione una persona
discapacitada, pero si entendemos que debemos dejar claramente
establecida una preferencia sobre estos espacios a favor del
discapacitado, de tal forma que si al momento de pretender estacionar la
dársena se encuentra ocupada, la persona discapacitada tendrá derecho a
exigirle al playero la desocupación de la misma”, finalizó Fanny Jara.
La postura de los Concejales
Al momento de tratarse el tema, algunos integrantes del Cuerpo decidieron manifestarse al respecto.
Roberto Campanella (Partido Justicialista): “Mi disidencia con este
proyecto tiene que ver con que estamos introduciendo desde el Municipio
una regulación de tipo administrativa en un contrato privado. Las
playas de estacionamiento ofrecen la guarda de vehículos con carácter de
servicio privado, por lo que escapa de la regulación la fijación de la
tarifa que debe ser establecida por los propietarios en función del
mercado”.
Leonardo Simoniello (FPCyS-UCR): “Mi postura y preocupación es
acerca de la manera en que discutimos acerca de las potestades del
Municipio consagradas por la Ley Nº 2.756 y las Ordenanzas que vamos
dictando en el mismo sentido. No podemos vincular esas potestades a una
ecuación económico-financiera. No corresponde que las actividades
comerciales merezcan una retracción en el Poder de Policía Municipal y
en la regulación acerca de la utilización del suelo. Tenemos que dejar
claro esto porque sino esto puede ser fundamento para que algunos puedan
cuestionar decisiones que son potestades y que toma soberanamente este
Concejo Municipal”.
Ariel Rodríguez (FPCyS-UCR): “No comparto el criterio en cuanto se
afecte la ecuación económica en un contrato de derecho privado de manera
que no esté previsto según las facultades que tiene este Cuerpo de
hacerlo. Tal es así que, con posterioridad a la Ordenanza Nº 10.148, el
Concejo produjo una modificación de las condiciones económicas que se
venían desarrollando en los estacionamientos en la cual se refiere al
tiempo de ocupación del vehículo en el lugar y se establece el cobro de
una tarifa. Creo que esa modificación tiene la misma naturaleza de los
cambios que estamos introduciendo hoy”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario