Allegados a las víctimas aportaron en Tribunales un informe sobre el contexto de la masacre.
"Si Sergio El Quemado Rodríguez y
Ezequiel El Negro Eze Villalba terminan presos pero no se modifican las
condiciones estructurales de relaciones ilegales y corruptas, la cadena
del círculo vicioso seguirá y reemplazará a esos dos eslabones por
otro". Esa es una de las conclusiones esbozadas en un informe que una
comisión investigadora independiente conformada por dirigentes,
periodistas y militantes sociales para contribuir al esclarecimiento del
triple crimen de villa Moreno presentó días atrás en Tribunales, como
un aporte informal a la investigación judicial.
Se trata de un escrito que hace foco en
el contexto en el cual se originó la terrible matanza que el pasado 1º
de enero terminó con la vida de tres adolescentes de villa Moreno que
sufrieron un ataque a balazos como parte de un enfrentamiento entre
pandillas rivales al que eran ajenos. Según el informe, presentado por
familiares de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez junto
con dirigentes del Movimiento 26 de Junio donde los chicos asesinados
militaban, "hay un fantasma que recorre Rosario, antes y después del
triple crimen: la naturalización del narcotráfico, la corrupción
policial y la impunidad de los delincuentes de guante blanco".
Contra la lógica. El
informe presentado —basado en una investigación del periodista Carlos
Del Frade, uno de los miembros de la comisión independiente— propone
"como objetivo político plantear la rebeldía contra ese sentido común
construido durante años y funcional a la permanente metamorfosis de
producir consumidores-consumidos y excluidos-condenados".
En principio, expone datos sobre la
estructura del contexto en el que ocurrió la matanza. "El 80 por ciento
de los chicos de los barrios empobrecidos del Gran Rosario no terminan
la secundaria. El 80 por ciento de las víctimas de los 163 asesinatos
cometidos en 2011 en la ciudad tenían menos de 25 años. Hay que parar
con esa lógica, con esa naturalización. Para ello hay que ir mucho más
allá de donde vayan los sistemas formales de justicia y política
institucionales", señala el escrito.
En este sentido, sostiene que los pibes
fueron asesinados por "bandas armadas cuyos integrantes poseen autos
muy caros, armas sofisticadas y gozan de zonas liberadas. Y como se ha
dicho desde los tribunales provinciales, esas bandas cuentan con la
colaboración policial por «anuencia, protección o miedo», según palabras
de un altísimo funcionario judicial".
Perspectiva histórica.
Para los firmantes del informe, hay que indagar sobre la historia de
cada seccional rosarina para comprender el presente que se vive en
algunos barrios.
"No es casual que tres pibes de villa
Moreno hayan sido asesinados por una banda que hunde sus raíces en la
trama de relaciones que desde hace tiempo establecieron integrantes de
las fuerzas de seguridad, empresarios que viven en el centro y hasta
profesionales", sostiene el informe sobre "una trama que, además, cuenta
con abogados y contadores expertos no sólo en lo suyo sino también en
manejos poco cercanos a las leyes".
Asimismo, el escrito cuestiona el
enfoque que "inscribe" la masacre de villa Moreno como un "efecto
colateral" de enfrentamientos entre bandas delictivas que se disputan
territorios. "La matriz del sistema judicial santafesino ya definió el
corralito ideológico del triple crimen como un ajuste de cuentas entre
traficantes de drogas, sin que haya necesidad de explicar por qué
surgieron ni quiénes los ayudaron a constituirse como bandas armadas".
Por ese motivo el informe aporta
elementos que, para la comisión independiente, "son necesarios difundir
más allá de lo que haga saber el poder judicial o la comisión de
Derechos y Garantías de la Legislatura", que también investiga sobre el
caso.
Cómplices de alta gama.
Así, se refiere —tal como lo hicieron público también funcionarios
judiciales— a las vinculaciones entre el principal imputado del triple
crimen (El Quemado) con personal policial y también al "mercado ilegal
de armas que tiene parte de la policía provincial".
También se alude a los vehículos de
alta gama en los que aparecen los involucrados, lo que "señala un poder
adquisitivo que no tiene ninguna relación con sus respectivas
ocupaciones". Para la comisión, no investigar el origen de esos
patrimonios hace que se naturalice una acumulacion de dinero proveniente
de hechos ilegales, lo cual "se asemeja a un grado de complicidad".
El informe también objeta la labor,
desde 2005 a esta parte, de la 15ª en el desarrollo del entramado
delictivo alojado en la villa Moreno, que "en los últimos cinco años
distintas bandas crecieron a través del comercio de drogas, motos y
autos de dudoso origen, y en donde las armas son visibles".
"Las bandas armadas no pueden crecer ni
en villa Moreno ni en ningún otro barrio sin la plena colaboración de
miembros de fuerzas de seguridad en actividad, como tampoco pueden
crecer sin el auspicio de promotores o inversores económicos que no
viven allí", concluye el escrito y, en este marco, agrega que "la
permanente presencia del abogado Carlos Varela en la defensa de los
imputados parece confirmar una línea, una lógica de trabajo profesional
al servicio de ciertas bandas de curiosa y fuerte notoriedad en los
últimos años, como la familia Cantero y (la gavilla conocida como) Los
Monos".
Feroz. "En esa matriz
se instala la ferocidad del triple crimen. Hacer justicia, entonces,
significará denunciar quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué dieron
inicio y producen el desarrollo de esa matriz en villa Moreno", sostiene
finalmente el escrito de la comisión investigadora independiente, que
no demuestra mucho optimismo en ese sentido, ya que esa denuncia, "de
acuerdo a la marcha del pensamiento oficial del sistema
judicial-policial, no parece que surgirá de las investigaciones
oficiales".
Es que quienes presentaron el informe
piensan que, a diferencia de lo que "sostiene el pensamiento político
institucional del poder judicial-policial, este caso no refleja «la
pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el terreno urbano» como
dijera un funcionario judicial, sino todo lo contrario: la presencia
corrompida de parte del Estado, un proceso de años que incluye a
administraciones peronistas y socialistas".
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