Por decisión del Gobernador
Antonnio Bonfatti, se comenzó con las intimaciones a quienes usurparon
las viviendas ubicadas en el barrio Santa Rita II y las de Aristóbulo
del Valle y Callejón El Sable. Por ahora no se utilizará la fuerza
pública, pero ya existe una denuncia penal.
La provincia forzará el desalojo de las casas que fueron tomadas
Todas esas definiciones fueron el resultado del encuentro presidido por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, y del cual también participaron los ministros de Seguridad, Leandro Corti; y de Desarrollo Social, Mónica Bifarello; el secretario de Hábitat, Gustavo Leone; funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y de otros organismos estatales. En esa reunión interministerial que se realizó ayer –a instancia de un pedido del gobernador Antonio Bonfatti– se definieron las líneas de trabajo a seguir para lograr el cometido.
“El gobernador nos dio clara instrucciones de que trabajemos para avanzar, lo antes posible, en el desalojo de estos dos barrios (los planes habitacionales Santa Rita II y Las Delicias) que fueron usurpados. Además, nosotros no vamos a aceptar, de ninguna manera, que este mecanismo extorsivo les permita a estos ciudadanos encontrar un beneficio tan importante como es el de la vivienda”, dijo Galassi al enfrentar los micrófonos del periodismo.
Inmediatamente, agregó que el gobierno del Frente Progresista “entiende la situación social por la que atraviesan muchos ciudadanos” que están con déficit habitacional, pero advirtió que estas usurpaciones fueron producto de las instigaciones que hicieron algunos grupos políticos en el norte de la ciudad. “Por respeto a todos los que están esperando una vivienda y a todos los ciudadanos santafesinos, no sólo no vamos convalidar esta medida sino que vamos a trabajar para forzar el desalojo”, expresó el funcionario.
Luego, reconoció que no será “una tarea sencilla” y por ese motivo hoy domingo comenzarán “las acciones tendientes a desalojar ambos barrios”. Lo primero que aparece en el procedimiento son las intimaciones, pero, en caso de ser necesario, actuarán según las prescripciones que indique la Justicia.
—¿Y ese desalojo puede ser hecho por la fuerza?
—Hay distintas medidas. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo tiene mecanismos de intimación, nosotros vamos a definir la manera en que trabajaremos. Vamos a hacer todos los pasos necesarios para evitar males mayores, pero queremos transmitir a los ciudadanos que están usurpando viviendas que no les corresponden y que necesitamos recuperarlas para seguir con los planes que estamos llevando adelante y para seguir desarrollando otros planes.
“El déficit habitacional –continuó Rubén Galassi– es un problema muy grave que afecta a muchos ciudadanos y hay que entender que para ir accediendo a las viviendas hay que cumplir determinados requisitos y, también, están establecidas órdenes de espera. Entonces, nosotros no podemos forzar ni romper estas modalidades de trabajo, e insisto, tenemos que respetar la ley”.
El trasfondo político
—Ministro, el miércoles se había anunciado que el gobierno provincial iba a ceder terrenos y materiales a las familias que usurparon para que construyan sus propias viviendas, ¿ese acuerdo se cae?
—El miércoles pasado, tratando de que el problema no se agrave y atendiendo la situación social de muchas familias, se trató de acordar una salida a este problema. Pero como no sólo no se desocuparon las viviendas sino que el problema se agravó, y nos consta que se incitó a la ocupación del resto de las viviendas, para nosotros ese acta acuerdo o compromiso queda sin efecto. Desde el lunes (mañana) vamos a trabajar intensamente para tratar de recuperar las viviendas, de hecho lo estamos haciendo ahora”.
—¿Cuál es el límite de tiempo para el uso de la fuerza pública?
—El que sea necesario. Nosotros no queremos agravar aún más la situación, pero también hay que entender que el problema de falta de viviendas es un problema que afecta a muchos ciudadanos, en la dirección (de Vivienda y Urbanismo) hay 4.000 personas que cumplieron los protocolos y entonces hay que ser respetuosos de todos ellos.
“Puntualmente, lo que se denomina Corriente, Clasista y Combativa permanentemente peticiona ante el gobierno y este gobierno tiene innumerables acciones de atender las situaciones sociales, pero creemos que algunos dirigentes políticos están traspasando todas las líneas y están llegando a un punto que para nosotros es sin retorno, y no lo podemos aceptar”, se quejó el ministro del Ejecutivo.
Asimismo, apuntó a algunas declaraciones que hizo el diputado –hoy kirchnerista– Héctor Acuña, a las que consideró de irresponsables y que motivaron “indirectamente” la toma de los planes habitacionales en los barrios Santa Rita II y en Las Delicias. “Es obvio que aquí también hay intencionalidad política”, dijo Rubén Galassi en referencia la denuncia mediática –después transformada en pedido de informes– que elaboró el legislador provincial.
Al respecto, Acuña había dicho a fines de marzo que “pareciera no haber una política de Estado (...) en el Plan de Viviendas que se estaba desarrollando en la calle Chaco al 5.000 de la ciudad, porque lo que se observa allí es un signo de abandono en la obra y su entorno y, también, un latrocinio que preocupa y duele, porque se está dejando que se esfume el esfuerzo realizado por otros”.
A su vez, sobre la parálisis en las obras, el ex dirigente del PDP y de 100% Santafesino recalcaba “no es momento para dilapidar esfuerzos porque el gobierno no gestiona bien” y expresó que muchos conciudadanos santafesinos “están esperando soluciones al problema habitacional y a los cuales el Estado provincial, al menos por lo que traslucen estas obras, pareciera ignorar”.
El gobierno cree que esas definiciones de Héctor Acuña, donde habla de desidia del Estado en el tema habitacional y de abandonar a su suerte la construcción de viviendas que son saqueadas a diario, fueron el caldo de cultivo para que organizaciones como la CCC tomen las casas. Incluso, el ministro Galassi dijo que existen pruebas de que hubo “apoyo logístico” para el traslado de las personas que usurparon.
Por último, el secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia, Gustavo Leone, manifestó: “Nosotros apelamos a la responsabilidad de la comunidad, y por eso decimos que es inviable priorizar las demandas de todas aquellas personas que toman las cosas por la fuerza”.
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