Manuel Testi / UNO Santa Fe
La Legislatura santafesina recibirá esta semana un proyecto que impulsa la creación de un registro virtual de antecedentes de magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial provincial. El objetivo de la propuesta es que los ciudadanos puedan acceder libremente a "información comprensiva" del historial académico, profesional y patrimonial de los mismos y, en especial, a las causas en mora, las sanciones recibidas y las revocatorias y nulidades de sus fallos.
La iniciativa ingresará a la Cámara baja provincial en coincidencia con el reciente pronunciamiento del gobernador Miguel Lifschitz respecto de la necesidad de incorporar el pago del impuesto a las ganancias de los jueces al debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe (a lanzar hoy en la Casa Gris, ver página 10).
No obstante, la propuesta también se basa en los indicadores que vienen reflejando una baja tasa de esclarecimiento de homicidios en Rosario y en un Poder Judicial santafesino objetado, incluso desde el propio Estado (ver página 29), por no condenar o dejar libres a personas que después cometen otros crímenes.
"Se pretende dar transparencia y conocimiento de quienes integran un poder muchas veces lejano al ciudadano, ya que sus miembros resultan poco conocidos, y brindar mecanismos que habiliten un seguimiento acabado de la gestión, más allá de la suscripción de sentencias", fundamentó el diputado provincial Roy López Molina (Cambiemos), autor de la iniciativa a la que La Capital tuvo acceso.
Según el proyecto, el registro a crear en la órbita del Ministerio de Justicia provincial deberá brindar a los santafesinos, "de modo libre, gratuito, accesible y completo, y por medios virtuales, información comprensiva de los antecedentes académicos, profesionales y patrimoniales de los funcionarios" de ese poder.
Junto a una actualización periódica de los contenidos (como mínimo, una vez al año), el registro tendrá que reflejar desde una foto oficial actualizada y demás datos personales de los funcionarios, que no involucren su intimidad, hasta antecedentes y reconocimientos profesionales obtenidos en el ejercicio de la profesión de abogado y de la función judicial.
Un punto clave de la propuesta es la difusión, a través del registro, de "la declaración jurada de ingresos realizada ante la Corte Suprema de Justicia provincial y/u otros organismos públicos", como también los haberes mensuales "efectivamente percibidos". En caso de ausencia de alguno de los tópicos determinados en la iniciativa, se consignarán las causas.
Otro ítem de importancia apunta a dejar constancia de las causas en mora, las sanciones y/o llamadas de atención recibidas y las revocatorias y nulidades de las resoluciones judiciales.
"La trascendencia de difundir también el grado de vinculación de los jueces con la acción que ocupan pone de relieve que su gestión puede ser conocida públicamente, así como ocurre con otros representantes, como los integrantes de Ejecutivo o del Legislativo", argumentó López Molina.
Asimismo, la totalidad de la información deberá estar disponible para ser descargada mediante sistemas informáticos que no permitan su manipulación.
El registro abarcará a los ministros de la Corte Suprema, los magistrados de cualquier fuero e instancia, los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa y a quienes ejerzan secretarías y prosecretarías.
López Molina señaló que, si bien "los magistrados deben presentar anualmente su declaración jurada patrimonial ante la Corte provincial", el proyecto busca "ampliar las fronteras de conocimiento".
Por eso, advirtió que la norma nacional Nº 26.857 "garantiza la publicidad de las declaraciones juradas establecidas por la ley de ética pública, estando obligados a su presentación" los magistrados y los fiscales. Y enfatizó que la iniciativa "promueve transparentar en el sano sentido el Poder Judicial, brindando herramientas de acceso a la comunidad toda".
En ese sentido, el diputado aludió a "la falta de conocimiento que pesa en la población sobre sus funcionarios judiciales, los que gozan de una independencia propia que les otorgan la Constitución Nacional, la Carta magna provincial y las normas procesales".
"Los miembros de la Justicia son muy poco conocidos y esperamos que concluya una época de magistrados mesiánicos, iluminados e intocables, que no muestran su rostro y no enseñan su pasado académico ni patrimonial", sentenció.
Javier Felcaro / La Capital
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