El proyecto tiene preferencia para su tratamiento, después de años de lucha de instituciones y de perder estado parlamentario. El proyecto prohíbe directamente la aspersión aérea.
La Capital |
Más de un centenar de instituciones santafesinas de ámbitos académicos, científicos, sindicales, sociales y de vecinos autoconvocados de pueblos fumigados, entre otros, propician cambios a la ley que regula el uso y aplicación de agroquímicos y las distancias que se deben respetar respecto de poblados, cursos de agua y otras zonas sensibles, además de numerosas propuestas ligadas al sistema agrario actual.
Convencidos de que en esta oportunidad el proyecto puede prosperar, las organizaciones y los vecinos afectados por el uso masivo de pesticidas agrarios y la falta de controles aguardan que tras aprobarse en Diputados, la ley pueda ser tratada en la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
Desde 2013. Si bien hubo otros intentos anteriores, la base del proyecto modificatorio de la ley 11.273 presentado por el diputado José María Tessa ingresó a la Legislatura provincial el 31 de mayo de 2013. Transcurrió con éxito por las comisiones de Agricultura, Medioambiente y de Asuntos Constitucionales, pero por diversas razones perdió estado parlamentario o no fue tratado, como ocurrió el año pasado. En mayo de este año Tessa presentó nuevamente la iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde obtuvo preferencia para ser tratado hoy en el recinto.
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos insisten con que “hace desde 2007 que se está batallando para que de una vez por todas tengamos una ley que nos ampare de las fumigaciones. Una normativa que debería ser prioritaria como política de Estado”.
Puntos destacados. Entre los puntos más destacados el proyecto propone prohibir la aplicación de químicos agrarios con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; restricción total de aspersiones aéreas en toda la provincia y expresa la prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.
A través de un intenso trabajo en el que se volcaron aportes científicos y técnicos, las instituciones condensaron los fundamentos de un proyecto integral y revelador del riesgo que implican estas prácticas y, en muchos casos, la prueba directa de su relación con afecciones a la salud. La iniciativa también recoge elementos de juicio nacionales e internacionales que imponen prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos, no sólo por ser incontrolables sino porque sus residuos alcanzan distancias mensurables en kilómetros.
El proyecto incorpora, entre otras medidas, la prohibición de la pulverización con cualquier agrotóxico en un perímetro de 800 metros alrededor de centros poblados y escuelas. La prohibición de la pulverización aérea en todo el territorio provincial y la obligatoriedad de la reutilización de los envases (bidones) de agroquímicos, promoviendo la utilización de recipientes retornables y prohibiendo su reciclado.
“Buscando un paliativo a la emergencia sanitaria que reina en la provincia, producto del uso sistemático de millones de litros anuales de venenos, nos abocó a proponer modificar la normativa. La indiferencia de los legisladores ha hecho que una y otra vez estas propuestas pierdan estado parlamentario”, se quejaron desde el organismo. En 2012 se presentaron en la Legislatura 30 mil firmas de santafesinas y santafesinos apoyando la iniciativa. En 2013 se sumó el aval de más de 100 instituciones.
En peligro. “Sin embargo, este año el proyecto de ley corre el riesgo de ser anulado frente a la amenaza de aprobación de otro presentado por la diputada Inés Bertero, redactado en conjunto con representantes del agronegocio, sin participación ciudadana, planteando 50 metros de resguardo alrededor de los pueblos, lo cual implica incluso una regresión en relación a la ley actualmente vigente”, dijo el presidente del Cepronat, Carlos Manesi.
En ese sentido. argumentó que “el proyecto de Bertero es regresivo frente a la actual ley 11.273, que plantea un radio de 500 metros libre de fumigaciones, facultando única y excepcionalmente a municipios y comunas a reducirlo. La iniciativa de la legisladora pretende establecer la excepción como regla, y viola el orde legal”.
A este contexto, en mayo de 2015 se agregó un nuevo factor que hace urgente la aprobación del proyecto de ley propuesto por la Campaña “Paren de Fumigarnos”: la Organización Mundial de la Salud recategorizó formalmente al glifosato y al 2,4D (primer y segundo herbicida más usados en el campo argentino) como probable y posible cancerígenos. “A pesar de ello, el silencio oficial aturde”, se quejaron desde el Cepronat.
Convencidos de que en esta oportunidad el proyecto puede prosperar, las organizaciones y los vecinos afectados por el uso masivo de pesticidas agrarios y la falta de controles aguardan que tras aprobarse en Diputados, la ley pueda ser tratada en la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
Desde 2013. Si bien hubo otros intentos anteriores, la base del proyecto modificatorio de la ley 11.273 presentado por el diputado José María Tessa ingresó a la Legislatura provincial el 31 de mayo de 2013. Transcurrió con éxito por las comisiones de Agricultura, Medioambiente y de Asuntos Constitucionales, pero por diversas razones perdió estado parlamentario o no fue tratado, como ocurrió el año pasado. En mayo de este año Tessa presentó nuevamente la iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde obtuvo preferencia para ser tratado hoy en el recinto.
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos insisten con que “hace desde 2007 que se está batallando para que de una vez por todas tengamos una ley que nos ampare de las fumigaciones. Una normativa que debería ser prioritaria como política de Estado”.
Puntos destacados. Entre los puntos más destacados el proyecto propone prohibir la aplicación de químicos agrarios con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; restricción total de aspersiones aéreas en toda la provincia y expresa la prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.
A través de un intenso trabajo en el que se volcaron aportes científicos y técnicos, las instituciones condensaron los fundamentos de un proyecto integral y revelador del riesgo que implican estas prácticas y, en muchos casos, la prueba directa de su relación con afecciones a la salud. La iniciativa también recoge elementos de juicio nacionales e internacionales que imponen prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos, no sólo por ser incontrolables sino porque sus residuos alcanzan distancias mensurables en kilómetros.
El proyecto incorpora, entre otras medidas, la prohibición de la pulverización con cualquier agrotóxico en un perímetro de 800 metros alrededor de centros poblados y escuelas. La prohibición de la pulverización aérea en todo el territorio provincial y la obligatoriedad de la reutilización de los envases (bidones) de agroquímicos, promoviendo la utilización de recipientes retornables y prohibiendo su reciclado.
“Buscando un paliativo a la emergencia sanitaria que reina en la provincia, producto del uso sistemático de millones de litros anuales de venenos, nos abocó a proponer modificar la normativa. La indiferencia de los legisladores ha hecho que una y otra vez estas propuestas pierdan estado parlamentario”, se quejaron desde el organismo. En 2012 se presentaron en la Legislatura 30 mil firmas de santafesinas y santafesinos apoyando la iniciativa. En 2013 se sumó el aval de más de 100 instituciones.
En peligro. “Sin embargo, este año el proyecto de ley corre el riesgo de ser anulado frente a la amenaza de aprobación de otro presentado por la diputada Inés Bertero, redactado en conjunto con representantes del agronegocio, sin participación ciudadana, planteando 50 metros de resguardo alrededor de los pueblos, lo cual implica incluso una regresión en relación a la ley actualmente vigente”, dijo el presidente del Cepronat, Carlos Manesi.
En ese sentido. argumentó que “el proyecto de Bertero es regresivo frente a la actual ley 11.273, que plantea un radio de 500 metros libre de fumigaciones, facultando única y excepcionalmente a municipios y comunas a reducirlo. La iniciativa de la legisladora pretende establecer la excepción como regla, y viola el orde legal”.
A este contexto, en mayo de 2015 se agregó un nuevo factor que hace urgente la aprobación del proyecto de ley propuesto por la Campaña “Paren de Fumigarnos”: la Organización Mundial de la Salud recategorizó formalmente al glifosato y al 2,4D (primer y segundo herbicida más usados en el campo argentino) como probable y posible cancerígenos. “A pesar de ello, el silencio oficial aturde”, se quejaron desde el Cepronat.
Concentración de apoyo
Las organizaciones del colectivo Paren de Fumigarnos convocaron a la sociedad a manifestarse frente a la Legislatura provincial hoy, a las 15, para exigir la aprobación en Diputados del proyecto modificatorio de la ley 11.273. En la jornada se honrará a los fallecidos como consecuencia del actual modelo agrario, y se realizará un acto con intervenciones artísticas, testimonios de afectados, ferias de producción agroecológica y hasta números musicales.
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