La Mesa de Enlace de Entre Ríos indicó que tras "la contundente" movilización de productores, se acordó con el gobierno provincial que "el pago anual o primer anticipo" del tributo -que vencía originalmente este semana- tendrá "un segundo vencimiento entre el 23 y 27 de abril". Asimismo precisó en un comunicado que "a partir de mañana se convocará una mesa técnica para analizar entre técnicos oficiales y de las entidades agropecuarias, los fundamentos del aumento en los avalúos y por lo tanto en la determinación del Impuesto".
La prórroga se conoció tras los incidentes ocurridos durante el tractorazo frente a las puertas de la Casa de Gobierno provincial, cuando una bomba molotov hirió al director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, comisario general Sergio Rufiner.
Los forcejeos entre manifestantes y policías se produjeron mientras en el interior de la sede gubernamental se desarrollaba una reunión entre el vicegobernador José Cáceres y el ministro de Gobierno Adán Bahl, con dirigentes de la Mesa de Enlace, agrarios, entre ellos, el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, y el vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevere. Rufiner señaló que "fue algo impensado porque creíamos que tratamos con personas, no con delincuentes".
Por su parte, De Angeli dijo que "actuaron infiltrados" y aseguró que "nosotros no marchamos para buscar incidentes". El dirigente estimó que "participaron unos 2.500 productores" que se movilizaron en camionetas y tractores.
El tractorazo se desarrolló en rutas entrerrianas y calles céntricas y culminó frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos y fue convocado por la Mesa de Enlace de la provincia en rechazo al aumento en las alícuotas del impuesto inmobiliario rural, al que tildaron de "confiscatorio".
Durante la marcha, De Angeli alegó que "no hay nada que justifique este aumento del 600 por ciento", y planteó: "No nos equivocábamos cuando decíamos que nos iban a saquear las provincias".
Frente a la protesta, el ministro de Producción entrerriano, Roberto Schunk, consideró que la medida "es desmesurada" y que "defiende intereses sectoriales". "Pero nosotros desde el Estado defendemos el interés general", replicó el funcionario, quien justificó que "el impuesto inmobiliario rural es equitativo" porque "estamos gravando la riqueza, la propiedad, y no la producción".
Respecto a la posibilidad de que se cumpla con una revisión de los ajustes dispuestos en el Impuesto Inmobiliario Rural, el ministro aclaró que "no habrá vuelta atrás porque estamos cumpliendo con lo que establece la ley 9930".
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