Clave. La Subsecretaría de Niñez basó su decisión en el contundente informe del Garrahan que denota quebraduras previas al incendio. Foto: Luis Cetraro
De la Redacción de El Litoral
area@ellitoral.com
Tras el contundente informe del hospital Garrahan, donde consta maltrato físico contra A.G. previo al incendio de su cuna, la Subsecretaría de Niñez de la Provincia tomó una medida excepcional y retiró la beba del cuidado de sus padres, Daniel Alberto González y Victoria Carolina Mansilla.
En consecuencia, A.G. de 6 meses, que continuará internada en el hospital de Niños O. Alassia, quedará bajo custodia de la Subsecretaría de Niñez durante los 6 meses que establece la ley, hasta que la justicia decida si puede volver con sus padres o no.
El informe del hospital Garrahan fue clave para revelar una espeluznante trama de violencia y abuso familiar. En las radiografías se detectaron fracturas patológicas, ya con cayo óseo, que denotan malos tratos de larga data (en una beba con sólo dos meses de vida) y anteriores al incendio.
Según pudo averiguar El Litoral, la mamá de la beba la llevó a un solo control en el centro de salud Yapeyú durante los primeros diez días de vida. Tenía que asistir nuevamente a los diez días, pero no volvió más.
Violencia previa
El 15 de mayo de 2015, la mamá de la beba radicó una denuncia por abuso sexual en la Comisaría de la Mujer en contra de Daniel Alberto González, en perjuicio de su hija de 14 años. La adolescente es hija de la mujer, pero no del denunciado.
Ese mismo día, el Tribunal Colegiado de Familia Nº 2 expidió una orden para excluir a González de su domicilio en Piedrabuena 4800 del barrio Liceo Norte y prohibir que se acercara tanto a la madre como a la hija mayor.
Inmediatamente después de la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención en el caso, a través del fiscal Estanislao Giavedoni. El 22 de mayo, el papá de la beba fue citado y se presentó en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, donde se le notificó que había una denuncia en su contra y que el MPA estaba investigando el delito de abuso sexual simple.
Un día después, el 23 de mayo, Victoria recibió un botón antipánico conectado a la Central de Monitoreo de la Municipalidad y al 911. La alarma fue activada tres veces: el 24 y 28 de mayo y el 6 de junio. Según el municipio, en las tres ocasiones un móvil policial acudió al domicilio, donde la mujer relató que su ex pareja merodeaba la zona.
El 8 de junio ocurrió el incendio y dos días después, el botón fue apagado y nunca más encendido. La víctima debía devolverlo al Área de la Mujer de la Municipalidad en agosto, pero hasta ahora no lo hizo.
El 27 de julio la mamá radicó una nueva denuncia por violencia de género.
El 6 de agosto y 3 de septiembre, la hija mayor debía presentarse en el Centro de Orientación a la Víctima para una entrevista previa a la cámara Gessell, pero nunca asistió.
Varios delitos atraviesan esta historia: violencia de género, abuso sexual y maltrato infantil; sumados al trágico accidente del incendio de la cuna. En cada una de estas causas, intervino un fiscal diferente. La falta de comunicación y de entrecruzamiento de datos impidió asociar en un principio cada una de las piezas de este escalofriante rompecabezas, que recién comenzó a cobrar forma a partir de la investigación periodística de este diario y de la información obtenida a través de fuentes judiciales, policiales, municipales, provinciales, administrativas y de salud, que hasta ahora intervinieron en forma aislada.
El 15 de mayo de 2015, la mamá de la beba radicó una denuncia por abuso sexual en la Comisaría de la Mujer en contra de Daniel Alberto González, en perjuicio de su hija de 14 años. La adolescente es hija de la mujer, pero no del denunciado.
Ese mismo día, el Tribunal Colegiado de Familia Nº 2 expidió una orden para excluir a González de su domicilio en Piedrabuena 4800 del barrio Liceo Norte y prohibir que se acercara tanto a la madre como a la hija mayor.
Inmediatamente después de la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención en el caso, a través del fiscal Estanislao Giavedoni. El 22 de mayo, el papá de la beba fue citado y se presentó en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, donde se le notificó que había una denuncia en su contra y que el MPA estaba investigando el delito de abuso sexual simple.
Un día después, el 23 de mayo, Victoria recibió un botón antipánico conectado a la Central de Monitoreo de la Municipalidad y al 911. La alarma fue activada tres veces: el 24 y 28 de mayo y el 6 de junio. Según el municipio, en las tres ocasiones un móvil policial acudió al domicilio, donde la mujer relató que su ex pareja merodeaba la zona.
El 8 de junio ocurrió el incendio y dos días después, el botón fue apagado y nunca más encendido. La víctima debía devolverlo al Área de la Mujer de la Municipalidad en agosto, pero hasta ahora no lo hizo.
El 27 de julio la mamá radicó una nueva denuncia por violencia de género.
El 6 de agosto y 3 de septiembre, la hija mayor debía presentarse en el Centro de Orientación a la Víctima para una entrevista previa a la cámara Gessell, pero nunca asistió.
Varios delitos atraviesan esta historia: violencia de género, abuso sexual y maltrato infantil; sumados al trágico accidente del incendio de la cuna. En cada una de estas causas, intervino un fiscal diferente. La falta de comunicación y de entrecruzamiento de datos impidió asociar en un principio cada una de las piezas de este escalofriante rompecabezas, que recién comenzó a cobrar forma a partir de la investigación periodística de este diario y de la información obtenida a través de fuentes judiciales, policiales, municipales, provinciales, administrativas y de salud, que hasta ahora intervinieron en forma aislada.
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