El organismo integrará el Ministerio Público de la Acusación y dependerá del fiscal general provincial, Julio De Olazábal. La lupa de la flamante policía judicial se posará sobre los delitos complejos.
La Capital |
La publicación de la ley Nº 13.459 en el Boletín Oficial provincial dio luz verde al Organismo de Investigaciones, también conocido como Policía Judicial. De ahora en más, los delitos complejos ya no estarán en manos de la policía tradicional y el poder político de turno sino de un cuerpo especializado de pesquisas y forenses, que integrará el Ministerio Público de la Acusación (como área técnica de apoyo a la gestión) y dependerá del fiscal general, Julio de Olazábal.
En ese sentido, Eduardo Toniolli, diputado provincial del Frente para la Victoria (FpV) e impulsor de la iniciativa, aseguró ayer que el objetivo de la nueva estructura será mejorar la tasa de esclarecimiento de algunos delitos.
El Organismo de Investigaciones estará conformado por profesionales (contadores, abogados, médicos y peritos forenses, entre otros) y tendrá apoyo operativo de las fuerzas de seguridad de la provincia, aunque quedará bajo la órbita de la Justicia
Una ley similar había sido aprobada en 2013, pero fue vetada a fines de ese año por el gobernador Antonio Bonfatti, quien promulgó apenas 17 de los 57 artículos que contenía la norma.
El año pasado la Legislatura no aceptó ese veto y la iniciativa cayó. No obstante, durante 2014 el tema continuó en discusión y se volvió a tratar en ambas cámaras, donde introdujeron algunos cambios que había pedido el oficialismo para aprobar su aplicación.
Incluso, De Olazábal ofició de mediador entre el justicialismo y el Frente Progresista para sellar acuerdos que permitieran operativizar el trabajo de la Policía Judicial.
Un aspecto clave de la ley es que el director provincial que tendrá el Organismo de Investigaciones deberá ser un civil. Bajo ningún punto de vista podrá haber un ex policía al mando.
Respecto del nombramiento de ese cargo, el fiscal general —a través de la Corte Suprema— propondrá su designación al Ejecutivo.
Previamente, el nombre surgirá de un “concurso público de antecedentes y oposición, garantizando transparencia, publicidad, excelencia y celeridad”. Y, destaca la norma, “en caso de ausencia o impedimento será subrogado por el subdirector provincial que él designe o el que corresponda, según la reglamentación que el fiscal general dicte al efecto”.
El director tendrá una duración de seis años en el cargo y no podrá ser designado por más de dos períodos consecutivos.
Objetivos. El organismo investigará algunas causales específicas para no superponer actuaciones que pertenecen a la policía provincial. En ese sentido, tendrá que intervenir en posibles casos donde esté involucrado el crimen organizado y donde un funcionario público (de cualquiera de los tres poderes del Estado, incluso los policías) participe en la estructura delictiva (corrupción).
También en delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad (policiales y penitenciarias), en el desempeño, con motivo o en ocasión de sus funciones.
Lo propio ocurrirá cuando la fiscalía crea conveniente ya que hay delitos conexos que necesitan un nivel más exhaustivo de investigación.
Además, crearán dos subdirecciones: una vinculada al área forense y la otra a las pesquisas. A eso se sumará la dirección general que tendrá la Policía Judicial (la jefatura técnica de toda la institución) y cinco direcciones regionales, una por cada una de las circunscripciones provinciales. Los cargos se tendrán que concursar y durarán en las funciones lo mismo que el fiscal general.
Asimismo, los empleados traspasados de otras dependencias del Estado, al cabo del primer año de trabajo, se someterán a una evaluación del fiscal general para que haya una instancia de ratificación de los recursos humanos más aptos y comprometidos para las funciones a realizar.
Por su parte, Toniolli explicó: “Básicamente, se pone en cabeza de los fiscales, que en el nuevo sistema penal son los encargados de las pesquisas, un cuerpo de investigadores civiles jerarquizados y profesionales a capacitar en delitos complejos, los de asociación ilícita y los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio”.
El diputado, en declaraciones a La Ocho, señaló que “la clave es intentar abordar un problema que atraviesa la provincia y que, evidentemente, el cambio de enjuiciamiento penal no ha variado en demasía, que es la baja tasa de esclarecimiento de algunos delitos”.
“En los homicidios, que tienen un peso tan importante en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, no subió la tasa de esclarecimiento con el cambio de sistema”, concluyó.
El Organismo de Investigaciones estará conformado por profesionales (contadores, abogados, médicos y peritos forenses, entre otros) y tendrá apoyo operativo de las fuerzas de seguridad de la provincia, aunque quedará bajo la órbita de la Justicia
Una ley similar había sido aprobada en 2013, pero fue vetada a fines de ese año por el gobernador Antonio Bonfatti, quien promulgó apenas 17 de los 57 artículos que contenía la norma.
El año pasado la Legislatura no aceptó ese veto y la iniciativa cayó. No obstante, durante 2014 el tema continuó en discusión y se volvió a tratar en ambas cámaras, donde introdujeron algunos cambios que había pedido el oficialismo para aprobar su aplicación.
Incluso, De Olazábal ofició de mediador entre el justicialismo y el Frente Progresista para sellar acuerdos que permitieran operativizar el trabajo de la Policía Judicial.
Un aspecto clave de la ley es que el director provincial que tendrá el Organismo de Investigaciones deberá ser un civil. Bajo ningún punto de vista podrá haber un ex policía al mando.
Respecto del nombramiento de ese cargo, el fiscal general —a través de la Corte Suprema— propondrá su designación al Ejecutivo.
Previamente, el nombre surgirá de un “concurso público de antecedentes y oposición, garantizando transparencia, publicidad, excelencia y celeridad”. Y, destaca la norma, “en caso de ausencia o impedimento será subrogado por el subdirector provincial que él designe o el que corresponda, según la reglamentación que el fiscal general dicte al efecto”.
El director tendrá una duración de seis años en el cargo y no podrá ser designado por más de dos períodos consecutivos.
Objetivos. El organismo investigará algunas causales específicas para no superponer actuaciones que pertenecen a la policía provincial. En ese sentido, tendrá que intervenir en posibles casos donde esté involucrado el crimen organizado y donde un funcionario público (de cualquiera de los tres poderes del Estado, incluso los policías) participe en la estructura delictiva (corrupción).
También en delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad (policiales y penitenciarias), en el desempeño, con motivo o en ocasión de sus funciones.
Lo propio ocurrirá cuando la fiscalía crea conveniente ya que hay delitos conexos que necesitan un nivel más exhaustivo de investigación.
Además, crearán dos subdirecciones: una vinculada al área forense y la otra a las pesquisas. A eso se sumará la dirección general que tendrá la Policía Judicial (la jefatura técnica de toda la institución) y cinco direcciones regionales, una por cada una de las circunscripciones provinciales. Los cargos se tendrán que concursar y durarán en las funciones lo mismo que el fiscal general.
Asimismo, los empleados traspasados de otras dependencias del Estado, al cabo del primer año de trabajo, se someterán a una evaluación del fiscal general para que haya una instancia de ratificación de los recursos humanos más aptos y comprometidos para las funciones a realizar.
Por su parte, Toniolli explicó: “Básicamente, se pone en cabeza de los fiscales, que en el nuevo sistema penal son los encargados de las pesquisas, un cuerpo de investigadores civiles jerarquizados y profesionales a capacitar en delitos complejos, los de asociación ilícita y los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio”.
El diputado, en declaraciones a La Ocho, señaló que “la clave es intentar abordar un problema que atraviesa la provincia y que, evidentemente, el cambio de enjuiciamiento penal no ha variado en demasía, que es la baja tasa de esclarecimiento de algunos delitos”.
“En los homicidios, que tienen un peso tan importante en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, no subió la tasa de esclarecimiento con el cambio de sistema”, concluyó.
Observatorio y gastos reservados
La Legislatura deberá crear el Observatorio Parlamentario del Organismo de Investigaciones para hacer un seguimiento y fiscalización de la tarea. La ley habilita a ambas cámaras a sumar a ese cuerpo a referentes académicos, organizaciones sociales, el gremio judicial e instituciones públicas con interés en la temática. También habilita la provisión de fondos reservados al Ministerio Público de la Acusación para gastos operativos.
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