Lo ordenó la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a partir de una denuncia por presunta usurpación radicada por un directivo.
La Capital |
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos ordenó ayer una inspección en el Sindicato de Camioneros en calle Pasco 1043 de Rosario, a raíz de una denuncia por presunta usurpación de la sede. La acusación se dirige a la facción interna liderada por el secretario gremial Rubén López y fue formulada por el secretario general Marcelo Dainotto, quien se encuentra en teoría suspendido tras una asamblea de dudosa validez y en cuyo marco hubo un tiroteo, un muerto y varios heridos.
El fiscal de la unidad especializada, Sebastián Narvaja, comentó que el operativo consistió en "identificar a las personas que estaban en el lugar y saber qué función cumplen en el mismo. La mayoría eran empleados administrativos de planta y había quienes tenían a la mano recibos de sueldo para acreditarlo. En apariencia y preliminarmente no se constató que hubiera una situación de usurpación", indicó a La Capital.
La cuestión de la representación del sindicato es compleja. Tras la trágica asamblea del sábado último en el camping que el gremio posee en Pérez, se decidió la realización de una auditoría y la suspensión de Dainotto y del tesorero, Miguel Angel Caichiolo, hasta el 17 de mayo. En esta fecha finaliza el cuarto intermedio de la reunión, cuya validez está en evaluación en el Ministerio de Trabajo, porque se celebró sin la presencia de delegados de esta cartera y los desplazamientos dispuestos no estaban en el orden del día.
En consecuencia, y pese a que hoy ostentan la conducción del gremio el designado secretario general interino, Rodolfo Olivetto, y el dirigente López, los resultados de toda acción en torno a la comisión directiva están sujetos al dictamen del Ministerio de Trabajo en cuanto a la validez de la asamblea, y a las medidas que disponga el congreso de la Federación Nacional de Camioneros, que tiene la potestad de intervenir el sindicato.
Una cuestión más grave investiga la Fiscalía de Homicidios Dolosos, que por estas horas analiza las imágenes captadas por las 14 cámaras de seguridad que la firma Transener tiene en su sede de Pérez, sobre el viejo camino a Funes, donde el sábado fueron baleados cuatro colectivos con afiliados que iban a la asamblea. A raíz del ataque, Nicolás Savani (27) murió y hubo cuatro heridos, entre ellos Diego Castaña (31), quien se recupera en el Heca de graves lesiones de bala en varios órganos.
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