El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe presentó en la UNL los ejes de la iniciativa que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, en una jornada de debate de la que participaron especialistas en derecho de niños y jóvenes.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional del Litoral, a través del programa "Delito y Sociedad", realizaron hoy la jornada debate "Reforma procesal y justicia penal juvenil" en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe. El titular de la cartera provincial, Juan Lewis, presentó los ejes del proyecto de Código Procesal Penal Juvenil que el Poder Ejecutivo enviará próximamente a la Legislatura.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del rector de la UNL, Albor Cantard, y la subsecretaria de Asuntos Penales de la provincia, Débora Cotichini. Ambos destacaron la importancia de llevar a cabo un "significativo y trascendental compromiso con los jóvenes, adhiriendo a sus derechos y preocupándose por aquellos en situación de vulnerabilidad".
Luego disertaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el diputado provincial Eduardo Toniolli. En ese sentido, Lewis expuso los lineamientos centrales del anteproyecto del Código Procesal Penal Juvenil elaborado por el gobierno provincial para infractores o presuntos infractores de las leyes penales entre los 16 y los 18 años. "Creímos necesario que todo el proceso de reforma procesal penal tuviera también sus correlatos con la Justicia Penal Juvenil", indicó el ministro, en referencia al nuevo sistema de enjuiciamiento que entrará en vigencia en forma definitiva el 10 de febrero de 2014.
En relación a los antecedentes que desencadenaron la necesidad de confeccionar el anteproyecto, Lewis declaró que "actualmente la provincia de Santa Fe tiene una legislación procesal juvenil inaplicable porque se enmarca en el paradigma tutelar que ha quedado virtualmente derogado por la sanción de la ley nacional 26.061 y provincial 12.967 y, especialmente, por la Convención de los Derechos del Niño. Los jueces de Menores, por tanto, no tienen normas instrumentales claras para desarrollar el procedimiento". Con esta iniciativa, se busca cumplir con el principio de especialidad en la materia.
"Entendemos que el piso de garantías de un adolescente enfrentado al sistema penal son los mismos derechos que tienen los adultos. Hoy en día, los adolescentes que transitan por el sistema penal se encuentran en peores condiciones que los adultos por el solo hecho de ser menores de edad", advirtió Lewis y enfatizó que por eso se busca materializar esta reforma para, entre otros puntos, darle a los jóvenes certidumbre en los plazos de las medidas que se les aplican y plazos a la investigación. "A ese piso de garantías, hay que agregarles aquellas que les corresponden por su condición de personas en desarrollo. En esto consiste el principio de especialidad" complementó, indicando que el anteproyecto presentado respeta la línea procedimental del código procesal penal de adultos, limitándose a regular aquellas cosas que deben hacerse de manera diferente en virtud de este principio.
En la jornada estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Manuel Benvenutti; el fiscal general, Julio de Olazábal, y el defensor provincial del Servicio Público de Defensa Penal, Gabriel Ganón.
Más tarde disertaron, entre otros, el consultor de Unicef y especialista en derecho de niños y jóvenes con reconocimiento internacional, Emilio García Méndez; el defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, Julián Axat; y el jurista Alberto Binder, experto en reformas procesales en Latinoamérica.
JUSTICIA PENAL JUVENIL
En la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona el sistema de justicia penal juvenil, que se ocupa de los jóvenes entre 16 y 18 años derivados por orden judicial en el marco de una causa penal. Estos jóvenes cumplen las medidas judiciales correspondientes en el marco de distintos programas, la mayoría de ellos en estado de libertad.
Ahora, desde el gobierno provincial se propone una reforma en el procedimiento, a tono con la transformación de los sistemas judiciales y en especial el nuevo sistema de enjuiciamiento penal para adultos, que comenzará a regir en forma definitiva el 10 de febrero.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal Juvenil, próximo a presentarse en la legislatura provincial, se terminó de diseñar con el aporte de los jueces de menores y de especialistas de todo el país. Se trata de una síntesis jurídica e ideológica vertebrada por las premisas que tienen la ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994.
En líneas generales, la propuesta es que el régimen juvenil no se encuentre absolutamente desvinculado del de los adultos. El área penal juvenil debe ser conceptuada como una rama propiamente penal en la que se presentan algunos rasgos distintivos derivados de la peculiar condicón del sujeto de derechos que es un adolescente. Esto modifica algunas prácticas y abordajes en relación a lo que sucede con los mayores de modo de proveer más acabadamente a los derechos y garantías de los jóvenes. Entre las notas más destacadas del anteproyecto se establece la participación de la víctima, la certidumbre en los plazos procesales, la redefinición de las medidas de coerción personal reservándolas como último recurso del Estado y la desaparición de los gabinetes interdisciplinarios, que se trasladan a los Juzgados de Familia.
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