Fue radicada por una pareja gay, que advirtió haber atravesado situaciones de "maltrato y humillación" de parte de empleados de la cadena de supermercados.
La Capital |
La cadena de supermercados La Gallega podría afrontar una dura sanción si en el Tribunal Municipal de Faltas prospera una denuncia por discriminación. El próximo miércoles será la última de las audiencias dispuestas en el juzgado donde se tramita una causa abierta en enero pasado por una pareja gay que advirtió haber atravesado situaciones de "maltrato y humillación" de parte de empleados y personal de vigilancia del local. Si bien las denuncias que se presentan son más, sobran los dedos de una mano para contar los casos que cada año llegan a sentencia en los tribunales municipales.
El expediente abierto hace nueve meses por Matías Bermúdez y Gonzalo Braganza contra La Gallega va camino a engrosar las estadísticas de este año. La pareja denunció el incidente que vivieron en la sucursal de Pellegrini y Mitre. Según indicaron, en reiteradas ocasiones fueron blanco de "burlas, maltrato y humillación" por parte de un encargado de seguridad. Uno de esos episodios, cuando reclamaron el libro de quejas para asentar un reclamo por la actitud del custodio, terminó con agresor y agredidos demorados unas horas en la comisaría 2ª.
El próximo miércoles, la pareja y los representantes de la cadena de supermercados tendrán una audiencia en el tribunal municipal, una de las últimas previstas cuando se juzgan este tipo de casos.
"Es muy importante llegar a esta instancia para que la gente vea que situaciones desagradables como las que nos tocó vivir no quedan impunes", destacó ayer Braganza. El joven recordó que después de que se hiciera pública su denuncia recibieron numerosos llamados de personas que habían padecido cosas similares, entre ellas "la de una pareja de mujeres empleadas del supermercado a quienes se había hostigado por su condición sexual".
Desde la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, María Fernanda Gigliani impulsó la investigación del hecho. "Lo importante es que estos casos sean ejemplificadores para evitar este tipo de situaciones, es parte de un cambio cultural que nos debemos", sostuvo.
La ordenanza municipal 6.321, que "reconoce y garantiza el derecho a ser diferente", está a punto de cumplir 20 años. La norma establece que serán sancionados aquellos espectáculos, lugares abiertos al público o cualquier otro lugar con atención o acceso al público en los cuales se cometieren actos discriminatorios de forma explícita o a través de un ejercicio arbitrario del derecho de admisión.
Las multas previstas en el Código de Faltas del municipio van de los 1.940 a 3.000 pesos y clausura del local de 7 a 30 días, la primera vez que incurra en la falta, y multas de 2.400 a 4.000 pesos y clausura de 30 a 180 días en caso de reincidencia. Además establece la asistencia obligatoria para los propietarios, representantes legales y personal del local sancionado, a un curso de sensibilización referido a la temática que generó la falta.
La investigación. La titular del Tribunal Municipal de Faltas, Stella Splendiani, señaló que no resulta frecuente que lleguen a los juzgados denuncias por discriminación.
"No indica que no existan estas situaciones, sino que son pocos los casos que se denuncian", apuntó y estimó que "las causas que se llegan a juzgar no son más de tres o cuatro al año".
Según explicó, la investigación de estas denuncias implica varias audiencias: la primera para que los damnificados ratifiquen sus dichos, otra de descargo y finalmente una instancia de mediación donde se cita a ambas partes, "porque muchas veces, lo único que buscan los denunciantes es una disculpa pública", sostuvo.
En otros casos, se llega a sentencias y si bien las multas económicas no son abultadas, hubo situaciones de clausura de comercios y sus dueños y empleados se sumaron a actividades para promover la igualdad y la no discriminación.
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