El Secretario de Seguridad de Santa Fe, Matías Drivet, fue quien aportó elementos a la causa que hoy espera la definición de la Cámara sobre la competencia federal. El fiscal Walter Rodríguez acusó al líder de Apropol y a cinco policías en actividad.
Rosario 12 |
El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Matías Drivet, fue quien le entregó a la justicia federal dos "pruebas clave" en la causa por el alzamiento policial de diciembre que se inició con una denuncia del fiscal de Estado, Pablo Saccone. "Yo le entregué al fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, los audios del sistema de emergencia 911 y las actas con los nombres y apellidos de las personas que las firmaron", dijo Drivet a Rosario/12. El fiscal acusó al secretario general de Apropol, Alberto Martínez, y a cinco policías en actividad: Fabricio Abasto, Claudio Patiño, Mauricio Pagani, Alejandro Zamaro y Oscar Aguirres por supuesta "instigación a cometer delitos" y "sedición" y pidió su indagatoria ya dos veces: el 3 de febrero, en el requerimiento de instrucción de la causa y el 21 de marzo. El juez federal Reinaldo Rodríguez se declaró incompetente, por lo que el Ministerio Público apeló la resolución del magistrado ante la Cámara Federal de Rosario, aunque a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda resolver --probablemente antes- otro conflicto de competencia por las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti, que el fiscal Rodríguez pretende acumular a la causa por sedición.
"Dos de las pruebas que utilizó el fiscal federal de Santa Fe para hacer la acusación en el caso de los cinco policías imputados por sedición se las entregué yo", dijo Drivet. "Yo le aporté las pruebas por escrito, los audios del 911 y las actas con los nombres y apellidos de las personas que las firmaron", agregó.
Drivet no fue citado a declarar en la causa, pero cuando el fiscal Rodríguez llegó hasta el despacho del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para "tomarle declaración testimonial", él aportó esas "pruebas". "Yo me acerqué con una nota y le entregué las dos pruebas que nosotros consideramos muy importantes para el momento de los hechos que nos parecieron de una gravedad inusitada", relató el funcionario.
Ante otra pregunta, Drivet dijo que "inmediatamente" después de que el fiscal acusara a los cinco policías en servicio: Abasto, Patiño, Aguirres, Pagani y Zamaro, "todos fueron pasados a disponibilidad. Ahora, hay un conflicto de competencia que esperamos que se resuelva lo antes posible y que la investigación avance rápido. Cuando un policía tiene una imputación de la justicia, inmediatamente, lo pasamos a disponibilidad. Así lo hicimos con los cinco policías que fueron imputados por el fiscal Rodríguez por los actos sediciosos (de diciembre de 2013) y así lo haremos en otros casos", completó el secretario de Seguridad Pública.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal Rodriguez mencionó "la prueba documental aportada" por Drivet, "en cuanto hizo saber que los denominados autoconvocados conformaron una comisión integrada por un presidente y secretario, más cinco delegados para realizar gestiones, entre quienes se encontraban Claudio Patiño, Oscar Aguirres, Mauricio Pagani y Alejandro Zamaro. A ellos, se le suma Fabricio Abasto, quien aparece como un engranaje operativo en el terreno de los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Fe", explicó el fiscal. "La acción de alzarse en armas ha sido entendida como un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas y supone una actividad conjunta dirigida a lograr algunos de los fines típicos, en este caso arrancar una medida o concesión al poder público".
En su testimonio en la causa, Lamberto coincidió con la denuncia de "sedición" del fiscal de Estado, Pablo Saccone. "Considero que la ostentación de armas es evidente, se ve en las imágenes y en los videos de los medios", dijo el ministro. El fiscal Rodríguez completó: "El uso de armas, confiadas en virtud de la calidad de integrante de la fuerza pública que requiere el alzamiento, no es el empleo efectivos de ellas, sino simplemente su disposición u ostentación y lo que se sanciona no es la petición en sí (en este caso una mejora de las condiciones laborales) sino la fuerza con la que se intenta imponer el reclamo, siendo indiferente el logro de las finalidades perseguidas".
Lamberto también denunció el "sabotaje" del servicio de emergencia 911, desde donde se "molestaba y arengaba al acuartelamiento". "Dejaban un equipo presionado con escuchas de radio (...) lo cual bloqueaba la operatividad policial del 911". Y en la denuncia, el fiscal citó varios diálogos grabados del 911 --que le aportó Drivet- porque "demuestran cómo se obstaculizó el funcionamiento del sistema de comunicaciones" de la Policía y el "estado de indefensión al que fue sometida la ciudadanía".
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