El ex funcionario es el más investigado del kirchnerismo en causas abiertas por los negociados que hubo en la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009, pero fue condenado por un caso menor.
Se lo investiga porque los bienes que consiguió mientras fue secretario de Transporte del kirchnerismo son injustificables. Se lo investiga en el caso de la Tragedia de Once por no haber controlado a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que explotaba el ferrocarril Sarmiento. Está pendiente de ir a juicio oral porque se descubrió que el dueño de la Terminal de ómnibus de Retiro le pagaba el alquiler de su departamento cuando él, como funcionario público, debía supervisar cómo se cumplía el contrato. También está sospechado por la compra de trenes españoles casi en desuso que costaron millones de euros y no sirven casi para nada. La lista de sospechas sobre Ricardo Jaime sigue.
Fue el amo y señor de los millonarios subsidios al transporte y decidió qué empresas iban a realizar las cuantiosas obras de infraestructura ferroviaria. Era más un gerente de las empresas que un funcionario que las controlaba. Por eso Jaime tiene más de 20 procesos judiciales abiertos por sospechas de corrupción.
Su primera pena fue por algo parecido. Un intento de robo. El Tribunal Federal 2 de Córdoba lo condenó por unanimidad a la pena de seis meses de prisión en suspenso porque lo halló culpable del delito de "sustracción de documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, en grado de tentativa".
Los jueces Fabián Asís, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo, además, le impusieron a Jaime varias reglas de conducta: debe fijar domicilio, pedir permiso para ausentarse y someterse al control del Patronato de Presos y Liberados de su lugar de residencia.
La condena de seis meses de prisión en suspenso es de la mitad de lo pedido por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián, quien había solicitado un año de prisión. Los jueces lo hallaron culpable de haber intentado robar unas tarjetas personales que lo nombraban como Director Ejecutivo de la empresa Cerro Motos.
En 2010, cuando sucedió el intento de robo, toda relación de Jaime con empresas podía ser investigada en la causa por enriquecimiento ilícito. Esas tarjetas complicaban no solo a Jaime sino a los verdaderos dueños de la agencia Cerro Autos, hermana de Cerro Motos.
La contadora Eleonora Feser, colaboradora del fiscal Carlos Rívolo, que investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito, había hallado las tarjetas en una campera del ex funcionario. Se las dio al policía federal Miguel Ángel Maidana quien las puso sobre una mesa con otras pruebas halladas en la casa de la hija del entonces funcionario. Las tarjetas estaban sobre la mesa y Jaime se las metió en el bolsillo. El policía le dijo que las devolviera y así lo hizo.
Pero como estas tarjetas revelaban la existencia de un entramado de negocios y política, nunca llegaron al juzgado deNorberto Oyarbide. Nunca jamás aparecieron. Y no pudieron incorporarse como prueba.
De todo esto se habló en las primeras dos jornadas del juicio. Feser repitió lo que había visto. Y Maidana recordó la escena de Jaime con las tarjetas en su bolsillo. Los jueces creyeron los testimonios de los dos testigos y no lo dicho por Jaime. El ex funcionario dijo ante los jueces que esas tarjetas no existieron y que nunca tuvo relación con esa empresa. Pero los jueces dieron por válida la historia. Las tarjetas no están, pero existieron y, como dijo el fiscal, el único que tenía intención en que desaparecieran era Jaime. Por eso había pedido que lo condenaran.
La condena, que será apelada por Jaime ante la Casación y seguramente luego llegará a la Corte, aún no ha quedado firme. Cuando esto suceda si se mantiene la condena, servirá como antecedente para las siguientes. Una segunda condena, con una previa en suspenso, será seguramente de cumplimiento efectivo.
La segunda condena, cuando sea que llegue será por un caso de corrupción. De los tantos por los que Jaime es investigado.
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